“Así manejan ellos todo. Matan a un familiar y a los dolientes los tienen que retirar. Ellos de eso viven, robando”. Lucina Pulido tiene 43 años y es hermana de Zenaida Pulido, activista asesinada en Michoacán el pasado 19 de julio. Dos meses y medio después del atentado mortal, la familia Pulido ha sufrido nuevos ataques.
Por un lado, una vivienda y dos bodegas que utilizaban para un negocio de perfumería ubicadas en la comunidad de Huahua, municipio de Aquila, fueron saqueadas y usurpadas. Por otro, un potrero ubicado en el Agüijote, en el mismo terreno municipal, fue asaltado. Los ladrones se llevaron 140 cabezas de ganado propiedad del patriarca, de 73 años.
Todo esto ocurrió a escasos kilómetros del lugar en el que Zenaida Pulido fue recientemente acribillada. La mujer era activista en la búsqueda de desaparecidos y buscaba a su primer esposo. Además, administraba y era dueña de dos restaurantes en primera línea de playa que habían sido codiciados por integrantes de grupos criminales.
Michoacán es uno de los estados con más impacto de la violencia que asola México. En 2018 registró 2 mil 653 homicidios según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1,623 dolosos, es decir, que tenían voluntad previa de causar el daño, y 1,030 culposos). Este año, con datos cerrados a 20 de septiembre, hubo 1,880 homicidios (1,192 dolosos y 668 culposos), lo que le sitúa como el séptimo estado con mayores índices de violencia homicida.
“Queremos que alguien, el gobernador, el presidente, tomen cartas en el asunto”, protesta Lucina.
Desde el viernes 27 de septiembre la familia Pulido no pone un pie en su casa de Huahua, municipio de Aquila, en Michoacán.
Se trata de su segundo exilio en dos meses y medio.
Tras el ataque que acabó con la vida de su hermana, Lucina, sus padres, sus cuatro hermanas y su hermano abandonaron el domicilio familiar en la comunidad de Pichilinguillo, también en Aquila. Ahora se encuentran en otro lugar. No quiere especificar dónde. Tiene miedo de que los asaltantes les persigan.
“Nos dicen que si volvemos a nuestro domicilio nos van matar. Y cumplen sus amenazas”, dice.
Tras el asalto a sus propiedades del 27 de septiembre, la familia Pulido interpuso dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Aseguran que los perpetradores son antiguos miembros de Los Caballeros Templarios que ahora actúan como organización criminal local denominada los Tena. Dicen que están vinculados también al asesinato de Zenaida, que fueron identificados y denunciados, pero que ninguna autoridad les tomó declaración ni les arrestó.
Fuentes de la FGE rehusaron dar declaraciones sobre el caso. Alegaron que las investigaciones sobre el asesinato de Zenaida siguen su curso y que no querían exponer a las víctimas revelando la existencia de nuevas denuncias.
Lucina Pulido dice que la persecución contra su familia comenzó en el mes de abril. Según recoge una denuncia presentada ante la PGE, en ese momento llegaron las primeras amenazas de muerte. “Le dijeron a un empleado que nos dijese que si no nos marchábamos de la comunidad nos matarían”, dice. Entre abril y mayo tuvo lugar también la caravana de búsqueda de desaparecidos “Buscando Encontraremos”, promovida por el colectivo Familiares Caminando por la Justicia. Encontraron una fosa clandestina con 43 restos óseos. Este es, a juicio de Lucina, otro de los motivos por lo que acabaron con la vida de su hermana.
Poco después del asesinato se produjo una disputa entre allegados de Zenaida y la FGR.
Los primeros alegaban que el ataque estuvo motivado por su activismo. Como Evangelina Contreras, que busca a su hija y al papá de esta, relató a Animal Político los mensajes amenazantes que Zenaida recibía.
La fiscalía, sin embargo, aseguró que el origen del atentado estaba en la disputa por un predio y provocó el enfado de los colectivos michoacanos al decir que la víctima era comerciante y no activista.
Lucina incluye todas las variables en su explicación. También Jeremías Juárez Domínguez, el viudo. “Se querían quedar con el terreno de mi esposa en la playa. Y su activismo les había molestado”, dice.
Desde el 27 de septiembre la familia no ha vuelto a pisar su domicilio. Perdieron dos restaurantes en Pichilinguillo tras el asesinato de Zenaida. Acaban de perder una casa y dos bodegas, con todo su contenido. Sabe que hay bienes, como el ganado, que es probable que no recuperen.
Llegados a este punto, lo más lógico es que los asaltantes ya lo hayan vendido. Lo que Lucina pide que es que las autoridades intervengan para, al menos, recuperar sus viviendas sin temor a que les peguen un tiro. Su gran lamento: el trabajo de toda una vida, arrebatado de la noche a la mañana.
“Queremos que haya justicia, que el gobierno nos proteja”, asegura Lucina.
Este segundo exilio está vinculado, dice la mujer, al asesinato de su hermana. Denuncia que, a pesar de que identificaron a algunos de los hombres armados presentes en el ataque, solo dos personas fueron arrestadas. Se trata de Ricardo C.P. y Enoc C.M., que están encarcelados desde entonces.
Los atacantes fueron más, pero no han sido detenidos.
Lo dice Jeremías, el viudo de Zenaida, que salvó la vida de milagro el 19 de julio. Relata que recibió un balazo en el hombro y pasó dos días escondido en el monte. Su esposa quedó acribillada en el coche. Ambos transitaban, con una tercera persona, por la carretera entre Huaha y Pichilinguillo. Venían de buscar al comisariado de la zona para interponer una denuncia por un asunto de tierras cuando fueron interceptados por hombres armados que no les dieron margen más que para que la mujer pronunciase algunas de sus últimas palabras: “¿qué quieren?”
“Nos dispararon a la llanta derecha y contra el coche. Pisé el acelerador y caminé unos ocho kilómetros. Ahí lo dejé y me fui al monte. Mi esposa ya estaba muerta. Quedó en el vehículo”, dice, en conversación telefónica. Lleva tres meses en un exilio constante. Guanajuato. Nuevo León. Michoacán.
A Juárez Domínguez ya no le van a devolver a su esposa. Pero exige justicia. Al menos, que alguien le escuche. Asegura que prestó declaración en varias ocasiones pero que solo fueron arrestados dos de los responsables del ataque.
En su relato queda expuesto el nivel de impunidad con el que grupos armados operan en Michoacán. Él ha denunciado, aunque tiene miedo. Como toda su familia política. Otros abandonan sus propiedades en silencio
“Por aquí hay muchísima gente con el mismo caso. Todos tenemos miedo, porque si haces una denuncia, al día siguiente amaneces muerto”, dice Lucina.