‘Voy a seguir pidiendo justicia’: víctima de la Guerra Sucia tras disculpa del Estado
“Señora Martha Alicia Camacho Loaiza. Señor Miguel Alfonso Millán. A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la trasgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política en el pasado en el periodo conocido como Guerra Sucia. Usted, señora Martha Alicia Camacho, fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria. Señor Miguel Alfonso Millán fue torturado y desaparecido de manera transitoria. El señor José Manuel Alzapico Lizarraga fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente”.
Con estas palabras, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, oficializó la petición de perdón del Estado mexicano a Martha Alicia Camacho Loaiza, su hijo Miguel Alfonso y esposo José Manuel Alzapico. Se trata de la primera ocasión en la que México solicita disculpas a una víctima de la represión ocurrida durante la época conocida como Guerra Sucia, y que tuvo lugar en los años 60 y 70 del siglo pasado.
Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alzapico fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, el 19 de agosto de 1977. Ella estaba embarazada y dio a luz durante el cautiverio. Él fue asesinado y su mujer tuvo que presenciar las torturas a las que fue sometido y su ejecución. La mujer sobrevivió porque su padre pagó un rescate. El cuerpo de su esposo jamás apareció.
Ambos fueron miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo político militar que operó en México entre los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado. Decenas de estos activistas fueron detenidos, torturados y desaparecidos.
El relato de lo que le ocurrió es estremecedor. Lo explicó ella misma a través de un video proyectado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Cómo los militares castraron a su esposo delante suya. Cómo le lanzaron sobre su cuerpo ensangrentado. Cómo tuvo que presenciar su agonía y muerte. Cómo dio a luz a su hijo en cautiverio y, nada más nacer, le pusieron una ametralladora Thompson, haciendo bromas con que “había nacido un guerrillero”.
“Fueron hechos perpetrados por parte de la policía judicial del Estado de Sinaloa, la dirección General de Seguridad y por el Ejército mexicano. Le ofrezco una disculpa por la negación a su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como el paradero del cuerpo del señor José Manuel Alzapico. Ante los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivada de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del estado mexicano”, dijo Sánchez Cordero.
“El Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños producidos por las autoridades desde el 19 de agosto de 1977. Reitero el compromiso de implementar medidas para la no repetición de actos que violentaron sus derechos humanos. Que ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades”, dijo la secretaria de Gobernación.
El acto de resarcimiento tuvo lugar en el Centro Universitario de Tlatelolco. Por parte del Estado tomaron la palabra la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Camacho, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migraciones y Población, Alejandro Encinas. Entre el público, antiguos militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre y familiares de desaparecidos.
“Sanar al país requiere verdad, justicia y memoria. Mientras los casos del pasado no se resuelvan, mientras no existan ejemplos de justicia, estas graves violaciones seguirán ocurriendo. Si este gobierno quiere cambiar tiene que empezar a traer justicia a los casos de ayer y hoy. En ello radica la posibilidad de que el cambio de régimen se convierta en un verdadero proceso de transición democrática”, dijo Camacho Loaiza durante su intervención.
“Esto es una luz, una esperanza, un punto de partida. Que esto no quede solo en una disculpa. Es un primer logro. Hay que seguir avanzando”, dijo la superviviente, que acudió al acto con un retrato de su marido asesinado en el que podía leerse “si yo estoy viva tú nunca estarás muerto”.
“Ahora el Estado reconoce su responsabilidad. Con más ganas, con más fuerzas, voy a seguir pidiendo justicia”, dijo la mujer. Ella es la primera víctima de la denominada “guerra sucia” que recibe la petición de disculpas por parte del Estado. Sin embargo, ella es reacia a utilizar el término “guerra sucia” y considera más apropiado “crímenes de Estado”.
“Lamento mucho que no esté la Sedena. Perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería muy sano hacia el fortalecimiento de esa institución. Debieran estar aquí, porque fue precisamente al interior de la IX Zona Militar de Culiacán, Sinaloa, donde se cometieron atrocidades que van más allá de la comprensión humana”, afirmó.
Animal Político preguntó a la Sedena sobre estas declaraciones, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.
“Buscar justicia no ha sido fácil”, dijo Camacho Loaiza, quien lamentó que hubo instituciones que “no estuvieron a la altura”.
Puso en valor la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2001, en la que se reconoció la existencia de detenciones irregulares, torturas y desapariciones. “Fue un primer impulso”, aseguró.
Emocionada, agradeció el apoyo de sus familiares y de compañeros de búsqueda e instó al Estado a llevar este tipo de actos a otros territorios como Sinaloa. “Este país es una fosa. El Estado nos debe voltear a ver a la cara para no seguir solas. Debemos seguir avanzando”, dijo.
La intervención de Camacho Loaiza estuvo precedida de dos voces oficiales. Por un lado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Por otro, Alejandro Encimas, subsecretario de Derechos Humanos, Migraciones y Población y que, además, fue militante del Partido Comunista.
“Este es un acto de gran trascendencia. Es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en graves violaciones a los Derechos humanos. Un alto en el camino en una historia en la que no hemos sido capaces de crear las condiciones de encuentro de nuestro país”, dijo Encinas.
El subsecretario puso en valor el reconocimiento “en medio de coyuntura de debate sobre uno de los episodios más oscuros en la vida de nuestro país, la Guerra Sucia. Debe obligarnos a una revisión profunda, reescribir nuestra propia historia y asumir las responsabilidades”.
“Predominaba el principio de autoridad y la razón de Estado por encima de los derechos y libertades de las personas. El Estado tiene la obligación de juzgar a quienes cometieron ilícitos, pero esto debe hacerse siempre en el marco del respeto a los derechos de todas las personas y no en el marco de desaparición o la tortura”, dijo.
Encinas también reconoció la existencia de “una generación perseguida”. Una generación a la que pertenece Camacho Loaiza. Por ejemplo, el informe de la CNDH de 2001 reconoce la existencia de 532 desaparecidos entre los 70 y los 80. También la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006) reconoció la existencia de más de 2 mil torturados y desaparecidos.
“El México de los 70 vivió en represión, el Estado asumió como enemigos a los disidentes políticos. Se realizaron prácticas de contrainsurgencia, detenciones, torturas, a cientos de hombres y mujeres”, dijo Encinas.
El subsecretario aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “es un cambio frente a la impunidad, que debe quedar atrás”. No solo defendió pedir perdón, sino buscar a los responsables y comprometerse con una cultura de defensa de las libertades.
“Nuestra más sincera disculpa. Vamos a seguir trabajando por la libertad de todos los mexicanos”, dijo.
