Liberan a presunto agresor de una niña en Hidalgo aunque había pruebas y él no negó el abuso
Para Mónica, de 36 años, los últimos tres meses han sido un calvario que no desea a nadie. Desde que su hija de 7 años le contó lo que su maestro le hizo durante un mes en el salón de clases, sus vidas cambiaron drásticamente. Los juegos de la pequeña se convirtieron en noches de pesadillas y miedo a la oscuridad, y la madre dejó de estudiar la preparatoria abierta por buscar justicia en oficinas de gobierno, aunque hasta el momento no lo ha logrado.
Pese a la existencia de un dictamen psicológico que acredita el abuso sexual, el sistema judicial de Hidalgo mantiene en libertad al presunto agresor de la pequeña, que estudiaba el segundo año de primaria.
Aunque fue detenido y enfrentó tres audiencias, la jueza Xóchitl Rodríguez Camacho, del Tercer Circuito de Tula, decidió que el profesor Juan N. continuara el proceso penal en libertad, sólo porque la menor no pudo precisar las fechas en que ocurrieron los presuntos abusos.
En marzo del año pasado, el maestro Juan N. comenzó a dar clases en una primaria en el municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, una comunidad donde 6 de cada 10 vive en pobreza y el promedio de escolaridad es de ocho años, es decir, la mayoría de sus habitantes ni siquiera completa la educación básica.
Se hizo cargo del grupo de primer año, y continuó con él para el actual ciclo escolar. Todos los días Mónica, a quien se ha cambiado el nombre por seguridad, llevaba a sus hijos a la primaria, luego trabajaba haciendo el aseo en casas, estudiaba la preparatoria abierta. Atendía a sus hijos sola porque se separó de su esposo y él vive en otro estado.
En abril, su cotidianidad cambió.
Su hija comenzó a tener pesadillas por las noches. Despertaba llorando. Un día la pequeña no pudo más y le dijo: “mami, te voy a contar algo”. Entre sollozos, narró el abuso sexual que su maestro le hizo a ella y a otras tres niñas. Incluso recordaba cuándo comenzó. “Fue después del 14 de febrero, mami”, una fecha que recordaba bien porque estaba triste, ya que que su profesor fue el único en la escuela que no organizó intercambio de regalos.
A nadie en la escuela le pareció raro que Juan N. moviera su escritorio a una esquina al fondo del salón de clases y pusiera videos a los alumnos durante las clases, pero ahora cobra sentido. Mientras los alumnos sentados observaban la pantalla al frente, él llamaba a alguna de sus alumnas para sentarla en sus piernas. “Yo me quería soltar, mami, pero él me apretaba fuerte las manos. Fueron cinco veces, mami”, le contó la pequeña.
La nena no se atrevía a decirlo porque una de sus amigas le contó que escuchó al maestro amenazar a otra de las pequeñas, advirtiéndole que si decía algo mataría a sus papás. “Pensé que también te iba a matar o a mi hermanito, mami”.
Mónica no sabía qué hacer, por eso fue con el pastor de la iglesia cristiana de la comunidad para pedirle consejo, y luego con el supervisor de la zona escolar para informarle; éste le avisó al director de la escuela. “Yo sólo quería que ya no volviera a estar cerca de mi hija, les pedí que lo cambiaran, que no lo dejaran volver a la escuela”, cuenta Mónica.
El director y supervisor hablaron con el maestro Juan N., mientras escuchaba las acusaciones “ni siquiera lo negó, el muy desgraciado”, le dijeron el supervisor y directora a Mónica. Por eso le recomendaron denunciar penalmente, para poder proceder. Y así lo hizo.
Al siguiente día, con su esposo, fue al Ministerio Público de Tula, a dos horas de camino de su comunidad. La madre narró lo ocurrido y los citaron días después para que lo hiciera la niña.
“¿Para qué denuncias?”
Pese a ser un caso de abuso sexual, quien atendió la valoración psicólogica de la menor fue un psicólogo hombre, contrario a los protocolos de atención para estos casos. La sesión, en mayo pasado, tuvo que ser interrumpida en tres ocasiones porque la niña lloraba y se negaba a tener que recordar y contar otra vez lo que tanto miedo le causaba. “Tienes que hacerlo para que te podamos ayudar”, le decía el psicólogo. “Aquí estoy, mi amor, no tengas miedo, ya no te va a pasar nada”, le decía Mónica mientras la abrazaba.
El dictamen psicológico concluyó que la pequeña presenta “estado emocional alterado en relación con los hechos que se investiga, caracterizado por miedo, angustia, ansiedad, temor, sentimientos de inadecuación ya que carece de defensas psicológicas por su edad para hacer frente a la invasión a su cuerpo, lo que genera alteración psicosexual. Se siente insegura, tensa, bajo presión y amenazas”, asienta el documento al que este medio tuvo acceso.
Mónica sabe bien lo que eso significa, porque la niña, cada vez que tiene episodios de angustia, llora tanto que le falta el aire para hablar. La madre le promete que no le pasará nada. Su manera de defenderla fue evitar que el agresor estuviera cerca de la pequeña, por eso se atrevió a denunciar.
Aunque la niña también narró que le hacía lo mismo a otras tres compañeritas, el resto de las familias no se atrevieron a seguir el camino judicial. “Yo he hablado con las mamás, pero ellas no quieren hacer nada porque no tienen dinero para andar de un lado a otro. Dicen que mejor no se sepa porque en el pueblo se piensa que después, cuando las niñas crezcan, van a decir que no valen como mujeres porque fueron tocadas”.
Sólo una estuvo dispuesta a denunciar en el momento y Mónica se lo comentó a su abogada de oficio, Guadalupe Hernández, pero ésta le dijo que no era necesario. Ahora ya no quiere hacerlo porque la otra niña muestra más afectaciones, y no quiere que su pequeña reviva el trauma.
Mónica confía en que la justicia de este país hará su trabajo, pero otros no tienen la misma confianza. A la par de intentar ayudar a su hija y el viacrucis de trámites, la madre también ha tenido que soportar reproches y reclamos de su esposo y de la comunidad. “Por qué no mejor solo nos dijiste y lo hubiéramos linchado. Qué haces ahí denunciando, no le van a hacer nada porque él tiene dinero y nosotros no”, le han dicho.
“A veces creo que sí me equivoqué”, dice la joven madre. La duda de haber hecho lo correcto responde al trato que ha recibido de los impartidores de justicia en el estado de Hidalgo.
Lo detienen y jueza lo libera
A final de junio, es decir, casi un mes después de haberse obtenido el resultado del examen psicológico, éste fue integrado a la carpeta de investigación. Al acreditarse el abuso sexual y el daño causado a la pequeña a tres meses de la denuncia, se giró orden de aprehensión y Juan N. comenzó un proceso judicial. Mónica pensó que al fin habría justicia.
En la primera audiencia, la madre no fue notificada y no estuvo presente, pero su abogada de oficio le dijo que los abogados del acusado argumentaron que la niña de 7 años de edad caía en “contradicciones”, por haber señalado como fechas en que ocurrieron los supuestos abusos días no hábiles.
En la segunda audiencia, la única donde la madre estuvo presente, los abogados del maestro le insistían a la jueza que su cliente era inocente, y en señalar las fechas de “contradicción”, mientras que la abogada de oficio se trababa al intentar defender el caso. Pero “yo sé que ella tiene más carpetas además de la nuestra. Entiendo que tiene mucho trabajo y tal vez no le da tiempo de revisar todo”, justifica Mónica.
En la última audiencia, que tampoco le notificaron a la madre de la víctima, pese a las pruebas que acreditaron el daño psicológico por abuso sexual, y a que incluso la misma SEP suspendió al acusado, la jueza del Tercer Circuito de Tula, Xóchitl Rodríguez Camacho, decidió que Juan N. no fuera vinculado a proceso, es decir, que ya no había materia para seguir investigando y por lo tanto lo dejó en libertad.
Animal Político pidió una postura respecto a la actuación de la jueza Xóchitl Rodríguez, al Consejo de la Judicatura del estado de Hidalgo, presidido por la magistrada Blanca Sánchez Martínez, pero no hubo respuesta pese a que aseguraron que analizarían el caso. Mientras que la abogada de oficio tampoco ha atendido llamadas ni mensajes de este medio.
La abogada defensora Guadalupe Hernández interpuso una apelación, el 11 de julio pasado, en contra de la decisión de la jueza para que Juan “N” sea vinculado a proceso y continúe la investigación judicial, argumentando que se debe proteger a la menor de edad y que no haber sabido con precisión las fechas del presunto abuso no es motivo para desestimar la acusación.
Hasta el momento no se ha resuelto la apelación en el Tribunal Superior de Justicia en el estado de Hidalgo.
El caso llega a la Fiscalía General de la República
Pese a la denuncia, la asignación de un abogado de oficio es el único apoyo legal que Mónica ha recibido. Y aunque la niña fue canalizada a apoyo psicológico en el DIF del Hidalgo sus citas, que habían sido cada semana, fueron suspendidas durante un mes por vacaciones de los funcionarios y serán retomadas hasta final de agosto.
Aunque Mónica no ha recibido asesoría judicial profesional, ha estado agotando todas las vías de denuncia para que alguien la escuche. Después de tener el dictamen psicológico acudió a interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y ante la Secretaría de Educación Pública federal y su representación en Hidalgo.
Gracias a la denuncia ante la dependencia federal, el caso llegó a la Fiscalía General de la República, específicamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (FEVIMTRA). Apenas el 9 de agosto pasado, la carpeta de investigación con 88 páginas fue recibida en la institución federal. Mónica confía en que ahora sí alguien haga justicia.
El 17 de junio, la madre interpuso la denuncia también ante el Órgano Interno de Control de la SEP en el Estado de Hidalgo, pero su respuesta alteró a los niños y la comunidad. Un psicólogo y dos abogados de la dependencia estatal acudieron a la escuela e hicieron preguntas a los alumnos de segundo grado, sin consentimiento de los padres.
“No sabemos cómo les habrán preguntado, que mi hija se puso peor. Ni nos avisaron que iban a ir. Tal vez querían comprobar que no mentimos, pero qué más pruebas quieren. No estamos mintiendo ni mi hija ni yo. Y ni así hacen algo”, dice Mónica.
Animal Político solicitó información al respecto a la dependencia en la entidad y confirmó que la denuncia fue recibida y, por lo pronto, se le ha retenido el pago de salario al maestro Juan N. y no podrá dar clases en el próximo ciclo escolar, pero permanece en el sistema educativo hasta en tanto no haya una resolución judicial.
La SEP de Hidalgo dice que la alumna y su familia serán incluidos en el Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de Violencia (REPAEVE), para recibir el apoyo correspondiente hasta que concluya el proceso legal y se acredite el delito con una resolución judicial.
Mónica habla con un tono que delata llanto contenido, y en algún momento de la plática no puede más y se quiebra. Se quiebra cuando dice que sólo desea que su hija crezca normal, que esto no le arruine la vida.
La pequeña no quiere volver a esa escuela, su más reciente pesadilla se sitúa ahí. “Veo al maestro en el baño de la niñas diciéndome que por qué hablé, que ahora me va a ir peor”, le contó la pequeña.
“Pero le digo que él ya no estará ahí, que ya no debe tener miedo porque no la puedo cambiar, no puedo pagar ni los pasajes todos los días para llevarla a la otra primaria, que está en el otro pueblo. Sólo la abrazo, me duermo con ella y le hablo de Dios”.
Mónica es creyente, y en su iglesia consideran al perdón como un acto de comunión con Dios, y ella lo cree, “pero también hay autoridades para que se haga justicia”, que Juan N. no vuelva a dañar a ningún pequeño, que no vuelva a estar en una escuela. “Que ningún niño tenga que pasar por esto, ni ninguna madre”.
