Dolo, malversación y omisiones: estos son los elementos de delito presuntamente cometidos por Robles
Las 21 horas de audiencia que enfrentó Rosario Robles Berlanga, extitular de Sedesol y Sedatu, quedaron resumidas en 20 páginas en las que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna explicó los criterios que definieron su vinculación a proceso, es decir, continuar con el procedimiento penal.
Los elementos de delito que presuntamente cometió la exfuncionaria, según consideró el juez, incluyen dolo, malversación de recursos públicos y omisión ante posibles afectaciones a la hacienda pública, por lo que fue imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en el esquema de presunto desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
Dicho esquema se trata de la firma de convenios entre las dependencias del Gobierno Federal con universidades públicas para hacer supuestos servicios, aunque en realidad no se cumplieron porque las instituciones subcontrataron a empresas fantasma, y el dinero desapareció.
El documento mediante el cual se oficializó la vinculación a proceso ante el Poder Judicial de la Federación, ocurrida este martes 13 de agosto, contiene los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República, que consisten en entrevistas con exfuncionarios, documentos de la Auditoría Superior de la Federación, carpetas de investigación de más implicados, entre otros documentos.
En la causa penal número 314/2018 contra María del Rosario Robles Berlanga se desglosan los elementos de delito presuntamente cometidos por ella en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior, y que a continuación se explican:
Conocimiento de las posibles afectaciones a la hacienda pública, debido a la firma de los convenios con universidades públicas que simulaban servicios. Esta irregularidad fue informada por el exauditor Juan Manuel Portal, con la entrega de pliegos de observaciones; y posteriormente, en dictámenes técnicos donde se desprende el posible daño a la Hacienda Pública en ambas dependencias.
Posible afectación del patrimonio de Sedesol y Sedatu, calculado en 5 mil 73 millones de pesos. Se realizaron contrataciones con universidades para evitar licitaciones públicas, se permitió la subcontratación de más de 49% de los servicios con empresas y los servicios no se prestaron en algunos casos.
También “existe la presunción que los recursos no se utilizaron para los fines de los convenios, sino que fueron dispersados. No se actuó con honradez en el manejo de los recursos”, por lo que existe un probable daño de 5 mil 73 millones de pesos.
No informar por escrito a su superior jerárquico o evitarlo si está dentro de sus facultades. La acusación señala que Robles no evitó que las personas a su cargo dejaran de suscribir convenios y tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; fueron las mismas personas en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa como oficial mayor y a pesar de que era su subalterno, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares.
Además, no informó a su superior jerárquico por escrito de las irregularidades, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto. Aunque en la audiencia Robles dijo que sí le había informado a través de giras de trabajo, reuniones de gabinete y teléfono rojo, el juez consideró que debía ser mediante documento si éste existiera, pero no se presentó en la audiencia “entonces se le está encubriendo”.
Malversación de fondos públicos o darles un destino distinto para el cual se habían otorgado. Los recursos autorizados por el Congreso debían destinarse al combate a la pobreza y al reordenamiento del territorio nacional en la Sedesol y Sedatu, respectivamente, y en cambio se destinaron recursos a los convenios irregulares para servicios que no se cumplieron en algunos casos.
Omisión. Como titular de la Sedesol y la Sedatu tenía que ser garante de los recursos de las dependencias, para que se utilizaran para los fines establecidos, “lo que no ocurrió; por ello, su falta de acción es ahora relevante para el derecho penal”. Esto porque se abstuvo de informar al Presidente de la República, y porque los convenios irregulares se operaron en las dos secretarías que dirigió sin que lo impidiera.
Dolo. “No quiso actuar porque los directamente señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de trabajo y, en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a pesar de que ella, era la única que podía indicarles que actuaran en forma distinta”. De acuerdo con el juez, Robles “conscientemente inició una conducta de omitir informar o no evitar, a pesar de prever el daño a la hacienda pública, con lo que tácitamente aceptó la actualización de otras conductas delictivas”.
