La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a las empresas Lomedic y Laboratorios Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Jalisco.
Con esta inhabilitación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fiscalía General de la República, así como a las empresas Productivas del Estado, gobiernos estatales y municipales no podrán acordar ni celebrar contratos con la empresa en un periodo de dos años y medio.
Ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas por lo que deberán pagar una multa por 1 millón 51 mil 500 pesos.
“Las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona que en ese momento era diputado federal era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, informó la SFP.
El delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, anunció su renuncia a su cargo en julio, luego de haber sido señalado por supuesto conflicto de interés en licitaciones gubernamentales de medicamentos.
A Lomelí Bolaños se le acusa de tener una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario solo reconoce como propias cuatro de esas compañías.
Ese grupo farmacéutico ha vendido miles de millones de pesos en contratos gubernamentales en siete años (2012-2019). Tan solo una de esas compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, Abisalud, ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.