Fue presentado el Plan de Transición que será la base de la nueva Fiscalía de la Ciudad de México, y que propone cinco puntos con cambios esenciales respecto a la actual Procuraduría General de Justicia. Uno de ellos es reforzar la capacidad para resolver los delitos de alto impacto.
Una Comisión Técnica, integrada por especialistas en investigación criminal, derechos humanos y procuración e impartición de justicia, guió los trabajos de análisis sobre el funcionamiento de la actual Procuraduría, y el plan para hacer el cambio.
La investigadora Ana Laura Magaloni, integrante de dicha Comisión, explicó en el Museo de la Ciudad de México que se trató de un proceso que involucró a organizaciones de derechos humanos, de defensa de las mujeres, a familiares de desaparecidos y organizaciones de combate a la corrupción. En resumen, “un “espectro social” que dio voz durante la creación del plan a “tantas víctimas de crímenes horrendos”.
Los siete integrantes de la Comisión son Juan Araujo, Héctor Carreón, Patricia González, Layda Negrete, Edgar Cortés, Carla Sosa y Ana Laura Magaloni.
El plan que presentaron esos especialistas propone una “transformación profunda” que queda en manos del Congreso antes de hacerla ley. Para eso -dijo- se realizó un diagnóstico a fondo en la actual Procuraduría. “No fue una comisión a modo, trabajó con total independencia y libertad. Entramos a cada rincón sin que se nos negara información”.
Magaloni explicó que, a grandes rasgos, el plan contiene cinco premisas:
La primera es acabar “con el ritual de los oficios”, es decir, con los procedimientos burocráticos que hacen que el 70% del tiempo total de trabajo de la Procuraduría se ocupe en papeleos, y no en investigación de los delitos. Para esto se propone crear un nuevo cuerpo policiaco de investigación criminal.
En segundo lugar se proponen mecanismos para agilizar las investigaciones de delitos de alto impacto, como los asesinatos y los secuestros. Para eso la Comisión propone mecanismos específicos de recepción de denuncias y protocolos de investigación.
Además, se plantea que las víctimas de este tipo de ilícitos no tengan que ir a presentar la denuncia, sino por el contrario, la Fiscalía deberá acercarse con rapidez a la víctima “como sucede en cualquier parte del mundo”.
Para esto existirán equipos especializados y responsables directos de cada carpeta investigación puesto que hoy “el trato es impersonal y eso diluye la rendición de cuentas”.
En cuarto lugar se plantea acabar con la siembra de pruebas y otro tipo de prácticas corruptas, encontradas dentro de la actual Procuraduría.
Por último, se propone crear una unidad de control interno dirigido por una funcionaria o funcionario, que será la persona con mayor importancia dentro del organigrama de la Fiscalía, solo por detrás de la persona que sea nombrada Fiscal.
De esas cinco premisas presentadas, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, destacó el reforzamiento a los protocolos de investigación de los delitos de alto impacto y en “la construcción de capacidades de investigación relacionada con delitos violentos”.
Por su parte Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, reconoció que el plan “contiene el diagnóstico adecuado”, es decir, “estamos en una situación mala por la descomposición de la Procuraduría” y su nula capacidad para investigar delitos.
“Es prácticamente inexistente la figura del policía investigador”, lamentó el legislador.
Informó que los diputados locales de la Ciudad de México tendrían lista la ley que crea la nueva Fiscalía a finales de noviembre, y en enero estaría completo el plan de diseño institucional para que comience a funcionar la nueva institución.