CNDH investiga actuación de mandos de policía por presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas
El gobierno de Tamaulipas deberá poner a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la cadena de mando policial que participó, el pasado 5 de septiembre, en los hechos que derivaron en la muerte de ocho personas en Nuevo Laredo.
Esa información es importante en las investigaciones de la CNDH, para descartar o comprobar, según sea el caso, que se trató de una ejecución extrajudicial a manos de policías estatales, como lo denunciaron familiares de las víctimas.
La CNDH inició una investigación independiente a las pesquisas oficiales que lleva la Fiscalía de Tamaulipas, instancia que tiene pendiente de poner a disposición ministerial a todos los mandos que participaron en los hechos ocurridos hace más de 15 días en una colonia de la ciudad de Nuevo Laredo. Hasta el momento son ocho los policías estatales señalados y ninguno ha sido vinculado a proceso.
La Comisión ha entrevistado a 13 testigos de los hechos y ha reunido ocho videos aportados por “particulares”, ya que el sistema de vigilancia C-4 no tiene cámaras en Nuevo Laredo, una situación que ha dificultado la investigación.
“No solo son los que operativamente estaban en el lugar, sino cómo se dieron las circunstancias para que estuvieran en ese lugar: quién lo determinó, a qué hora, bajo qué circunstancia se dieron las órdenes de mando”, informó a Animal Político el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama.
Señaló que esa institución mantiene su presencia en terreno con forenses, criminalistas, abogados, psicólogos y visitadores adjuntos en Nuevo Laredo desde el pasado 11 de septiembre, cuando recién se dio conocer la denuncia de familiares de víctimas, quienes presentaron pruebas de un presunto montaje orquestado por las autoridades de Tamaulipas.
El 5 de septiembre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió la versión oficial de los hechos en un comunicado, en donde se asegura que los efectivos estaban realizando un recorrido en las inmediaciones de la colonia Valles de Anáhuac cuando detectaron una camioneta negra sin placas “desde la cual les empezaron a hacer detonaciones”.
Después se narra que hubo una persecución hasta una casa donde habría continuado el enfrentamiento. En el comunicado se informó que ocho personas fueron abatidas y que portaban uniformes tipo militar “con insignias pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Nuevo Laredo”.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó que esa camioneta fue “sembrada” por la policía y reunió otras pruebas que refutan la versión oficial, incluyendo los testimonios de las familias de las víctimas y el certificado de defunción de una de las víctimas, donde se especifica que recibió “el tiro de gracia” más de dos horas después de la presencia de la policía en el lugar de los hechos.
Raymundo Ramos, presidente de esa organización, dijo a Animal Político que ese certificado de defunción es una prueba “irrefutable” de que la policía realizó un montaje para ocultar ocho ejecuciones extrajudiciales.
La CNDH, que ya tiene todas las pruebas que está aportando ese centro de Derechos Humanos, realizó peticiones específicas al gobierno de Tamaulipas con dudas que han ido surgiendo producto de las pesquisas realizadas hasta el momento, tanto en terreno como en el análisis de las carpetas de investigación generadas por la Fiscalía de Tamaulipas.
“Son 22 aspectos concretos que les estamos pidiendo de manera particular y se pueden generar otros aspectos, volverles a insistir, buscar más en las carpetas y hablar con más personas”, señaló el segundo visitador.
Uno de los temas pendientes, y que por ley se deben resolver a más tardar la próxima semana, es la posibilidad de entrevistar a los mandos de los ocho policías que están señalados por participar en los hechos.
“Dentro de los puntos concretos que se les pidió a las autoridades al rendir su informe va lo relacionado a los elementos que pudieran haber intervenido, y a los mandos, es decir, no solamente los que se ubicaron en el lugar, sino a los mandos, los que pudieron haber dado alguna indicación o determinar la ruta que iban a seguir en el operativo de vigilancia o como ellos le quieran llamar”, informó Guadarrama.
El jueves pasado Raymundo Ramos y familiares de las víctimas se reunieron con el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache Mondragón, a quien solicitaron que interceda para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación porque, dijo, no tienen confianza en la investigación que realiza la Fiscalía de Tamaulipas.
Tampoco confían en la Fiscalía especial que fue creada para ese caso y están buscando reunirse en persona con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Vamos a esperar a que la Fiscalía atraiga la investigación, esperamos que en las próximas horas decidan y armar un plan de seguimiento”, afirmó Raymundo Ramos.
En respuesta a la reunión, la Segob emitió una nota informativa donde a nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos exhortaron a las autoridades de Tamaulipas, la fiscalía local y la FGR a que “realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de las ocho personas en la colonia Valla de Anáhuac”.
El pasado día 17 la Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la designación de un fiscal especial para el caso, y dio a conocer que tiene “tiene avances significativos que permitirán tener resultados de las indagatorias en breve”.
Los familiares de las víctimas acudieron también este jueves a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ONU-DH), en donde les recibieron una petición para que esa organización se pronuncie sobre los hechos.
“Ayer estuvimos en la ONU Derechos Humanos pidiendo la intervención del relator especial para este asunto y creo que la próxima semana ya tendremos un informe qué enviar a Ginebra”.
Mientras tanto, la CNDH continúa su investigación con carácter de “prioritario”, según las instrucciones del presidente de esa institución, Raúl González Pérez. “Tenemos indicación muy clara del presidente de la Comisión de que apretemos la investigación”, señaló Enrique Guadarrama.
