Robos, abuso de autoridad y extorsión: Los datos sobre la violencia que padecen migrantes en México
Migrar por México es exponerse a ser víctima de robo, a manos de pandilleros, delincuentes individuales, policías y autoridades migratorias, o hasta del personal de seguridad de los trenes utilizados para cruzar el país.
Es el delito más reportado por personas migrantes que pasan por refugios para ser auxiliados, donde al menos el 10 % denuncia haber sufrido alguna agresión en el camino.
Así lo revela el informe “Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas”, publicado este martes por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que integra 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones distribuidas en 13 estados.
Esta red atendió durante 2018 a 36 mil 190 personas, tanto extranjeras (principalmente de Centroamérica) como mexicanas dirigiéndose a otro estado, que reportaron 3 mil 777 agresiones; de ellas 2 mil 829 fueron robos.
En 956 casos, el migrante que denunció solo identificó que lo atacaron una o dos personas. En 881 ocasiones, dijo que había sido un grupo delictivo, como una pandilla; y 542 veces ubicó como agresor a un agente del Estado, principalmente policías federales, seguido de policías municipales.
También hubo 214 reportes señalando como culpables a miembros de la seguridad privada de los trenes, a quienes también se acusa de lesionar migrantes y extorsionarlos. De acuerdo con los activistas, han aumentado las agresiones de estos privados, que en la práctica se han vuelto, además, operadores de las políticas del gobierno.
“Un dato fuertísimo que salió en 2017 y que aparece ahora en 2018 es que, los guardias del ferrocarril, aunque no son corporativos del Estado, operan como operativos del gobierno, entregándolos o avisando a Migración que van tantos migrantes. En muchas zonas van hasta con pasamontañas, con armas, entonces los ven como un policía”, comentó en entrevista el director del Servicio Jesuita a Migrantes, Arturo González.
Después del robo, la siguiente agresión más denunciada cometida por agentes estatales son abuso de autoridad y extorsión. Las políticas actuales de endurecimiento de controles para frenar la migración hacia Estados Unidos, según los defensores de migrantes, lejos de mejorar esta situación, la están agravando.
“Se han reportado, también, actos de corrupción en las estaciones migratorias, mediante cobro de cuotas por el acceso a servicios básicos”, detalló en conferencia la directora del Albergue Decanal Guadalupano de Veracruz, Hermana Dolores Palencia.
De particulares, además de robos se denuncian lesiones en segundo lugar, y en tercero, secuestros.
Según lo recopilado por Redodem, del 1 de enero al 31 de diciembre del año pasado, hubo al menos 174 reportes de secuestros de migrantes, 156 de ellos eran hombres y 18 mujeres. En este delito, destaca como perpetrador la delincuencia organizada, identificada como responsable de al menos 46 % de los casos.
Esta recopilación de datos de defensores de migrantes es la única aproximación que hay a la delincuencia que sufren las personas al cruzar México, ya que los datos oficiales del gobierno se refieren siempre a denuncias presentadas, cuando un migrante difícilmente se atreve a ir ante una autoridad por miedo a ser deportada.
La estadística de Redodem también revela las diferentes afectaciones según sexo: el 95 % de migrantes que reconocen haber sufrido violencia, son hombres.
Por edades, el grueso de agresiones (59 %) lo sufren jóvenes de entre 19 y 32 años, pero también hay un 7.5 % de adolescentes entre 15 y 18 que dijo ser víctima o testigo de una agresión, un grupo que por su condición es doblemente vulnerable.
Aunque los datos presentados corresponden al periodo de 2018 y los activistas advirtieron que las irregularidades contra personas migrantes no son nuevas, sí lamentaron que con el nuevo gobierno, y ante la presión del presidente estadounidense Donald Trump, la política migratoria sigue sin tener un enfoque de derechos humanos y pro persona, sino que está orientada a detener los flujos, lo cual apunta a mayores violaciones de derechos y agresiones contra quienes salen de su país buscando mejores condiciones de vida.
“Las políticas migratorias restrictivas, lejos de procurar la seguridad de las personas migrantes y comunidades de tránsito, promueven una migración irregular que facilita el desarrollo del negocio de tráfico de personas, así como un tipo de economía ilegal sustentada en la extorsión y el robo”, reclamó el informe.
