Brasil: conflictos agrarios y destrucción ambiental en la Amazonia
Ciro Barros y José Cícero da Silva| Edición: Bárbara D’Osualdo | Traducción Diajanida Hernández/ Agencia Pública
Con la selva amazónica brasileña en llamas en diversos puntos simultáneamente, el gobierno de Jair Bolsonaro se vio en la mira de duras críticas dentro y fuera del país. Confrontado, el presidente acusó a las ONG de haber causado los incendios y se involucró en conflictos con líderes internacionales que criticaron la postura del actual gobierno frente a la crisis. En reunión con los gobernadores de los estados afectados, el presidente volvió a hacer acusaciones, afirmando que, si las demarcaciones de tierras indígenas pendientes fuesen aprobadas, “el fuego en la floresta amazónica acaba en dos minutos”.
El avance del incendio coincidió con el “Día del Fuego”, orquestado por WhatsApp por productores rurales, comerciantes y usurpadores de tierras de la región norte, mayoritariamente en el estado Pará. El día 10 de agosto la acción colectiva promovió la tala y quema en áreas de bosque y tierras públicas.
Una de las líderes dijo al periódico local Folha do Progresso que el evento quería “llamar la atención de las autoridades que en la región el avance de la producción sucede en apoyo al gobierno” y “mostrar al presidente que queremos trabajar, y el único modo es talando, y para formar y limpiar nuestros pastizales es con fuego”.
Desde la elección de Bolsonaro, ambientalistas ya se mostraban preocupados con el impacto que el gobierno podría tener en el área, ya que el presidente tiene una larga historia de discursos contra las leyes ambientales y las demarcaciones de tierras indígenas.
Desde los primeros meses del mandato el gobierno de Bolsonaro recortó 90% del presupuesto de la ya desfalcada Fundación Nacional del Indígena (Funai); redujo presupuestos y exoneró funcionarios del Ibama y del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), órganos responsables por la fiscalización ambiental; publicó un decreto que retiró hasta 95% de los fondos de programas estratégicos, como el combate del cambio climático, el combate de incendios, licencia e inspección fiscal; y cesó al director del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), órgano que monitorea la deforestación vía satélite en el país, después de que este divulgara datos del aumento de la destrucción de la floresta en relación con 2018.
En una carta abierta al actual presidente del Ibama, un grupo de servidores del órgano denunció el día 26 que “el discurso propagado y las medidas concretas adoptadas contra la actuación del Ibama y del ICMBio apuntan al colapso de la gestión ambiental federal y estimula el cometimiento de crímenes ambientales dentro y fuera de la Amazonia”. Más allá de los crímenes ambientales, tales retóricas y medidas también afectan otra cuestión íntimamente ligada a la preservación en Brasil: los conflictos por la tierra.
Según el Boletín de Deforestación de la Amazonia Legal de julio, elaborado por la ONG Imazon, la deforestación fue de 20% en asentamientos, 19% en unidades de conservación y 6% en tierras indígenas. Mientras tanto, la mayoría de la deforestación (55%) ocurrió en áreas privadas o bajo varias etapas de tenencia. Además, un cruce de datos realizado por la Agência Pública muestra relación entre los asentamientos irregulares, donde hay reconcentración de tierras e instalación de beneficiarios sin el perfil del programa, y la deforestación en la Amazonia.
En un país donde la concentración de tierras es históricamente alta, las medidas de integración de la Amazonia puestas en práctica por el régimen militar desplazaron al mismo tiempo hacia la región grandes empresas del centro-sur y trabajadores rurales pobres en busca de tierra. El gobierno promovió asentamientos para ocupar la Amazonia y después los abandonó. Con el pasar de los años, agricultores familiares que intentan mantener un espacio para plantar se ven siempre más acorralados por la expansión de la frontera agrícola y por la presión de invasores, madereros, pistoleros y garimpeiros, tornándose blanco de la creciente violencia.
La extensión de tierras en conflicto viene aumentando exponencialmente desde 2015, según la Comisión Pastoral de la Tierra. Según el informe anual de la entidad, en 2018 el número de hectáreas involucradas llegó a 39,4 millones, lo que significa 4,6% del territorio nacional en disputa. Y la Amazonia Legal, que engloba nueve estados de Brasil donde hay ocurrencia de la vegetación, registra 97,7% de las áreas en conflicto en el país.
Pará, segundo estado más afectado por los recientes incendios, también es el estado donde hay más muertes por conflictos en el campo. Según el levantamiento del historiador Airton dos Reis Pereira, de la Universidad del Estado de Pará (UEPA), entre 1970 y 2018, más de mil personas murieron como consecuencia de conflictos de tierra en el campo paraense. Esa región también concentra la ocurrencia de matanzas en todo el país. De 1985 a 2019, sucedieron 49 matanzas en el campo brasileño con 229 víctimas.
Los discursos hostiles de Bolsonaro contra indígenas y sin tierras, la paralización de la reforma agraria por su gobierno y la reciente aprobación del proyecto de ley que amplía el porte de armas en propiedades rurales, aumentan el miedo de que los conflictos en el campo, ya elevados, exploten este año. En los últimos meses, oímos las historias de agricultores amenazados de muerte en la lucha por un pedazo de tierra en el estado.
“Cada entrevista que damos pensamos que es la última”, dice agricultor amenazado de muerte
El Projeto de Assentamento Areia [Proyecto de Asentamiento Arena] (PA Areia), en el sureste de Pará, es la puerta de entrada para un inmensa floresta disputada palmo a palmo por grupos de madereros que hace décadas dominan el área. Cercado por Unidades de Conservación que forman una de las mayores áreas continuas de bosque tropical del planeta, el PA Areia es una ruta privilegiada para acceder a las maderas duras que todavía abundan allí. Por esto, el proyecto de asentamiento presenta una intensa reconcentración de los lotes de reforma agraria, colecciona innumerables episodios de violencia, trabajo esclavo y crímenes ambientales.
El acceso al PA está controlado por madereros, que llegan a cobrar entrada para el lugar, un área pública perteneciente a la União.
Sin saber eso, la pareja Osvalinda y Daniel llegó en 2001, “tras una tierra sin problemas”. A primera vista, parecía un lugar maravilloso, con tierras buenas y un pueblo nuevo. Pero al poco tiempo, fueron sintiendo que algo estaba mal.
Cuando intentaban buscar ayuda de la asociación de vecinos y del sindicato de los trabajadores rurales para desarrollar la agricultura, no conseguían. Ellos percibieron que los agricultores producían para mantenerse, pero que no había mucho chance de crecimiento y que las familias dentro del asentamiento pasaban necesidades. “Fuimos al fondo: ¿por qué la agricultura no era desarrollada? Ahí vimos que tanto la asociación de vecinos como el sindicato y todos los órganos de la región eran manipulados por los agricultores y madereros para no desarrollar la agricultura, porque lo que tenía que funcionar ahí dentro era la madera”.
Debido a la falta de apoyo, decidieron abrir una asociación de mujeres y buscar nuevas experiencias para la agricultura. Fueron invitados a participar de un programa de desarrollo de agricultura familiar experimental, que duró ocho años. “Decidimos trabajar en otro sentido, con agroextractivismo. Incentivamos a los agricultores a hacer plantación de cultivos, no usar veneno o pesticidas. Fuimos cambiando la visión dentro del PA Areia”, cuenta Osvalinda.
Sin embargo, la actividad les comenzó a traer problemas con las empresas ilegales que operan dentro del PA. Surgió la primera propuesta para que la asociación formara parte de un esquema que ayudaría a las empresas en la explotación de la madera. “Yo no acepté porque nosotros abrimos una asociación para no estar en las manos de ellos”, afirma Osvalinda. Ella cuenta que, a partir de ese momento, sus vidas comenzaron a cambiar.
“Era amenazada verbalmente todo el tiempo, ellos mandaban mensajes diciendo que la asociación no saldría adelante, que solo iba a perjudicar a las personas, a los agricultores. Y así se comenzó a crear una bola de nieve contra la asociación de mujeres allá adentro”.
Osvalinda recuerda con detalle el día en que su vida cambió definitivamente. En aquél día, la agricultora había ido a un municipio próximo para realizarse un tratamiento de salud cuando hizo un descubrimiento impactante.
“Yo estaba en una casa de apoyo y, conversando con una habitante, ella me preguntó que si yo conocía a una mujer en Areia que se llamaba Osvalinda, que era presidente de la asociación de mujeres allá. Le dije: ‘la conozco’. Pero no le dije que era yo. Me pareció extraño porque la mujer era de Novo Progresso [municipio de la misma región del PA Areia]. Y le pregunté: ‘¿Por qué?’. Y ella me dijo: ‘Porque esa mujer está sentenciada a muerte. Ella va a morir esta semana’. El piso parece que desapareció. Y le pregunté de nuevo: ‘¿Por qué?’. Contestó: ‘Ah, porque esa mujer está denunciando a los madereros ahí adentro.
El Ibama entró y quemó las máquinas de ellos, los camiones. Y es ella la que está denunciando’. Ahí le dije: ‘esa mujer soy yo. Yo soy Osvalinda, pero yo no estoy denunciando a nadie’. Ahí ella cambió de tema, desvió la conversación, dijo que el marido se había enterado”.
Osvalinda desistió de hacerse el tratamiento para el cual había ido a la ciudad, y Daniel fue a buscarla. Pero, cuando llegaron a casa, fueron cercados por un grupo de madereros y pistoleros. Uno de los madereros llegó con una bolsa de dinero e hizo una propuesta-ultimátum a los dos a cambio de silencio. La pareja negó las denuncias y tampoco quiso aceptar el dinero.
“Ahí él se molestó, se levantó y dijo: ‘Doña Osvalinda, pobre solo recibe dinero cuando muere’. Y le pregunte si él me estaba amenazando. Y él: ‘No, de ninguna manera yo la estoy amenazando. Solo le estoy diciendo a la señora que si el Ibama entra de nuevo aquí dentro de Areia y quema mis camiones, mis máquinas y mis empleados quedan desempleados y si ellos vienen aquí a hacer alguna cosa, no fui yo quien los mandó’”.
La pareja cuenta que, solo después de mucha insistencia, consiguieron formalizar la denuncia y en ese momento tuvieron otra ingrata sorpresa. “Allá en la Policía Federal quedamos como unos estúpidos, ya había un montón de denuncias a nombre de las personas que nos fueron a amenazar. Desde 1998, 1999, 2000. Denuncia vieja de asesinato, muerte, crimen ambiental”, cuenta Osvalinda.
“La policía ya sabía que existían personas, grupos criminales organizados y con mucho dinero actuando allí, dominando las comunidades, haciendo trabajo esclavo allí dentro del asentamiento, como sucede hasta hoy por allá y no es una cosa escondida. Todo el mundo lo sabe. Y ahí quedamos más asustados”, completa Daniel.
En 2015, los dos fueron incluidos en el Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos (PPDDH), vinculado al Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos. Incluso con ese soporte, en mayo de 2018, la situación llegó al extremo: encontraron dos tumbas, cada una con una cruz, en su lote. Al comienzo del año, ellos dejaron su pedazo de tierra en el PA y viajaron a otro estado para pasar una temporada lejos de allí. La mudanza fue motivada, según el Ministerio, por la necesidad de recibir tratamiento de salud intensivo, pero las amenazas que se acumularon contra ellos a lo largo de los años también contribuyeron con la decisión.
Pero muchos no tuvieron la misma “suerte”. Ellos contaron que ya murió “un montón de gente” en el asentamiento ―no solo por el conflicto agrario, sino también como consecuencia del trabajo esclavo.
“Nivaldinho [agricultor] fue uno que murió descuartizado a machetazos; Nelson [agricultor] fue apuñaleado por un pistolero en el banco de un barco, murió por falta de pago; Cuca [agricultor] fue asesinado y desaparecieron con él”, cuenta Daniel. “Otra fue Rosinha [agricultora], una niña de 13 años que estaba embarazada. Su cuerpo desapareció, hasta hoy no la encontraron”, agrega Osvalinda.
“El Gaúcho [agricultor] también fue asesinado. Todo eso dentro del pueblo del asentamiento”, prosigue Daniel. “Además de los otros que ellos mataron y lanzaron dentro de las brasas del aserradero. Y el pueblo comentaba: ‘los mataron y los arrojaron dentro de las brasas’. Cuando hacen eso, el cuerpo no se convierte ni en ceniza, hasta la ceniza desaparece”, completa Osvalinda.
Temen que empeore el conflicto
Ellos temen el empeoramiento del conflicto bajo el gobierno de Bolsonaro. Osvalinda cuenta que en enero ella recibió una amenaza de un forajido que se sentía amparado por el discurso del presidente. “Él le dijo a unos colegas nuestros: ‘ahora, nosotros tenemos un presidente que nos va a apoyar. Puede avisarle a doña Osvalinda que ahora quien manda aquí somos nosotros’”.
A pesar de las dificultades, ellos no piensan en desistir de la lucha. “Nosotros no vamos a abandonar a las familias, porque nosotros conocemos el miedo estampado en el rostro de cada uno allí. Pero tenemos la certeza de que el día de mañana no la contamos”, dice Daniel. “Cada entrevista que damos, muchas veces pensamos que es la última. Mientras no se haga justicia, el crimen va a continuar sucediendo”.
“O yo salía o yo moría”
Conteniendo la emoción, D.O., 58 años, gesticula poco y casi susurra mientras recuerda las amenazas que también lo obligaron recientemente a dejar, junto con la familia, la lucha por una parte de tierra en el suroeste de Pará.
“Algunos compañeros sintieron el choque de nuestra salida. Pero, por otro lado, ellos tomaron conciencia de que yo necesitaba salir. O yo salía o yo moría. Ellos me iban a perder de todos modos”, cuenta el expresidente de la Asociación de Agricultores Familiares de Mata Preta.
Mata Preta está ubicada en el municipio paraense de Anapu, en la gleba pública federal Bacajá, un inmenso territorio de más de 80 mil hectáreas creado en 1983, donde la misionaria norteamericana Dorothy Stang fue asesinada con seis tiros hace 14 años. En Anapu, la lucha por la tierra no da tregua y casi siempre prevalece la ley de la pistola. Fue la región con mayor número de asesinatos en el país el año pasado como consecuencia de los conflictos agrarios: tres muertes, según la CPT. El total de asesinatos llega a 20 desde el año 2000, además de 16 intentos de homicidios y 34 amenazados de muerte, como D.O.
El lote donde D.O. y la familia vivían y cultivaban se tornó uno de los frentes judiciales contra el combate de la ocupación ilegal de tierra en 2013, en una acción civil pública propuesta por la União y por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) contra la agropecuaria Santa Helena Participaciones Ltda. La acción pedía la reintegración de posesión del área después de que el levantamiento del Incra había indicado que la empresa ocupaba ilegalmente el área pública. Como determina la Constitución, esa tierra debería ser destinada a la reforma agraria.
Con la posibilidad inminente de que la empresa perdiera la propiedad, la temperatura aumentó en Mata Preta. Un mensaje de la CPT informó a los órganos públicos sobre la situación: “Al final de la semana del 30-31 de mayo de 2015, matones armados cortaron ambos extremos de un puente en la vecinal que da acceso a Mata Preta, donde están ubicados los lotes 69, 71 y 73 […] Después de haber serrado el puente, matones fuertemente armados vigilan el área, cercan y abordan a los que consiguen pasar el canal. El día 29 de agosto, agricultores, en más de 15 carros, aterrorizaron a las familias apuntando armas, gritando y amenazando con destrucción”.
Al año siguiente, en 2016, la justicia concedió la reintegración de posesión de los lotes en favor de la União. Pero la primera victoria de los sin tierra no vino sin reacción. El hiato de más de un año entre la decisión favorable a la reintegración y su efectividad, en diciembre de 2017, convulsionó a Mata Preta.
Al asumir el liderazgo de la asociación de agricultores en 2016, D.O. tuvo que lidiar de inmediato con el asesinato de dos compañeros. Él narra la escena con lo que recuerda. “Llegaron a pie, de dentro del monte cerrado. Se acercaron y le dispararon a Zé de Arimatéia, le dio en el hombro. Él cayó, pero no murió. Cuando él cayó, le dispararon a Titela que corrió al monte, y lo terminaron de matar. Luego le dispararon a Cícero, en las piernas de él. Él corrió, atravesó un canal, ya subiendo, no dio más y quedó allá… pero no murió. Después le dispararon a Marrone. Le dieron tres tiros a Marrone, él tenía 17 años. Incluso le dispararon a un muchachito de 11 años, pero no lo hirieron”. Hasta hoy la policía no ha descubierto a los autores del crimen.
Un mes después de la muerte de los agricultores la comunidad vivió otra situación de peligro. “Entró un grupo de 30 hombres armados para sacar a toda la gente que estaba dentro de la tierra”. Según D.O., los pistoleros llegaron rompiendo las casas. “Ellos habían ido allá para limpiar el área. Ellos no estaban allá para conversar o negociar con nadie. O tú aceptabas salir o ibas a morir.
La conversación era esa. Ahora, 30 hombres armados… ¿Qué íbamos a hacer? El trabajador allá adentro vive con una hoz, con un machete para trabajar. Pero para confrontar a los pistoleros no había armas de fuego. Sobre todo porque las armas eran pesadas. Era fusil, ametralladora… “. El agricultor montó apresuradamente un cobertizo de lona dentro del monte y se escondió en él con la familia para no ser hallado. Cuando el clima mejoró, él regresó para pedir ayuda de la justicia.
En 2017, D.O. tuvo que ingresar en el PPDDH. Él no recuerda cuántas amenazas sufrió. En mayo del mismo año, la CPT acudió al Ministerio Público Federal (MPF) para pedir urgencia para el proceso de desocupación del área. “Después de tantos meses de sufrimiento y defensa comunitaria, sería triste dejar que la reintegración de Santa Helena Participaciones termine en una matanza”, decía el mensaje enviado al MPF.
Ya era diciembre de 2017 cuando la reintegración, de hecho, sucedió. A esa altura, D.O. ya no podía quedarse en su sembradío. El PPDDH le recomendó que permaneciera en Altamira, un municipio de la región, distante del foco del conflicto, y también debido a un problema de salud que requería cuidados médicos.
El problema, él puntualiza, es que, después de la reintegración, más allá de estar en la mira de los pistoleros, él pasó a estar también en la mira de las personas que querían comercializar lotes de la gleba de forma ilegal. Además de eso, en la ciudad la familia pasó a tener dificultades para mantenerse. Ellos sobrevivían con el cultivo en Mata Preta. “Nosotros allá estábamos pasando hambre y las amenazas continuaban”, cuenta. “Los mismos carros que veíamos en la granja estaban allá en Altamira, 24 horas, cerca de casa. Ellos le preguntaban a otras personas sobre mí”, dice.
Ante la situación, llegó un día en que no dio más. “Pedí al equipo de los derechos humanos [PPDDHH] que me sacaran de allá a toda costa. Ellos dijeron: ‘Yo te llevo, pero después de un tiempo te traigo de vuelta’. Yo dije: ‘Mira, tú me vas a traer para la boca del lobo, yo no voy a querer. Si tuvieras como llevarme y dejarme lejos…’. Pero las reglas no lo permitían”.
Como reveló el reportaje de la Agência Pública de abril de este año, el programa sufre con las limitaciones presupuestarias. Defensores ligados a la lucha por el derecho a la tierra y territorio, además de ambientalistas, son la mayoría de los atendidos por el PPDDH: representan 348 de los 416 casos incluidos en el programa, según los datos de abril.
Para el agricultor, su lucha en Mata Preta honró el compromiso que hizo dentro de la comunidad. “Salimos con la cabeza erguida. Eso para nosotros es satisfacción”. Pero D.O. tiene una nueva preocupación: él y la familia necesitan de trabajo y de vivienda fija. “Estamos con el plazo contado. Solo Jesús sabe para dónde vamos”…, dice. La actual residencia depende del alquiler que a partir de este mes ya no podrá pagar si no estuviera empleado.
Familias atacadas a tiros y casas quemadas
Bajo el sol abrasador del verano amazónico, el agricultor Cláudio Araújo da Silva pisa los escombros y las cenizas de su antigua choza, localizada en un área ocupada de la granja 1.200, en Ourilândia do Norte, sur de Pará. Cláudio se emociona al retirar restos de sus pertenencias del piso de tierra batida, ahora cubierto del carbón en que se transformó su antigua casa.
En mayo de este año, a Cláudio y otras diez familias de la ocupación les incendiaron sus casas en la oscuridad de la noche. Según los relatos de los habitantes escuchados por la Agência Pública, un grupo de cuatro personas disparó en dirección a las residencias antes de prenderles fuego. Los reporteros encontraron cartuchos de escopeta calibre .20 en las inmediaciones de la ocupación.
El incendio criminal es el capítulo más reciente de un conflicto agrario que se arrastra desde hace 30 años en la granja 1.200, donde un grupo de cerca de 150 familias reivindica desde 2006 la creación de un asentamiento de reforma agraria.
Vea la historia completa en el video
Las historias son parte del proyecto de Agência Pública llamado Amazônia Sem Lei, que investiga la violencia relacionada con la regularización de la tierra, la demarcación de la tierra y la reforma agraria en la Amazonía legal. Puedes consultarlos aquí.
