Morena propondrá combatir a empresas fantasma con infiltrados y prisión preventiva
Cateos en domicilios, agentes infiltrados, escuchas telefónicas, testigos protegidos, y la amenaza de la prisión preventiva. Estas son las herramientas con las que el gobierno federal planea poner freno a la sangría millonaria de recursos públicos que cada año se pierden en México a través de la creación de miles de empresas fantasma.
Para concretar el plan, y luego de haberse discutido en comisiones durante cinco meses, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará ante el Pleno este jueves 12 de septiembre un dictamen para reformar varios puntos de la ley y elevar la defraudación fiscal a la categoría de delincuencia organizada; un delito considerado grave que amerita prisión preventiva de oficio.
“La fiesta se acabó”, es una de las frases que más se escucha estos días en la Procuraduría Fiscal de la Federación, una de las impulsoras del proyecto de reforma, en alusión a que, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los últimos cuatro años cerca de 9 mil empresas fantasma defraudaron 354 mil millones de pesos (el 1.4% del PIB) mediante la simulación de operaciones comerciales, la emisión ilícita de facturas, y el impago de impuestos a las arcas públicas.
Con ese dinero defraudado, enfatiza el texto de la propuesta de reforma, se podría haber construido 221 hospitales, o haberse comprado 472 mil ambulancias.
Sin embargo, el PAN anunció que tal y como está el proyecto de reforma votarán ‘no’ alegando que esta puede ser utilizada como “una cacería de brujas” contra los adversarios políticos del gobierno, además de que consideran que “ahuyentará” a la inversión en el país.
Por su parte, expertos y estudiosos del funcionamiento de las empresas fantasma, como el abogado Luis Pérez de Acha, advirtieron que la propuesta de Morena abriría peligrosamente la puerta a una “mayor arbitrariedad” y a posibles abusos de las autoridades de investigación contra los contribuyentes que nada tienen que ver con el crimen organizado.
“No se va a perseguir a los empresarios”
Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal, que depende de la Secretaría de Hacienda, señaló en entrevista que entiende las preocupaciones que la reforma de Morena está generando, especialmente la propuesta de equiparar la defraudación fiscal con el delito de delincuencia organizada.
Por eso asegura que la reforma de ley “busca darle dientes” a las autoridades de investigación, como la propia Procuraduría Fiscal, para rastrear los flujos de dinero en efectivo.
En la actualidad, expuso el funcionario, hay herramientas tecnológicas para rastrear los trasiegos de dinero que se mueven mediante transferencias electrónicas, especialmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, también de la Secretaría de Hacienda.
Pero la investigación se complica mucho cuando el dinero se mueve en efectivo. Por ello, dijo Romero Aranda, de aprobarse la reforma podrían utilizar las técnicas con las que se investiga al crimen organizado, como la infiltración de agentes en las redes criminales, para saber cómo funcionan, a dónde mueven el dinero, y quién o quiénes son los beneficiarios finales; o el uso de testigos protegidos y escuchas telefónicas, que permitan llegar a las “cabezas” de las grandes bandas criminales.
Sobre este punto, el procurador recalcó varias veces lo de “grandes bandas criminales”.
“Esta reforma no pretende criminalizar al empresario, ni va contra el contribuyente normal que ha podido tener algún fallo en la facturación, o que pudo haber sido engañado por un contador. La reforma va contra las grandes redes de empresas fantasma”, insistió.
Los candados a la reforma
Para evitar arbitrariedades y abusos en el uso del delito de delincuencia organizada, el procurador planteó que la reforma tiene candados. Uno, por ejemplo, es el monto de lo defraudado. Para que se investigue la defraudación fiscal como delincuencia organizada el monto omitido en el pago de impuestos tiene que ser de 7.8 millones de pesos hacia arriba.
Otro candado es que las autoridades de investigación tendrán “una elevada carga probatoria”. O en otras palabras, tendrán que demostrar muchas cosas para acusar a alguien de delincuencia organizada por defraudación fiscal. Por ejemplo, que existe una “sociedad delincuencial profesional” de tres o más personas, que opera con una estructura organizada (por ejemplo, una red de 300 empresas fantasma), y que “realiza ilícitos de manera cotidiana y reiterada” para generar afectaciones millonarias al fisco, lavar dinero, o desviar recursos públicos.
Un tercer candado es que un caso de este tipo pasaría por múltiples instancias (SAT, Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República, y por último el Poder Judicial), en las que existen controles en la vía administrativa, en la vía investigativa, en la vía judicial, además de figuras legales como el amparo que protegen al contribuyente.
Por último, otro candado previsto es que la reforma otorgaría a la Secretaría de Hacienda la facultad para querellarse contra funcionarios públicos y auditores que, a través de la amenaza del delito de delincuencia organizada y la prisión preventiva, traten de extorsionar a los contribuyentes para obtener algún beneficio.
“Es una reforma de fantasía, una simulación”
A Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y experto en el estudio de las empresas fantasma, estos argumentos no le convencen. Expuso que, históricamente, el endurecer las leyes no siempre da buenos resultados. Un ejemplo claro es el caso de los secuestros. Por más que aumentaron las penas de cárcel, las tasas de plagio en el país no se han reducido.
Otro punto es que la ley, en caso de aprobarse, no se aplicaría de manera retroactiva, hacia el pasado, sino al futuro. Por lo que la defraudación fiscal y el daño al erario que se habría cometido a través de miles de empresas fantasma en casos como Las Empresas Fantasma de Veracruz, o La Estafa Maestra, quedarían en la impunidad.
“Esta reforma es una reforma de fantasía, otra simulación. Se trata de una ley que, en el mejor de los casos, se podrá ver si es efectiva en dos o tres años”, criticó Pérez de Acha.
Además, opinó el abogado, la legislación vigente ya prevé penas fuertes de cárcel para quien cometa defraudación fiscal (9 años), con el agravante de uso de empresas fantasma (otro cuatro años y medio), más el delito de lavado de dinero (otros 15 años).
“La legislación actual es suficiente, solo es cuestión de aplicarla y de hacerlo bien”, puntualizó el experto, quien añadió que el motivo de por qué las empresas fantasma continúan brotando por miles, es la falta de voluntad para atacarlas y la corrupción.
“Los recursos para atacarlas ya se tienen, y las autoridades ya tienen desde hace tiempo los nombres de los principales factureros del país. De hecho, desde el sexenio pasado, las autoridades saben que algunos de esos grandes factureros operaban desde dentro de las propias instituciones de gobierno, como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera”.
“Terrorismo fiscal”
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y secretaria en la comisión de Anticorrupción y Transparencia, señaló que equiparar la evasión fiscal con delincuencia organizada, y aprobar la prisión preventiva de oficio para este delito, es un “atentado contra los empresarios honestos”.
“Equiparar con el Chapo a un empresario que se le pudo ir alguna factura, o que fue víctima de un contador u otro empresario corrupto, es un exceso”, recalcó.
En consonancia con la postura del abogado Pérez de Acha, la legisladora panista apuntó que, actualmente, la Secretaría de Hacienda ya tiene muchos instrumentos para atacar y cerrar las empresas factureras.
“Tienen la inteligencia, los software, y todo para detectar dónde están y quiénes son, y no lo hacen. Y ahora, en cambio, quieren pasar esta iniciativa que más bien parece terrorismo fiscal”, apuntó Gálvez, quien añadió que la reforma “ahuyentará la inversión en México”.
“Los empresarios están muy preocupados por esta reforma, porque los deja indefensos y a discrecionalidad de cualquier enemigo político”, finalizó la panista.
