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Posponen audiencia de Emilio Lozoya porque juez atendía el caso Robles; defensa pedirá nueva fecha
Posponen audiencia de Emilio Lozoya porque juez atendía el caso Robles; defensa pedirá nueva fecha
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Posponen audiencia de Emilio Lozoya porque juez atendía el caso Robles; defensa pedirá nueva fecha
08 de agosto, 2019
Por: Arturo Angel
@arturoangel20 
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La audiencia por el caso contra Emilio Loyoza Austin programada para este jueves fue diferida ya que el juez Felipe de Jesús Delgadillo se encuentra aún en la audiencia inicial de la extitular de Sedatu, Rosario Robles, que se realiza también en el Reclusorio Sur.

En esta audiencia la defensa de Lozoya analizaría la petición de la defensa de acceder a las últimas pruebas del caso Odebrecht. Uno de los abogados del extitular de Pemex, Javier Coello Zuarth confirmó que solicitarán una nueva fecha.

Qué busca la defensa de Lozoya

Los abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, buscan que la Fiscalía General de la República (FGR) les autorice el acceso a las últimas diligencias de  la carpeta de investigación abierta por el llamado Caso Odebrecht, por el cual ya se giró una de las dos órdenes de aprehensión en su contra.

Entre esas diligencias se encuentran declaraciones de exfuncionarios, construcciones de redes de vínculos, así como el rastreo de operaciones bancarias en Europa y concretamente en Suiza, país en el que se reportó la apertura de una de las cuentas involucradas en las supuestas actividades de lavado de dinero que se imputan a Lozoya.

Para lograr lo anterior, la defensa promovió ante un juez federal del Reclusorio Preventivo Sur un recurso para que sea este quien, a su vez, ordene a al FGR que entregue las copias de dicho expediente.

Lo que los abogados del exdirector de Pemex sostienen es que la Fiscalía General de la República les ha negado desde enero de este año el poder revisar y sacar copias de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, situación que atentaría en contra de su derecho a una buena defensa.

La referida carpeta fue abierta en enero de 2017 por la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delitos Federales (SEIDF), derivado de indicios iniciales que apuntaban a que la constructora brasileña Odebrecht había pagado sobornos a altos funcionarios de Pemex, a cambio de conseguir diversos contratos

Según la defensa de Lozoya, la entonces PGR les había permitido revisar el caso periódicamente, situación que cambió este año cuando ya no quisieron darles acceso. Fue justo en ese contexto cuando la Fiscalía decidió judicializar el caso ante un juez para solicitar una orden de aprehensión en contra de Lozoya, por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Para tratar de defender su argumento, los abogados defensores sostendrán que desde el pasado 15 de febrero hay una jurisprudencia emitida por un tribunal colegiado que sostiene que cuando se generan “actos de molestia” (como lo es una orden de aprehensión) en contra de una persona, esta tiene el derecho a conocer sin restricciones la investigación.

Lo anterior atendiendo el principio de igualdad de las partes, así como de una defensa adecuada que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe señalar que bajo las reglas del nuevo sistema penal, según abogados consultados, la FGR sí está obligada a entregar en la audiencia inicial o previo a la misma una copia de la carpeta de investigación a Emilio Lozoya, para que pueda conocer el caso y presentar argumentos con los que intente frenar su posible vinculación a un proceso penal.

Sin embargo ello no ha ocurrido dado que Lozoya no se ha presentado a la audiencia, y de hecho se encuentra legalmente prófugo de la justicia, con dos órdenes de aprehensión en su contra. Una de ellas es por este caso y la otra por presuntas irregularidades en la compra de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados.

Es en este contexto en el que la defensa del exdirector de Pemex decidió llevar ante un juez de control su demanda de acceso a los últimos tomos de la carpeta de investigación. En respuesta el juez convocó a las partes para que en audiencia pública se debata el asunto, y se tome una determinación.

Al tratarse de un asunto que directamente lo involucra, Emilio Lozoya debería estar presente en la audiencia. Si no acude será facultad del juez de control definir si desahoga o no la petición.

Las pruebas “ocultas”

Las investigaciones que en los últimos meses la FGR ha llevado a cabo en torno al caso Odebrecht, y a las cuales intentan acceder los abogados de Lozoya, se ha centrado en el rastro de diversas operaciones bancarias al extranjero, a través de las cuales se habrían llevado a cabo supuestas actividades de lavado de dinero.

Fue el propio subprocurador de la entonces PGR el que detalló parte de estas investigaciones en un oficio dirigido al fiscal Gertz Manero, que la dependencia hizo público el pasado 14 de febrero.

Se informó que se había recibido un nuevo paquete de datos bancarios provenientes de Suiza, a partir de los cuales el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información realizaría una red de vínculos identificando transferencias, depósitos y diversas personas involucradas en estos hechos. A lo anterior se sumarían dictámenes periciales en materia de contabilidad.

De forma paralela los fiscales recabaron otras declaraciones ministeriales que complementan la de posibles testigos en el caso.

En las últimas semanas investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Quinto Elemento Lab revelaron que es justamente en Suiza donde se abrió la cuenta bancaria de una empresa llamada “Tochos Holding Limited”, desde la cual supuestamente se habrían triangulado recursos a familiares de Lozoya, para la adquisición de una propiedad.

Incluso el reportaje de Quinto Elemento Lab, en colaboración con un medio alemán, advirtió que Suiza podría ser uno de los países en los cuales se encuentre actualmente el exdirector de Pemex.

Expediente Odebrecht: retrasos y opacidad

La carpeta de investigación iniciada por la PGR en relación con el Caso Odebrecht ha sido centro de la polémica en los últimos dos años, principalmente por la falta de transparencia y de resultados concretos. Ello a diferencia de lo ocurrido en otros países como Perú, donde ya suman cuatro los expresidentes acusados formalmente de recibir sobornos de la empresa brasileña.

Los cuestionamientos en México cobraron fuerza luego de que en octubre de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes anunció, tras renunciar al cargo, que la investigación relacionada con Odebrecht estaba prácticamente terminada, y lista para ser enviada ante un juez. Pero el sexenio anterior transcurrió  y concluyó sin que ello ocurriera.

En enero de este año el fiscal General Alejandro Gertz Manero declaró que el expediente con el que se encontraron en realidad estaba incompleto y desordenado, aunque prometió que en el corto plazo se tendrían resultados. El 14 de febrero la Fiscalía dio a conocer un resumen de las diligencias realizadas en los últimos dos años, así como el anuncio de varias pruebas que aún faltaban por recabar.

Finalmente el pasado 5 de julio la FGR informó que había obtenido de un juez una orden de aprehensión en contra de Lozoya, así como de su esposa, su madre y su hermana, como resultado de las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.

El tema que sí llevo el caso Odebrecht a los tribunales desde finales del año pasado fue el de la transparencia.

Lo anterior luego de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) resolvió en octubre del año pasado que la carpeta de investigación debía transparentarse por ser de interés público. Esto como respuesta a varias solicitudes de información en las que se pedían versiones públicas de la misma, así como los nombres y declaraciones de los involucrados.

Y apenas en mayo pasado el INAI añadió un nuevo criterio en el cual consideró que, por tratarse de un caso de corrupción, tendría que desclasificarse la investigación de Odebrecht.

Pero nada de lo anterior ha ocurrido ya que tanto la PGR y la hoy FGR, así como el propio Emilio Lozoya, han obtenido suspensiones definitivas dentro de demandas de amparo promovidas en contra de las órdenes del INAI. Dichos juicios continúan en trámite, sin que aún se defina el fondo del asunto.

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