La Estafa Maestra: Tras 11 horas de audiencia, la prisión sorprendió a Rosario Robles
A las 5 de la mañana, Rosario Robles tenía un semblante de cansancio muy parecido al de los asistentes a su audiencia judicial, que para entonces llevaba 9 horas, pero ella era la única con las manos entrelazadas sosteniendo su barbilla. Esperaba que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolviera la petición del Ministerio Público de darle prisión preventiva.
Minutos antes había pedido la palabra por primera vez en toda la audiencia. “Me he presentado aquí absolutamente voluntario. Siempre he dado la cara. Siempre he vivido de mi trabajo, en la misma casa donde nació mi hija. Mi única cuenta bancaria y tarjetas de crédito están congeladas”.
Y siguió, con voz suave y pausada: “Soy una mujer de paz que jamás ha atentado contra nadie. No podría evadir la acción de la justicia. Aquí están mi hija, mis hermanas a mis espaldas”.
Intentaba, a toda costa, convencer al juez que podría continuar su proceso judicial en libertad. “Siempre he luchado como mexicana, como mujer, por el debido proceso, por presunción de inocencia. Entiendo el apetito del Ministerio Público después de que han querido procesar a varios que están sustraídos de la justicia”.
Momentos antes, a las 4:56 de la madrugada el juez Delgadillo Padierna había pronunciado la decisión que los abogados de Robles intentaron evitar durante las últimas 10 horas: “Se dicta auto de vinculación a proceso por el ejercicio indebido del servicio público por afectaciones ocasionadas por las omisiones en la Sedesol y Sedatu”.
Eso significaba que Robles debía continuar el proceso judicial por la presunta omisión por no informar a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto, ni detener las irregularidades en la contratación de universidades por parte de la Sedesol y la Sedatu para hacer supuestos servicios, aunque estos se simularon y el dinero desapareció, como documentó la investigación periodística La Estafa Maestra.
Pero la peor noticia vendría con la petición de los fiscales para que el juez le impusiera prisión preventiva como medida cautelar, aunque el delito señalado no lo ameritara. El fiscal argumentó que en este caso existía “riesgo de fuga”.
El fiscal enlistó “los riesgos”: según investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Robles tramitó una licencia de manejo con una dirección distinta a su supuesta residencia de los últimos 24 años en la alcaldía Coyoacán. Esa “falsedad” en su domicilio fue determinante para considerar riesgo de fuga, según explicaría luego el juez.
También que en el citatorio de la primera audiencia y luego en una diligencia policial, no fue localizada en el domicilio de Coyoacán. Aunque la defensa explicó que en la primera ocasión estaba fuera tomando un curso y en la otra vacacionaba en Costa Rica, no convenció al juez.
Incluso, dijeron los fiscales, Robles podría huir al extranjero debido a que tenía los medios económicos luego de haber trabajado durante un sexenio como secretaria de Estado y con sueldo mayor a 220 mil pesos, como era antes de la “austeridad” del actual gobierno federal, y como lo demostraba su reciente viaje al extranjero.
Tampoco tiene “arraigo” en la Ciudad de México porque ni siquiera está trabajando en algún sitio. “Por este asunto mediático no he podido concretar proyectos”, replicó ella. “Aquí vive su hija, su familia, aquí tiene arraigo”, dijo la defensa. Tampoco fue suficiente para el juez.
Los fiscales consideraron que su prisión impediría que ella quisiera destruir o sustraer documentación, persuadir a excolaboradores de “falsear” pruebas o testimonios y también serviría para proteger a los tres funcionarios que han testificado en su contra. “Podrían ser objeto de amenazas o se ponga en riesgo su vida”.
“A las personas que han declarado no me les he acercado. Yo estoy aquí para defenderme, soy una mujer de paz, jamás he atentado contra nadie”, replicó ella.
La defensa de Robles en voz de José Manuel Saucedo apeló a la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de la ONU que aboga porque la prisión preventiva no sea “regla general” y buscó convencer al juez de aplicar otra medida “menos lesiva”, como la entrega del pasaporte o una garantía económica.
El juez Delgadillo se tomó más de 20 minutos para analizar los argumentos. Rosario esperaba sentada con la mirada fija frente al estrado. Pasó toda la madrugada en una silla, enfrentando una agotadora audiencia de 10 horas, pero su cabello y maquillaje seguían impecables. Se había puesto un saco azul, que apenas dejaba ver su pañoleta roja al cuello y ocultaba su vestido blanco. A ratos se llevaba las manos al rostro o las frotaba. El aire acondicionado se sentía cada vez más frío.
El juez dio la razón a la Fiscalía. Después de desglosar cada elemento y exponer su importancia, sobre todo respecto a la falsedad del domicilio, decretó prisión preventiva a María del Rosario Robles Berlanga. “Será trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla”. Ella tomó el micrófono por segunda ocasión.
– No hay razón para esta medida cautelar. –Tosió. Perdón, el aire acondicionado me afecta, dijo con una voz entrecortada.
– Este ya no es momento para réplica, dijo el juez.
– Hay constancia que he vivido ahí durante 24 años, dijo Rosario.
– Pero es evidencia del CENAPI (sobre la falsedad), es inteligencia de la Fiscalía, y a esa le debemos creer.
El juez impuso dos meses para que la Fiscalía ofrezca más pruebas para acreditar el delito. En cuanto decretó el cierre de la audiencia, pasadas las 6 de la mañana, dos oficiales de la Policía Federal se acercaron a Rosario para aprehenderla e iniciar su proceso de traslado al penal, pero antes, permitieron que se despidiera de su hija Mariana Moguel, a quien le acarició la cara para calmarla, pues estaba a punto del llanto.
El resto de familia y amigos de Robles también se acercaron. Su asombro, como el de todos los asistentes en la sala, era innegable. Los abogados dieron la media vuelta, con el rostro duro. Esta vez su clienta no saldría con ellos del brazo por la puerta principal.
La audiencia: Peña y Meade señalados
“Vengo con las faldas bien puestas”, declaró Rosario Robles al llegar al Juzgado del Reclusorio Sur a las 16 horas este lunes para continuar con la audiencia que inició el pasado 8 de agosto.
Detrás de ella entraron sus abogados con un diablito con cajas llenas de documentos. Según publicó en su cuenta de Tuiter, Julio Hernández, uno de sus abogado, habían trabajado el fin de semana preparando la defensa.
La Fiscalía había acusado a Robles del ejercicio indebido de la función pública debido a que fue omisa para detener la realización de convenios entre la Sedesol y la Sedatu con universidades públicas para hacer supuestos servicios, que no se realizaban o se simulaban y, donde se utilizaban empresas fantasma, como lo documentó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción en la investigación periodística La Estafa Maestra.
El daño al erario por este esquema fue calculado por la fiscalía en 5 mil 73 millones de pesos.
La defensa intentó desacreditar que las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación y oficios advirtiendo a Robles sobre el uso excesivo de convenios con universidades y las irregularidades derivado de ello para que no fueran consideradas como prueba que fue omisa.
Óscar Ramírez, uno de los abogados de la exfuncionaria, enumeraba cada uno de las observaciones de irregularidades hechas por la Auditoría y argumentaba que éstos se habían informado entre uno y tres años después de la gestión de Robles en la Sedesol y en Sedatu, por lo que no podía impedir supuestas irregularidades que ya habían ocurrido.
El argumento fue calificado como “cínico” por el juez horas después.
Pero uno de los elementos más llamativo vino a la media noche, cuando Ramírez argumentó que, contrario a lo que acusaba la FGR respecto a que Robles no había avisado sobre las irregularidades a su superior jerárquico, en este caso, Enrique Peña Nieto, sí lo hizo, aunque no precisó fecha.
“Se desprende de la entrevista a Rosario Robles (hecha por la defensa) que la comunicación que mantenía con el titular del Ejecutivo era por medio de reuniones de gabinete, además de que le informó de las irregularidades a través de la línea roja”.
Más tarde agregó: “Las observaciones de la Auditoría se las comunicaba a Enrique Peña Nieto en giras de trabajo”. Incluso sugirió al juez que se debería “entrevistar” al presidente Peña como parte de la “exhaustividad de la investigación”.
El juez respondió a esto durante su argumentación para vincular a proceso. Advirtió que si existía un informe escrito en el que le daba cuenta de las irregularidades y no lo presentó en la audiencia, entonces “lo está encubriendo”. Pero en todo caso se debía desahogar si el presidente Enrique Peña Nieto estuvo vinculado o no al caso “porque aquí, de una forma tácita se le ha involucrado”.
Entre las pruebas que la defensa ofreció para demostrar que Rosario Robles sí hizo gestiones para detener las irregularidades fue la referencia al acta de entrega recepción de la titularidad de la Sedesol, entre Rosario Robles y José Antonio Meade realizada el 27 de agosto de 2015, porque en ella se advertían que existían señalamientos de irregularidades por parte de la Auditoría que estaban pendientes por solventar.
Por tanto, dijo el abogado Ramírez, correspondía al siguiente titular continuar con las solventaciones y no a Robles que para entonces se encontraba dirigiendo la Sedatu.
El juez llamó a esta prueba “una joya”, pues en el anexo 21 en las páginas 630 a 633 se da cuenta sobre “las irregularidades”, por tanto, pidió a la defensa presentar una copia certificada del documento a más tardar el 16 de agosto que podría significar la prueba para abrir investigación en contra de Meade con el mismo precepto que Robles.
La defensa también preparó como evidencia, un oficio firmado por Rosario Robles como titular de la Sedatu, el 25 de enero de 2017 dirigido al entonces Oficial Mayor, Emilio Zebadúa, para que la dependencia “se abstuviera” de hacer convenios con instituciones de gobierno.
Sin embargo el Ministerio Público convenció al juez que esto no era una prueba de haber detenido las irregularidades, toda vez que ya se había “materializado” la salida de recursos de dos dependencias desde 2014.
La defensa presentó más de una treintena de elementos de prueba para desacreditar que Rosario Robles supiera del esquema que derivaba en desvíos, pero no lo consiguió.
El juez consideró que existían pruebas para demostrar que ella fue omisa en cuidar los recursos públicos que le fueron encomendados en la Sedesol y Sedatu al permitir que sus subalternos hicieran convenios con universidades para hacer supuestos servicios y que estos no se cumplían.
Se trataba de su mismo equipo haciendo el mismo tipo de convenios en las dos dependencias, dijo el juez. Por lo que los recursos que habían sido etiquetados para el desarrollo social y agrario, no fueron ocupados para ese fin, por lo que eso atentaba contra el artículo 134 de la Constitución e incluso con el Plan Nacional de Desarrollo y se podría atribuir responsabilidad a la exfuncionaria.
Es por ello que, por primera vez, una exsecretaria de Estado estará en el penal de Santa Martha Acatitla. En octubre la Fiscalía presentará las pruebas para determinar su culpabilidad y sus abogados buscarán demostrar su inocencia.
Aún falta por librar todo el proceso legal para llegar a una sentencia y determinar su responsabilidad en La Estafa Maestra.
