Función Pública concentra los recursos para investigar y sancionar; la Fiscalía Anticorrupción tendrá 70% menos
La Secretaría de la Función Pública, encabezada por Irma Eréndira Sandoval, tendrá un aumento presupuestal de 57% para 2020, y los recursos adicionales serán aplicados sobre todo para los programas de fiscalización a la gestión pública e inhibición y sanción de las prácticas anticorrupción en el gobierno.
En contraste, el mayor recorte registrado entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción –al que también pertenece la Función Pública– está en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, encargada de investigar delitos por hechos de corrupción y tendrá 69.8% menos presupuesto.
De acuerdo con la estrategia programática, la Función Pública “tiene como misión consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente”, por lo que el presupuesto para el siguiente año estará enfocado en acciones para “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad; separar el poder político del poder económico para construir un auténtico Estado de Derecho bajo la premisa de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.
Por ello, los seis programas presupuestarios para la función pública y mejoramiento de la gestión tendrán aumento de recursos para el próximo año: actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno; fiscalización a la gestión pública; integración de las estructuras profesionales del gobierno; políticas de austeridad republicana y eficacia gubernamental; inhibición y sanción de las prácticas de corrupción; y promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas.
Para la “Fiscalización de la gestión pública” tendrá 575 millones de pesos, el mayor monto según su programación de programas presupuestarios para el próximo año. Esto significa más de 300 millones de pesos más que en 2019, cuando le fueron asignados 231 millones de pesos. Y servirá sobre todo para la operación de los titulares de los órganos internos de control de todas las dependencias y entes de gobierno que le fueron adjudicados tras la reforma a la administración pública de 2018.
Como parte del objetivo de “fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas ilícitas, así como de la promoción de la cultura de la legalidad entre las y los servidores públicos”, funcionará el programa de “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” que tendría 219 millones de pesos de presupuesto, lo que aumenta en 54 millones en comparación con el año pasado cuando recibió 165 millones de pesos.
La investigación y las sanciones atribuidas a la Función Pública son en el ámbito administrativo previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por faltas se prevén sanciones como amonestación pública o privada, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación y sanción económica.
Para “Políticas de austeridad republicana” se destinarán 212 millones de pesos, mientras que en 2019 tuvo 168 millones de pesos. Para la “Integración de las estructuras profesionales del gobierno”, gastará 66 millones de pesos.
La dependencia también ocupará el presupuesto para “ofrecer a la sociedad un gobierno honesto e íntegro que actúe siempre en el marco de la legalidad y los Derechos Humanos”.
Por lo que se plantean objetivos específicos como “consolidar la política de integridad” en las dependencias a través de lineamientos actualizados para “la integración, coordinación y funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en la administración pública”, por ello, para “promoción de la cultura de la legalidad” destinará 197 millones de pesos.
El Sistema Nacional Anticorrupción con “crecimiento”
El Sistema Nacional Anticorrupción se creó gracias a una reforma constitucional en 2014 prevista para la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en el país a través de la coordinación de las autoridades locales y federales con la participación de diferentes actores del Estado: la administración pública, el Poder Judicial e incluso la sociedad civil.
Aunque existe un incremento real de 5.2% entre las cinco instituciones que lo conforman, al pasar de 65 mil 459 millones de pesos a 68 mil 885 millones de pesos, no a todos les aumentó el presupuesto, de acuerdo al análisis realizado por Marco Fernández, investigador del Tec de Monterrey y México Evalúa.
En su análisis advierte que la Secretaría de la Función Pública es la de mayor aumento, con más de la mitad de su presupuesto comparado con el año pasado. En tanto, el mayor recorte está en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción con 69.8%.
La Fiscalía, a cargo de María de la Luz Mijangos, se encarga realizar la “investigación, prevención y persecución” de los delitos relacionados con hechos de corrupción previstos en el Código Penal Federal, por ejemplo, cohecho que prevé penas de dos a 14 años de prisión.
Los casos que pueda integrar la Fiscalía serían llevado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que los magistrados resuelvan y, en su caso sanciones a los posibles responsables.
El Tribunal, tendría 11.4% de aumento presupuestal para 2020. El resto de los integrantes del sistema está el Consejo de la Judicatura Federal que tendría 4.5% más presupuesto, mientras que la Auditoría Superior de la Federación no tendría variaciones y los recortes sólo estarían en el INAI, con 0.2% y la Secretaría Ejecutiva del Sistema, menos 0.4%.
