De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.
Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.
¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:
Según lo narrado por la FGR al juez federal, el interés de la constructora Odebrecht por invertir en México surgió en 2009, cuando su entonces Director Superintendente en México, Luis Alberto de Menesses Weyll, conoció a Emilio Lozoya Austin, quien por aquel entonces ejercía el cargo de Director del Foro Económico Mundial de América Latina.
“Al tener ese cargo y por ser mexicano, (Lozoya) tenía conocimientos que Luis Weyll consideró útiles para su plan de acción. De 2009 a 2012 tuvieron un sinfín de reuniones siempre que Emilio (Lozoya) estaba en México, donde él (Weyll) lo consultaba para que lo orientara sobre la manera en que podrían desarrollar negocios”, señalaron los fiscales.
La recomendación específica de Lozoya para Weyll, según lo descrito por la FGR, fue que se asociara con empresarios de nivel estatal para fortalecer su presencia en el país, y específicamente le habría recomendado dirigirse a Veracruz y Tamaulipas, entidades que para 2010 estaban bajo administración priista y con la posibilidad de repetir sexenio.
Los fiscales sostienen que fue el propio Lozoya quien personalmente presentó a los directivos de Odebrecht con varias personas con la finalidad de asociarse. Ello le permitió a la constructora ganar diversos contratos en sociedad con empresas locales.
Como “agradecimiento” a las gestiones realizadas a nivel local que ayudaron a Odebrecht a posicionarse en México, pero también como un aliciente para ser favorecidos con contratos a nivel federal en el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, Odebrecht transfirió en 2012 más de tres millones de dólares a Lozoya. El pago se hizo en cinco partes a través de cuentas fachada, como se describe en esta nota.
El expediente entregado al juez detalla que Lozoya le recomendó a los directivos de Odebrecht que invirtieran en Veracruz, uno de los estados más poblados del país y con una fuerte infraestructura relacionada con la producción y transporte de combustibles, y sus derivados.
En específico les recomendó que buscaran asociarse con un empresario local de nombre Felipe Ruz quien, junto con su hijo, era propietario de la compañía “Constructora Ruso”, a través de la cual podrían buscar distintas inversiones.
Sin embargo, según los fiscales de la FGR, las recomendaciones de Lozoya no se limitaron a alianzas empresariales, sino que les sugirió que era importante aprovechar el contexto político local de cambio de gobierno.
“Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Por ello la compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares americanos”, indica el documento entregado al juez.
Este pago habría sido autorizado directamente por Luiz Antonio Mameri, entonces director regional para América Latina de Odebrecht, y la transferencia se habría realizado a través de la denominada División de Operaciones Estructuradas, como se le denominaba formalmente al departamento de pago de sobornos de la compañía brasileña.
Se detalla que estos pagos en específico fueron catalogados con los nombres clave “Batman y Robin”, dentro del sistema construido por Odebrecht para dar seguimiento a estos pagos de nombre “Drousys”.
Lo que no detalla la FGR es exactamente a qué empresa o intermediario relacionado con la campaña de Javier Duarte se había transferido dicho dinero.
“Como consecuencia de dichos pagos a mediados de 2013 el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples en Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”, indicaron los fiscales.
Cabe señalar que exfuncionarios cercanos al gobierno de Javier Duarte han señalado con anterioridad a Animal Político que sí existieron pagos ilegales de Odebrecht en Veracruz, sobre todo para ganar contratos relacionados con el manejo de agua. No obstante el exgobernador ya ha refutado antes que eso sea verdad.
El exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa rechazó que a su campaña para gobernador del estado de Veracruz hayan llegado recursos provenientes de la empresa Odebrecht como declararon sus directivos.
Confirmó que la empresa invirtió en la entidad lo que generó miles de empleos pero negó que detrás de dichos contratos hubieran irregularidades.
“No sé por qué lo haya declarado este señor Luis Meneses Weyll ese tema, pero a mí no me entregaron ningún recurso, tan es así que no les di nada, no hubo ningún compromiso” dijo.
“Yo a los brasileños no los conocí por Emilio Lozoya, yo a los brasileños los conocí porque ya estaban invirtiendo en Veracruz cuando yo llego al Gobierno. El proyecto Etileno XXI ya se estaba desarrollando en Veracruz cuando yo llego al Gobierno del estado… viene desde Fidel Herrera. Y cuando yo llego ya la obra está en marcha y allí es donde conozco a Marcelo Odebrecht, conozco a todos estos tipos, pero los conozco porque están invirtiendo en Veracruz” añadió.
Los fiscales de la FGR señalaron al juez que “siguiendo los lineamientos que había señalado Emilio Lozoya” Odebrecht decidió intervenir también en Tamaulipas, y para ello recomendó Meneses Weyll reunirse con Jorge Eduardo Rivera Schotte, empresario tamaulipeco accionista de la compañía “Petrochem México”.
Los fiscales detallan que Rivera Schotte formaba parte de un círculo empresarial que apoyaba al entonces candidato del PRI al gobierno del estado Rodolfo Torre Cantú. Según la narración, Rivera le comentó a Weyll que si quería posicionarse en la entidad “era necesario que contribuyera a la campaña” del referido candidato.
“Por ello Odebrecht durante el primer semestre de 2010 efectuó un pago de 350 mil dólares americanos, siguiendo la misma mecánica que en el Estado de Veracruz, es decir, el pago fue autorizado directamente por Luiz Mameri y realizado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa”, indicaron los fiscales.
En este caso se añade que la transferencia se realizó a una cuenta del Banco Mercantil del Norte, a nombre de la empresa Blunderbuss Company de México.
Blunderbuss es una compañía constituida en 2008 en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, la cual en el objeto social de su acta constitutiva (de la que Animal Político tiene copia) dice dedicarse a múltiples cosas, desde la construcción hasta el comercio. El SAT ya la etiquetó este año como presunta empresa fantasma.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó –en esta nota– que dicha compañía está ligada a una red de empresas fachada que ha canalizado millones de dólares en sobornos provenientes de Odebrecht.
Lo que no se detalla en el expediente enviado al juez es qué tipo de contrato o de inversión habría ganado la constructora brasileña en Tamaulipas, por los miles de dólares que presuntamente inyectó en la campaña de Cantú.
En los oficios entregados al juez los fiscales sostienen que la constructora hizo las conexiones necesarias –de nuevo con la presunta ayuda de Lozoya- para invertir en el estado de Hidalgo, aunque aquí no se detalla algún pago electoral o soborno en específico.
“Emilio Lozoya Austin le recomendó a Luis Weyll se asociara con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, accionista de la empresa Construcciones Industriales Tapia, quien tenía gran presencia e influencia política en el estado de Hidalgo y principalmente con sindicatos, que, a su decir, en México eran de gran relevancia para ganar y ejecutar proyectos”.
Se añade que entre 2011 y 2012 Odebrecht formalizó una alianza con la empresa local Construcciones industriales Tapia, para ganar contratos de diversas obras.
De ser ciertos dichos contratos locales, ellos habrían ocurrido durante la gestión de los gobernadores Miguel Angel Osorio Chong y Francisco Olvera Ruiz, ambos de extracción priista
De acuerdo con los fiscales, a la postre estas alianzas empresariales le ayudaron a Odebrecht a fortalecer su posición en la búsqueda de contratos a nivel federal, como los de Pemex en torno a la refinería de Tula, en Hidalgo.