A pesar de que el sector farmacéutico es, de por sí, uno de los más grandes y redituables a nivel mundial, de acuerdo a información entregada a Fundar por el SAT, en el sexenio pasado, seis de las diez empresas productoras de medicamentos que más ventas registraron en el país obtuvieron beneficios fiscales por 5 mil 871 millones de pesos (a pesos de 2019).
Estos multimillonarios beneficios fiscales son recursos que dejan de entrar a las arcas del Estado y que podrían haberse ocupado para garantizar el derecho a la salud y disminuir las desigualdades, aseguró Janet Oropeza, investigadora del área de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, durante una conferencia para presentar un mecanismo de denuncias de corrupción en el sector de medicamentos.
Oropeza, explicó que “si sumamos las cifras de los beneficios fiscales de estas seis de las diez principales empresas productoras y de la principal distribuidora de medicamentos obtenemos 7 mil 705 mdp (cifras 2019) de dinero que el gobierno dejó de recibir. Esto representa casi tres veces el presupuesto del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud para 2019”.
El 65% de total de los beneficios fiscales, es decir, 3 mil 796 mdp lo obtuvo una sola empresa, ROCHE. Respecto a las empresas distribuidoras, a Grupo Fármacos Especializados, que ha sido la principal proveedora del gobierno en los últimos años, se le condonaron 1, 834 mdp tan solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las otras farmacéuticas a las que se les condonaron impuestos son: Merck Sharp and Dohme de México con 983 millones 005 mil 891 pesos de 2019 y Merck Sharpe and Dohme Comercializadora S de RL de CV con 112 millones 605 mil 421 pesos.
También están en la lista: Novartis Farmacéutica SA de CV con 771 millones 579 mil 128 pesos, Glaxosmithklime México SA de CV con 195 millones 241 mil 734 pesos, Sanofi Aventis de México SA de CV con 12 millones 445 mil 463 pesos y Bristol Myers Squibb de México, con 6 millones 265 pesos.
Aunque no se descarta que pueda haber otras empresas de esta misma industria y que el monto condonado sea mayor, puesto que varias personas morales y físicas se ampararon para que el SAT no entregara su información.
Estos privilegios fiscales, que la propia ASF ha señalado como ineficientes, afirmó la investigadora, causan una doble afectación para el Estado y los servicios de salud: algunas empresas distribuidoras aseguran muchos contratos públicos y al mismo tiempo condonaciones fiscales, eso afecta la competitividad del sector, colocando a estas empresas en situaciones privilegiadas respecto a otras y frente al propio estado, lo que impacta en las compras públicas de medicamentos.
Por esta razón, expuso Oropeza, “consideramos fundamental que en el legislativo avance la reforma legal que prohibirá los privilegios fiscales, además de que el nuevo gobierno debe mantener su promesa de asegurar la asignación progresiva y suficiente de recursos públicos al sector salud”.