En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que avala su formación, capacidades y confiabilidad.
Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para certificar a todos sus elementos. Sin embargo dicho plazo concluyó esta semana y no lo hicieron.
Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían estar trabajando.
Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados es incluso inferior a 20%. De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a más de la mitad de los policías certificados.
El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y proceso de evaluación de control de confianza.
Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías).
El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado.
Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la certificación de los agentes de seguridad.
Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los agentes así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en la espera de una respuesta.
Los datos proporcionados vía transparencia por el SESNSP revelan que México cuenta con una fuerza total de 288 mil 7 policías a nivel local (estatales, municipales y ministeriales) y 42 mil 769 de nivel federal (policías federales y de la Fiscalía General de la República).
En el tema específico de los policías de nivel local los datos arrojan que 79 mil 291 contaban al cierre de agosto con su CUP, que equivale solo al 27.5% de todos los agentes estatales y municipales en funciones. No hay ni una sola entidad federativa en donde la certificación se haya cumplido al 100% dentro del límite establecido, aunque algunas están mucho más atrasadas que otras.
Por ejemplo, Querétaro y Durango son las entidades con la mayor proporción de policías certificados con poco más del 75%. Esto significa que 3 de cada 4 de sus policías sí cumplen con los requisitos legales para desempeñar ese cargo.
Después le sigue Colima en donde se reporta al 60% de los policías locales que cuentan con el CUP, mientras que Guanajuato y Campeche reportan niveles de entre 50 y 55% de sus policías certificados.
Estas cinco entidades son las únicas en donde se reporta a más de la mitad con el certificado obligatorio que marca la ley. Todas las demás se encuentran por debajo de 50% y hay casos dramáticos.
Por ejemplo, datos proporcionados muestran que en Tlaxcala apenas un 0.6% de los policías – 20 de los más de tres mil 200 agentes locales en la entidad – cuenta con el CUP. Le sigue Guerrero con solo un 8.3% de todos sus policías certificados.
La tercera entidad con el mayor retraso es justamente Ciudad de México con apenas un 9.7% de sus policías debidamente certificados. Dicho de otra forma, en la capital del país solo 1 de cada 10 agentes cumple con la certificación obligatoria que respalda que tiene las habilidades necesarias para hacer ese trabajo.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que la policía de la Ciudad de México es la más numerosa del país.
Baja California Sur es la cuarta entidad con la menor proporción de sus policías certificados al cierre del plazo establecido con apenas un 10%. Y hay otras seis entidades que reportan menos de 20% de sus policías evaluados: Sonora, Jalisco, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit.
En una situación igual de mala se encuentran las fuerzas federales. Los datos oficiales del SENSP muestran que apenas 5 mil 266 de los 42 mil 769 elementos, un 12.3%, cuenta con su CUP. Es un porcentaje aún menor que el de las policías estatales.
En lo específico llama la atención el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en la cual solo 7 de cada 100 elementos de la Policía Federal Ministerial cuenta con el certificado que avala su formación, capacidades y confiabilidad.
Los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial publicados en septiembre de 2016 establecieron claramente que la responsabilidad de evaluar a los policías para obtener el CUP es de las instituciones de seguridad a la que están adscritos, y del personal y centros de control de confianza por el SESNSP.
El artículo 10 establece, por ejemplo, que personal acreditado por el SENSP será el responsable de realizar las evaluaciones de competencias básicas, mientras las instituciones de seguridad estarán a cargo de las evaluaciones de desempeño.
En el caso del procedimiento de control de confianza (que incluye evaluaciones de polígrafo, toxicológicas, entre otras) los responsables los Centros de Evaluación y Control de Confianza que operan en los estados pero que deben estar certificados por el Secretariado Ejecutivo.
Los lineamientos también establecieron que cualquier incumplimiento con estas disposiciones tendría que ser evaluada por las contralorías correspondientes.
En los próximos meses el Congreso analizará una propuesta de reforma del gobierno federal que buscar dar a las policías locales del país facultades para poder auxiliar en la investigación de los delitos, responsabilidad que hasta ahora recae primordialmente en el Ministerio Público los policías ministeriales o de investigación.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica impulsado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contempla que para que lo anterior sea posible y para que se profesionalicen a los agentes locales, es necesario que en 2020 el 50% de los fondos destinados a los municipios (Fortamun) se destina exclusivamente al fortalecimiento de los cuerpos locales de seguridad.
Sin embargo el Proyecto de Egresos de la Federación para el 2020 que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados solo contempla – al igual que en años pasados – que el 20% del Fortamun se destine a temas de seguridad. En los hechos se trataría de unos 20 mil millones de pesos en vez de los 50 mil que según los expertos es el mínimo que se requiere.
Cabe señalar que la cámara baja aún se encuentra en análisis del proyecto y este será uno de los temas que serán estudiados.