La Fiscalía General de la República (FGR) tenía preparado un as bajo la manga para demostrar que Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, supo de los presuntos desvíos de La Estafa Maestra desde 2014 y no los detuvo: el testimonio de dos testigos clave y 12 oficios que la Auditoría Superior de la Federación le envió para avisarle sobre las irregularidades.
Rosario Robles es la primera exsecretaria de Estado en enfrentar un citatorio judicial por La Estafa Maestra, el sistema de corrupción revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que involucró a 11 dependencias del gobierno Federal, ocho universidades públicas y 186 empresas para desaparecer recursos públicos.
La Fiscalía buscó imputar a Robles del delito de ejercicio indebido de la función pública, gracias al testimonio de dos exfuncionarios de la Sedesol y Sedatu, quienes aseguraron haber avisado a la exfuncionaria de las irregularidades desde 2014, primero de forma verbal y después por escrito.
También relataron un encuentro con el exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en junio de 2014, funcionarios de la Sedesol y la entonces secretaria, Rosario Robles.
Después de que Portal le informara del “abuso” de la dependencia sobre exceptuar licitaciones para contratar proveedores y, en su lugar, hacer convenios con universidades, y el presunto desvío de recursos públicos, Rosario Robles “dio por terminada la reunión de manera abrupta”, según los testimonios.
También 12 oficios enviados a Robles en 2015 por parte del área jurídica de la Auditoría Superior de la Federación, en la que le informó sobre los pliegos de observaciones, es decir, listado de irregularidades detectadas en la Sedesol.
Todo ello demuestra, según la Fiscalía, que Robles tuvo pleno conocimiento del esquema de desvío y no sólo no avisó al presidente Enrique Peña Nieto, su jefe directo, sino que no hizo nada para detener las irregularidades que causaron un probable y grave daño a la Hacienda Pública Federal por 5 mil 073 millones de pesos.
Lo anterior, son algunas de las principales claves de lo sucedido en la audiencia inicial de Rosario Robles, que arrancó a las diez de la mañana de ayer jueves, cuando la exsecretaria de Sedesol y Sedatu llegó una hora antes de lo programado en el citatorio de la Fiscalía.
Rosario Robles llegó a bordo de una camioneta gris que conducía Julio Hernández Barros, uno de los seis abogados que integra el ‘batallón’ legal que la defiende en este caso, y voz de la exfuncionaria en los medios desde que el pasado 29 de julio se diera a conocer el citatorio de la Fiscalía General de la República.
Portando el llamativo vestido de color blanco que ya utilizó en su última comparecencia como funcionaria en octubre del año pasado, cuando también dio explicaciones ante la Cámara de Diputados por irregularidades en La Estafa Maestra, Rosario Robles entró a pie a las instalaciones del Reclusorio y no a bordo de la camioneta.
Antes de bajar del auto, Rosario dejó el abrigo Burberry beige en el asiento del copiloto, y escoltada por abogados y sus hermanas se abrió paso entre decenas de periodistas, cámaras y fotógrafos, que hicieron guardia desde la noche para tomar imágenes de su llegada.
-Rosario, ¿está tranquila? -le preguntaron, en alusión a las palabras del entonces presidente Enrique Peña Nieto que se hicieron virales, cuando en un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en abril de 2013, le dijo que estuviera tranquila ante las primeras acusaciones de corrupción en Sedesol publicadas en medios de comunicación.
Rosario, en mitad de la tempestad mediática, continuó avanzando hasta acceder al estacionamiento del inmueble, dejando atrás los empujones, golpes, y los jaloneos de la prensa.
“Aquí estoy, como prometí. Dando la cara como la he dado siempre, y muy tranquila”, dijo en respuesta a un grito de “corrupta” que le espetaron un par de manifestantes.
En la Sala 1 donde se llevó a cabo la audiencia, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu tomó asiento junto a su séquito de abogados mientras, un par de filas atrás, su hija Mariana Moguel, se levantaba constantemente para hacerle comentarios al oído, o para dejarle alguna caricia en el hombro en señal de apoyo.
Finalmente, a las 12:08 horas de la tarde, con algo más de una hora de retraso, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna apareció en la sala ofreciendo una disculpa por las fallas en la logística de la audiencia.
“No estamos acostumbrados a tener tantos medios en la sala”, admitió el magistrado, en alusión al espectacular interés mediático que generó que una exsecretaria de Estado, por primera vez, enfrente las acusaciones en un Tribunal por el caso de La Estafa Maestra.
Pocos minutos después de arrancar la audiencia, la defensa de la exfuncionaria hizo su primer movimiento sobre el tablero al tratar de sacar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la jugada.
En el citatorio contra Robles, la Fiscalía presentó a la Auditoría como “víctima indirecta” por los presuntos desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu a través de universidades públicas en el mecanismo de fraude conocido como La Estafa Maestra.
Sin embargo, para la defensa la presencia de la Auditoría como “víctima indirecta” no estaba justificada, argumentando que ésta es un órgano técnico de revisión y control de los recursos públicos, pero no el dueño de éstos, que son del Estado.
“La víctima es solo la que resiente el daño. Y el erario público no le pertenece a la Auditoría”, insistió el abogado Julio Hernández, mientras Robles asentía con la cabeza.
Tras escuchar a las partes, el juez se tomó media hora, en lo que Rosario Robles intercambió numerosos papeles y notas con sus abogados.
“La petición de la defensa es infundada”, concluyó el juez de control, que argumentó que la Auditoría está facultada para investigar hechos ilícitos y puede participar en la acusación de la Fiscalía, anulando así el primer movimiento estratégico de la defensa.
Insatisfechos con la decisión, la defensa volvió a la carga.
Sorpresivamente, uno de los abogados de Robles planteó que la audiencia debía diferirse a otro día por la existencia en un juzgado de Tapachula, Chiapas, de un juicio de amparo de un co-imputado en este mismo caso, del que no quiso revelar su identidad.
Argumento que fue rechazado de manera tajante por el juez Felipe de Jesús Delgadillo, quien consideró que ese juicio de amparo no afectaba en nada a la audiencia de Rosario Robles, y propinó la primera regañiza a la defensa.
“No se va a diferir la audiencia. Y no intente diferirla tramposamente por un amparo de un co-imputado de nombre que además se reserva”, advirtió el magistrado al abogado, quien ante el intento de contraargumentar la decisión fue amonestado de nuevo con tono severo: “Guarde silencio y acate mi determinación”.
Luego del primer round y de la reprimenda del juez, la Fiscalía comenzó la narración de los hechos por los que busca imputar a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido de la función pública, que tuvo como consecuencia un presunto daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.
En la exposición de hechos -y tal vez de toda la audiencia-, la frase más repetida por los agentes de la Fiscalía fue que Rosario Robles “tenía pleno conocimiento” de múltiples irregularidades en la firma de convenios en Sedesol y Sedatu con universidades públicas y con organismos estatales de comunicación, como Telemax Sonora, Radio y Televisión de Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
“Rosario Robles no evitó las conductas irregulares de terceros, y no administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, acusó el agente de la Fiscalía, Mario Fonseca, que hizo una dilatada presentación de los 27 convenios que Sedesol y Sedatu firmaron con universidades.
A las tres de la tarde, tuvo que irse a un receso de dos horas, luego de que la defensa de Robles solicitara múltiples precisiones acerca de quién firmó los convenios, cuándo, y cuáles fueron los presuntos daños al erario que se derivaron de cada uno.
A la vuelta del receso, los regaños del juez continuaron hacia la defensa, luego de que ésta interpelara continuamente a la Fiscalía mientras exponía el contenido de los convenios, iniciando una pelea entre ambas partes que fue cortada de tajo por el magistrado.
“Abogado, ya se acotaron las precisiones que pidió la defensa. No puede interrumpir a la Fiscalía. Eso no está en ningún tratado. Es una norma básica de respeto”, señaló el juez irritado con la actitud de la defensa.
Con la cara apoyada en la mano, y negando en varias ocasiones con la cabeza, Rosario Robles escuchó durante otras tres horas a los fiscales exponer los numerosos datos de prueba obtenidos a raíz de decenas de oficios que darían cuenta de que, desde 2014, fue avisada en múltiples ocasiones por las irregularidades en su dependencia, y de los testimonios clave de dos exfuncionarios que estuvieron a su cargo.
Los testigos son: José Antolino Orozco, exdirector de Geoestadística en Sedesol y ex jefe de la Unidad de Planeación en Sedatu; y María del Carmen Gutiérrez Medina, extitular de la Unidad de Planeación en Sedatu del 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2018.
Los testimonios de los testigos aseguran que Rosario “tenía conocimiento” de que al interior de la Sedesol y de la Sedatu existía una “estructura” paralela dedicada a la simulación de servicios, la falsificación de firmas en convenios irregulares, y la fabricación de entregables que se bajaban de internet.
Según refirió la Fiscalía, los funcionarios implicados en la firma de los convenios con universidades eran frecuentemente citados en una oficina paralela a la Sedesol y a la Sedatu, en la calle Tennyson 125, en Polanco, donde estaban Emilio Zebadúa, oficial mayor de Rosario en Sedesol y Sedatu y su mano derecha, y otros funcionarios.
Ese inmueble, y otros más en las colonias Polanco y Anzures, habrían sido utilizados por los funcionarios de ambas dependencias federales durante las gestiones de Rosario Robles, para falsificar documentos utilizados en el esquema de La Estafa Maestra.
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De acuerdo con los testimonios recabados por la Fiscalía, en las oficinas donde se creaban los entregables, a los funcionarios implicados les decían: “No se preocupen, todo está arreglado”.
Tras la exposición de la Fiscalía, el juez consultó a Rosario Robles si quería hacer alguna declaración en su defensa, a lo que la exsecretaria de Estado, aconsejada por sus seis abogados, declinó diciendo: “Prefiero guardar silencio, su señoría”.
Lo que sí pidió la defensa al juez fue que éste suspendiera la audiencia por 72 horas para poder presentar argumentos, pruebas, e incluso testimonios, a favor de Rosario Robles frente a las acusaciones de la Fiscalía. Petición que el juez, tras haberla negado en un inicio hasta dos veces por considerarla infundada, finalmente aceptó, suspendiendo la audiencia hasta el próximo lunes a las 18 horas.
La Fiscalía, por su parte, no pidió alguna medida cautelar contra Rosario Robles. Es decir, no pidió al juez que, por temor a una posible fuga, Rosario Robles entregara su pasaporte, o que su domicilio fuera vigilado por la policía, algo que el juez consideró como “inaudito”.
Rosario Robles, tras ser advertida por el juez de que ahora ya está obligada a comparecer el próximo lunes a la audiencia, volvió a reiterar que se presentará para continuar con su defensa.
“Estaré aquí, como estuve hoy, de manera completamente voluntaria para hacer frente a todas las acusaciones. Cuando me enteré de esto estaba fuera del país, pero aquí estoy. Respeto la ley y estaré el próximo lunes”, aseguró la exfuncionaria, para poner fin a una audiencia de casi 10 horas de duración.