El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que tras el análisis de millones de datos de telefonía celular, una de las primeras conclusiones es que ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa tuvo contacto con algún grupo delictivo.
“Se han analizado 80 millones de registros de llamadas de los teléfonos de los muchachos con 206 mil registros de interés y aunque no puedo decir detalles sí quiero aclarar que nunca hubo contacto de algún estudiante con ningún grupo delictivo”, dijo en conferencia de prensa.
Encinas reconoció que en ocho operativos (en los municipios guerrerenses de Iguala, Cocula, Huitzuco, Tepecoacuilco y Mezcala) realizados en 48 días de búsqueda no ha habido “hallazgos positivos” sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
Detalló también que el comité científico asesor de la comisión especial realizó una unificación en los registros de búsquedas de fosos de las fiscalías relacionadas con la zona de donde fueron extraídos 184 cuerpos, de los cuales 44 fueron identificados sin tener relación con el caso.
A cinco años de la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Encinas informó que se ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien proporcione información fidedigna y verificable sobre el paradero de los jóvenes y una más de 10 millones de pesos para localizar a Alejandro Tenescalco, presunto implicado en la desaparición de los normalistas.
Al dar un reporte de los avances del caso, Encinas afirmó que “en el caso de Ayotzinapa la única verdad clara es que hasta ahora no hay ninguna verdad” y sostuvo que actualmente el caso está clasificado como una desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.
El funcionario indicó que en la última reunión con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) se acordó avanzar en un replanteamiento integral de la investigación para subsanar todas las fallas que tuvo la indagatoria realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, informó que la próxima semana se enviarán citatorios a quienes se desempeñaban como funcionarios cuando ocurrió la desaparición de los normalistas.
“La próxima semana el exgobernador, exprocurador y exsecretario de seguridad y después funcionarios federales; se llamará a todos los implicados del ámbito municipal, estatal y federal”, aseguró.
En próximos días, dijo, declarará el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien ha mostrado disposición para brindar detalles del caso, y no descartó que también sea llamado a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto porque “nadie está por encima de la ley”.
Asimismo, expuso que si se reúnen las pruebas necesarias para fincar nuevos delitos y si los funcionarios vinculados u otras personas son responsables por actos u omisiones, podrían ser llamados a declarar o detenidos nuevamente.
Gómez Trejo indicó que la Unidad a su cargo retomó los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabajaron en 2015 y 2016 en este caso, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Mencionó que en estos tres meses de operación de la Unidad se han llevado a cabo nueve procesos de búsqueda, acciones de investigación para encontrar y localizar a los estudiantes, así como la diligencia de Tepecoacuilco.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador portó una camisa gris con el número 43 y con la leyenda: “Ayotzinapa. 5 años. Yo con la verdad”, en alusión a los normalistas desaparecidos. “Me dieron esta playera de apoyo y me la puse, estamos con los padres”, dijo.
López Obrador afirmó que para el gobierno de la República es un asunto fundamental que se esclarezcan los hechos del caso Ayotzinapa, que se encuentre a los jóvenes desaparecidos y se haga justicia.
Informó que se reunirá cada dos meses con los familiares de los normalistas para evaluar los avances en el caso.
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Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes, ha denunciado que autoridades de la fiscalía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto realizaron una investigación que “falseó” los hechos para “construir una teoría a base de torturas a detenidos para que confesaran que asesinaron e incineraron” a los jóvenes en un basurero.
Rosales se refería a la denominada “verdad histórica” que sostuvo la fiscalía al inicio de la investigación y según la cual los jóvenes fueron asesinados por un grupo delictivo, que los confundió con miembros de un cártel rival, para luego incinerar sus cuerpos en el basurero de la comunidad de Cocula.
Este 26 de septiembre, las madres, padres y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos hace cinco años marcharán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y verdad.
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