Sedesol, Sedena y Salud hicieron pagos indebidos y contrataciones irregulares en 2018, detecta la Auditoría
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó en esta segunda entrega de la cuenta pública de 2018 varias revisiones a la gestión financiera de distintas dependencias y órganos autónomos, que arrojaron problemas con contratos no cumplidos o pagos de personal injustificado.
Por ejemplo, la Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social) tiene 211 millones 705 mil pesos por aclarar, que generaron siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria por parte de la ASF, además de pedir al Órgano Interno de Control una investigación por dos irregularidades.
Más de 154 millones de pesos se fueron en pagos indebidos de dinero del programa Pensión para Adultos Mayores, ya que se compraron dispositivos móviles para recolectar datos de los beneficiarios y transmitirlos a bases de datos de la dependencia, pero no fueron usados para esos fines, ya que no se había desarrollado la plataforma digital Sistema Integral de Información, que permitiría que la información de los adultos beneficiados estuvieran completos y actualizados, y fueran confiables.
Otros 37.6 millones están en duda también por problemas con sistemas informáticos: no se implementó correctamente el Sistema de Información Social Integral (SISI), por lo que no se pudieron centralizar los registros de base del Padrón Único de Beneficiarios; no se puede compartir e intercambiar información geográfica entre distintos componentes del sistema, ni se implementaron procesos de análisis y visualización de datos de beneficiarios.
La Auditoría también encontró que Sedesol contrató a 179 personas a las que les pagó 9.1 millones de pesos por ocupar el cargo de “supervisor de proyectos”, aunque ninguno acreditó tener maestría, que era el nivel requerido para ese puesto. Además, la subcontratación de personal se hizo sin cumplir las obligaciones legales y de seguridad social establecidas por la Ley.
En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una auditoría sobre contratación de bienes y servicios determinó que hay 8 millones 685 mil pesos pendientes por aclarar por un contrato que fue incumplido, pero el dinero no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación.
Se trató de un pago de materiales especializados hecho a Productos Industriales Hadar S. A. de C. V., que a pesar de pedir una prórroga, nunca entregó lo contratado. Esta empresa se había constituido apenas en enero de 2017 y no tenía experiencia en la venta de los bienes que requería la Secretaría. En una visita, la ASF detectó que el proveedor planeaba comprarle a otra empresa nacional de importación, en lugar de comprar directamente con el fabricante.
“Se observa que la Sedena no llevó a cabo una adecuada investigación de mercado que le permitiera seleccionar al proveedor que tuviera experiencia en la venta de los bienes con las características solicitadas y contara con la capacidad técnica y económica para cumplir con el contrato”, señaló la auditoría.
Otra de las irregularidades es que la Sedena pagó por asegurar ocho aeronaves que en realidad pertenecen a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sector Salud
En la Secretaría de Salud hay 13 millones 729 mil pesos pendientes de aclarar del año pasado.
Una de las irregularidades son pagos por 7.8 millones por “servicios de vigilancia” de los que no se presentaron documentos que comprueben su realización. La ASF encontró que las listas de asistencia son menores a lo que deberían, no se designó a responsables de que el servicio se diera en dos inmuebles, y no hay constancia de que los elementos hayan pasado controles de confianza ni de que tuvieran permiso vigente de portación de armas de fuego.
De una partida para “subcontratación de servicios con terceros” hay inconsistencias en que ciertos servicios se prestaron antes de que se notificara el fallo de contratación, sin que además se dictaminara si era procedente una excepción para hacer licitación pública, y se modificó el contrato para que fuera por más meses de los que el área solicitante había pedido. También en servicios de mantenimiento de maquinaria y equipo se encontró que fueron autorizados antes de la notificación al proveedor ganador, y no se proporcionaron 324 reportes de pago.
Además hubo contratación de plazas no autorizadas por la Secretaría de Hacienda, así como pagos a personal de servicio social que se hicieron con una partida que no era la que correspondía.
Otra institución de salud con observaciones de la Auditoría es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No se respaldó documentalmente el retiro y destino de 507 camas y 151 carro-camillas que se tenían en los hospitales Regional Adolfo López Mateos, General Darío Fernández y General de Tacuba, que fueron sustituidas por otras compradas en 2018.
Hubo contrataciones que no estaban incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Otras no cumplían con los requisitos de ley que garanticen que algo se contrató por brindar las mejores condiciones económicas, de eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como si realmente era necesario y el presupuesto suficiente.
Específicamente sobre adquisición de medicamentos, la Auditoría alertó que no hubo evidencia de que se tomaran acciones para atender el desabasto de antirretrovirales en clínicas de control de pacientes con VIH. Hubo atrasos de hasta 66 días en la entrega de medicamentos, pero el ISSSTE no les rescindió los contratos porque solo tenía un proveedor para ciertas medicinas o para evitar que se incrementara el costo de otra compra. Además incluyó en su reporte de gasto ejercido 6.1 millones que eran penalizaciones cobradas a los proveedores.
Sobrepagos en el INE
Aunque no es una dependencia de gobierno sino un organismo autónomo, también fue auditado el Instituto Nacional Electoral (INE). El resultado, fue un monto de 93 millones 548 mil pesos por aclarar y tres procedimientos sancionatorios.
Una irregularidad por 66.2 millones se encontró en que en la partida de gastos por “honorarios” no hubo informes sobre 99 prestadores de servicios, otros 30 no cumplían con los requisitos académicos requeridos, y a 77 se les pagó 1.6 millones de pesos en demasía.
Por ser año electoral, a los consejeros electorales locales y distritales se les pagó de más 2.4 millones de pesos, respecto de lo autorizado. No hay comprobación del uso de 18 millones para alimentos a funcionarios de casilla el día de las elecciones.
Hay pagos por 5.1 millones de pesos para impresión de material informativo que no se acreditó que fuera entregado. Además no hay evidencia de que en 147 embajadas y consulados se hayan distribuido 782 mil materiales que eran indispensables para la votación desde el extranjero en 2018.
