La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado en 2019 un total de nueve denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por malos manejos de recursos federales. Se trata de la cifra más baja de denuncias de los últimos nueve años y una caída de más del 80% en comparación con las que se habían presentado el año pasado.
Datos oficiales de la propia institución muestran que las denuncias presentadas este año se han concentrado solo en dependencias federales sin que se haya promovido, a diferencia de años anteriores, ninguna acción contra gobiernos estatales o municipales. La última denuncia, que data de julio pasado, estuvo relacionada con la adquisición de plantas de fertilizantes en Pemex.
La reducción de las denuncias coincide con el avance de la nueva administración del auditor David Rogelio Colmenares Páramo, quien según funcionarios de la dependencia ha preferido implementar una política que privilegie la recuperación de recursos antes de acciones penales, y que en su caso – de ser necesario- se dé paso a acciones legales más sólidas.
El descenso en las acciones promovidas ante la FGR por parte de la ASF en 2019 es significativo. La información oficial muestra que tan solo de enero a octubre de 2018, la Auditoría había promovido ya 55 denuncias penales, seis veces más que las que van este año.
En el mismo lapso de 2017 las denuncias presentadas ascendían a 78 en total, mientras que en 2016 sumaban 58. Y en los tres años anteriores el contraste es todavía mayor: en los primeros nueve meses de 2015 sumaban 121 las denuncias presentadas, mientras que en 2014 ascendían a 136, y en 2013 a 114 en ese mismo lapso.
Para encontrar un año con menos denuncias penales hay que remontarse hasta 2010 cuando en todo ese año se presentaron únicamente siete denuncias penales en contra de diversas dependencias.
La estadística oficial revela que la ASF acumula 981 denuncias penales presentadas desde el año 2000 a la fecha. Veracruz es el gobierno que registra la mayor cantidad de denuncias por malos manejos, principalmente en la gestión de Javier Duarte.
A nivel federal la Sagarpa, Sedatu y la desaparecida Sedesol se ubican entre las dependencias más denunciadas, entre otras cosas por el mecanismo de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.
Funcionarios de la ASF informaron oficialmente a Animal Político desde hace algunos meses que este año habría una reducción en el número de denuncias penales presentadas, como resultado de una nueva política implementada por el auditor Colmenares Páramo. De hecho, hasta mayo pasado no se había presentado ni una denuncia este año.
El objetivo de la estrategia, según lo explicado, es llevar ante el Ministerio Público denuncias sustentadas en dictámenes de auditoría mas completos y profundos, que den paso a investigaciones más solidas y con mayor probabilidad de éxito. Es decir, privilegiar la calidad de los casos en vez de la cantidad.
Lo anterior parte de la pobre eficacia que han tenido históricamente las denuncias de la ASF. Más del 90% de las querellas promovidas no han llegado a alguna sentencia en contra de funcionarios involucrados. De hecho, fue apenas este año cuando las denuncias promovidas desde 2014 en contra del gobierno de Veracruz dieron paso al arranque de juicios penales.
Con motivo de la presentación del segundo informe de auditorías de la Cuenta Pública 2018, el pasado 31 de octubre, el auditor Colmenares hizo hincapié en que la presentación de denuncias penales tomaría mas tiempo, pues era necesario agotar primero otras vías para esclarecer los montos observados de recursos posiblemente mal manejados.
“Estamos en un proceso de notificación para el efecto de que los entes auditados realicen las aclaraciones correspondientes y posteriormente se realice el proceso de seguimiento para el efecto de determinar si las observaciones se solventan o no. Esto evidentemente trae como consecuencia el que las denuncias penales se presenten principalmente una vez que se agoten estas etapas”, dijo Colmenares ante el Congreso.
En la ASF explicaron que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo 89 fracción XXIII, señala que la presentación de denuncias penales debe realizarse “preferentemente” una vez que concluya el proceso administrativo, es decir, la oportunidad de solventar las anomalías registradas.
Entre las nueve denuncias penales que la ASF registra este año destaca la última presentada en julio pasado y relacionada con la compra de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados, que habría dejado pérdidas a Pemex por más de 460 millones de dólares. En la denuncia se agrupan los resultados de cinco auditorías correspondientes a las cuentas públicas 2015 a 2018.
Cabe señalar que la adquisición de dicha planta es investigada por la FGR desde hace más de dos años por sospechas de sobornos, lo que ya derivó en una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Ello significa que si la denuncia de la ASF prospera, podría derivar en un segundo juicio relacionado con esta operación en la empresa petrolera.
Otras denuncias importantes este año fueron cuatro presentadas en contra de Sedesol, Sagarpa, Conagua, y Sedatu por convenios firmados con diversas universidades públicas a cambio de servicios que se realizaron de forma incompleta, o que de plano se simularon. Se trata de un esquema similar al de La Estafa Maestra.
Las denuncias restantes están relacionadas con tres auditorías practicadas a Sagarpa correspondientes a la Cuenta Pública 2017, y una más a Diconsa también de la Cuenta Pública 2017.