Pesca ilegal ‘agota’ el pulpo, el mero y el pepino marino en Yucatán

“Pescamos de todo lo que haya. Pulpo, caracol, pescado. Hay muy poco y muy cara está la gasolina”. Pedro Alberto Barrera pasa de los 40 años, tiene la cara curtida por el sol y toda una la vida dedicado a la pesca. Hoy, miércoles 10 de septiembre, no ha sido una buena jornada. Llega al puerto de Celestún, en Yucatán, con escasas capturas. Y eso que estamos en temporada de pulpo, que se extiende del 1 de agosto al 15 de diciembre.

El pulpo es una de las cuatro principales pesquerías de la zona, junto al mero, la langosta y el pepino marino. Salvo la langosta, todos escasean este año, según autoridades y pescadores consultados. Este año es el primero en el que el pulpo da muestras de agotamiento. El mero está “prácticamente desaparecido” y el pepino marino ha menguado dramáticamente en menos de una década, hasta el punto de decretarse la veda total.

Claro que esto es lo que Conapesca detecta y no lo que los furtivos se llevan.

La Real Academia de la Lengua Española define “depredar” como “robar, saquear con violencia y destrozo”. Eso es lo que muchos pescadores hacen con la fauna marina en Yucatán.

Y eso que la pesca es fundamental para la economía del estado. Al menos 10,000 pescadores salen a la mar en Yucatán. No hay un cálculo estimado sobre cuántos de ellos se dedican a prácticas ilícitas. Como dice el almirante Mucharraz, “son ilegales, no existe ningún registro”.

“Toda la vida hubo depredación”

Entre recién llegados se encuentra Pedro Alberto Barrera, algo rezagado, al filo de la tormenta. En su pequeña lancha puede verse el compresor, el mecanismo que le permite sobrevivir bajo el agua. En su caso es un compresor industrial, le costó 9,000 pesos. Con el resto de complementos, la inversión alcanzó los 15,000, asegura. En otras lanchas pueden verse precarios artilugios construidos con un barril de cerveza. En efecto, el mismo barril del que se sirven las chelas en un bar convertido en garantía de supervivencia marina.

Pero la ley no entiende de precariedad. La ley es ley y punto. Y da igual que uno utilice un barril de cerveza para no ahogarse. La ley dice que no se puede bucear para pescar pulpo ya que se considera una técnica demasiado agresiva. La ley está pensada para que no ocurra como este año, en el que gente como Barrera salen a la mar y regresan con las manos semivacías porque otros antes que ellos saquearon los caladeros.

“Toda la vida ha habido depredación, por parte de todos. Es la falta de empleos. No da el gobierno, y nos obliga a hacer cosas así”, dice Barrera, que llega con sus arpones, sin esconderse, seguro de que si lo no hace él lo hará el vecino.

En realidad, Barrera, el pescador sincero, es el eslabón más débil de la cadena que está arrasando con la pesca en Yucatán.

Si le agarran con pulpo prohibido, puede ser castigado a una multa de entre 50,000 y 100,000 pesos.

“Tiramos todo al mar antes de que nos pille”, dice. Aunque no siempre ha tenido esa suerte y, según relata, ha sido interceptado en más de una ocasión. Peor sería perder la licencia. Aunque, incluso para esa contingencia, Barrera tiene soluciones: “me busco otra embarcación. Esto es como el narcotráfico, no se acaba nunca”, afirma, entre risas.

Barrera es un tipo humilde. El que se juega la vida bajo el agua (no hay cómputo oficial, pero son muchos los fallecidos por pasar demasiado tiempo en el fondo o subir demasiado rápido). El que puede perder todo. El que baja al fondo y arrasa con lo que encuentre.

En otro orden jerárquico aparecen las redes de pescadores, algunos armados, que trabajan de forma coordinada. Los empresarios y las bodegas, que compran el producto y no preguntan de dónde viene.

Algunas autoridades, a las que otros trabajadores acusan de mirar para otro lado.
Como explica Renata Terrazas, de la ONG Oceana, “no se puede entender la pesca furtiva únicamente con el pescador. Existe todo un sistema de opacidad e impunidad”.

En Yucatán se pesca furtivo todo el año. No hay que hacer una profunda investigación para comprobarlo. Ocurre ahí, en Celestún, en San Felipe, en Progreso, a la vista de todos. La pregunta es hasta cuándo aguantará. Porque, como advierte Josefina Santos, del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Inapesca en Yucalpetén, puede llegar un momento en el que las costas se agoten por completo.

La emergencia existe. También los mecanismos para que no sea irreversible.

“El buzo está acabando con todo”

“La pesca está escaseando debido a la pesca furtiva y el cambio climático. Es la depredación y pesca furtiva”, dice Edgar Mai León, de 43 años, en la mar desde los 12. Él es de Campeche, pero vino a Celestún hace años por la escasez de su territorio. Yucatán es destino de pescadores de otros estados, como Campeche o Tabasco. A veces los señalan como responsables de la depredación, por esa máxima que dice que la culpa siempre la tienen los de fuera.

“Hay pesca ilegal, hay mucha. Se ve, no hay cuidado exclusivo”, explica.

Mai León pone el pulpo como ejemplo. Ahora estamos en temporada, pero su pesca también tiene limitaciones. Debe hacerse siguiendo la técnica maya, utilizando las jimbas, que son una especie de bambúes que, elevadas, dan a la embarcación una imagen de insecto marino. También, los alijos, unos pequeños barquitos que se cargan cruzados en la lancha. Sin embargo, no todos lo usan. Algunos simplemente bucean y arrasan con todo. Y no solo el pulpo.

“Los furtivos son los que barren todo. Hacen que las pescaderías no se reproduzcan”, dice.

Junto a él, Benedicto González, de 46 años, resume su preocupación: “el buzo está acabando con todo”. En su opinión existen dos culpables: “la autoridad y los empresarios”. “Los unos porque no vigilan lo suficiente y los otros porque compran el producto a pesar de estar prohibido”, dice.

Yucatán es uno de los principales puertos mexicanos. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anualmente se obtienen casi 50 mil toneladas de las diversas especies, de las más de 400 mil toneladas que se pescaron en 2017.

El fenómeno no es único en Celestún. Se extiende por toda la costa. Lo explica Felipe Carrillo, de 71 años y que pesca en Progreso a pesar de residir en Mérida. “No tienen permisos, se pesca cuando el producto entra en veda. ¿Por qué? No se ponen a pensar que ponen en peligro las especies. No respetan las vedas y las autoridades no vigilan. Ahora en Progreso para toda la costa solo hay tres inspectores. Se ha solicitado, pero no nos mandan más inspectores”, dice.

A la pesca furtiva, el veterano trabajador del mar une otro elemento: la emergencia climática, que se materializa en el sargazo. “Sargazo siempre ha habido, pero en este caso hay mucho, se mete en las cuevas y no les deja salir”.

Carrillo está preocupado. Dice que nunca vio una temporada peor que la actual. Dice que los barcos se ven obligados a alejarse mucho. En su opinión, en Progreso es más difícil ver a los furtivos en acción. Sin embargo, habla de auténticas expediciones pirata más allá del muelle, el más largo del mundo con una distancia de 6,5 kilómetros. Dice, incluso, que hay quien asalta en alta mar. “Llegan con armas y te roban el motor de la lancha”, afirma.

660 toneladas incautadas en cinco años

El almirante Héctor Alberto Mucharraz es el encargado de las inspecciones. El tipo que vigila que se cumpla la ley, que no haya furtivos depredando fuera de temporada, que no haya pescadores que se llevan pulpo por langosta, que los empresarios no llenen sus bodegas con producto que no corresponde.
Dice que existen cuatro puntos rojos: Celestún, Progreso, Dzilam de Bravo y San Felipe. Básicamente, toda la costa. Aunque cada una de estas zonas tiene sus particularidades.

Él mismo reconoce que tienen dificultades para mantener el orden. En primer lugar, porque no hay personal suficiente. Cuatro inspectores para una población aproximada de diez mil pescadores. En segundo porque, en su opinión, “la gente no quiere entender que se trata de su producto el que protegemos”. Es decir, que hay trabajadores que protegen a los furtivos porque puede ser su compañero, su primo, su hermano o él mismo en tiempo de dificultades.

El almirante pone como ejemplo unos disturbios registrados en Celestún a mediados de julio. Según el oficial, inspectores de Conapesca revisaban el producto cuando se produjo un amotinamiento. Por mar, con varias lanchas cruzadas para impedir que nadie se acercase. Por tierra, con piedras y escombros para expulsar a los vigilantes.

A pesar de reconocer las carencias, Mucharraz lanza una batería de datos para probar que ellos no se quedan con los brazos cruzados. Según afirma, en los últimos cinco años se realizaron 828 recorridos acuáticos, 3,818 recorridos terrestres y 589 puntos de revisión. Además, se pusieron en marcha 2,035 verificaciones, que concluyeron con 1195 actas de inspección. “El resto estaba correcto, dentro de la ley”, dice.

Es decir, que más de la mitad de las verificaciones realizadas por Conapesca en Yucatán en los últimos cinco años encontraron indicios de delito.

Mucharraz prosigue: retención de cinco embarcaciones menores, 46 mayores, 26 motores fuera de borda, 311 artes de pesca y 172 vehículos.

Renata Terrazas, de Oceana, indica que hay estudios que advierten que la pesca furtiva puede llegar a suponer el 50% de lo que se produce en un país. Es decir, que uno de cada dos pescados que se consuman en México tiene un origen fuera de la ley.

Animal Político solicitó a la Fiscalía General del Estado conocer el número de carpetas de investigación abiertas por pesca ilegal, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

El otro vértice al que se señala son los empresarios y las bodegas. El sistema es el siguiente: los pescadores llegan con el producto al puerto. Allí se encuentran con gente como Ismael Valencia. Él es propietario de varias lanchas, se queda un 25% de la ganancia de los que salen a la mar y, además, ejerce de enlace con las grandes distribuidoras. El suyo es un negocio familiar. Dice que es habitual que le ofrezcan material prohibido, pero asegura que él lo rechaza.

“Hay que tener un poco de conciencia. Nosotros los comerciantes, pero también los pescadores. Yo no compraría ilegal, pero si pones una denuncia tampoco sirve, porque no prospera”, afirma.

Autoridades y pescadores coinciden en que la situación es grave. Sin embargo, no llegan soluciones. En los últimos meses, cooperativas locales se han manifestado exigiendo un mayor control. Organizaciones patronales también piden un incremento de la regularización. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseguró en febrero que plantearía nuevas propuestas. Sin embargo, todo está paralizado. Los furtivos siguen operando, las cooperativas se sienten abandonadas e incluso las autoridades reconocen estar desbordadas.

Renata Terrazas, de Oceana, sugiere dos ideas: la primera, ampliar la idea de pesca ilegal y no reducirla solo al trabajador que se salta las normas. Tampoco a una lógica exclusiva de persecución. La segunda, ofrecer alternativas. “Hay que conseguir que la pesca furtiva sea cara, que no rente practicarla”, dice. En su opinión, es imprescindible transparentar un sector que, hasta el momento, ha sido opaco. También, dar apoyo a las cooperativas: “ellos han sido los que han mantenido el control cuando el Estado no interviene”, dice.

Que la pesca ilegal está arrasando Yucatán nadie lo pone en duda. También hay consenso sobre las causas. El problema, sin embargo, está lejos de ser resuelto.