El asesinato de 2 activistas en Chiapas sigue impune, aunque los responsables estén identificados
Deisy Domínguez López tiene 32 años, es madre de tres hijos y es viuda.
Su pareja era Noé Jiménez Pablo. El 17 de enero fue secuestrado, torturado y asesinado en Amatán, Chiapas, junto a su compañero José Santiago Álvarez. Ambos participaban en un plantón contra el gobierno municipal de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, cuando hombres armados se los llevaron. Sus cuerpos aparecieron un día después en el vertedero, a tres kilómetros del lugar, con señales de violencia.
Deisy Domínguez habla con voz suave, dubitativa. Tiene tres hijos a los que criar. Solo dos de ellos saben que su papá fue asesinado. El otro es demasiado pequeño. Pero algún día preguntará. Y Domínguez le contará que fue un defensor de Derechos Humanos, miembro del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común en Amatán, y dirigente del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a quien estar incluido dentro del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no le salvó de morir asesinado.
Durante meses recibió amenazas. Al final, las amenazas se cumplieron. Sus asesinos están en la calle. Y su familia, según Domínguez, solo recibe el apoyo de sus compañeros. Ella trabaja en el campo y apenas le alcanza para alimentar cuatro bocas. Por si fuera poco, tras el asesinato ella también recibió amenazas.
El crimen permanece impune. Como la mayoría de crímenes que se perpetran en México, no hay detenidos. Según el abogado Leonel Rivero, que representa a las familias de las víctimas, se giraron varias órdenes de captura hace dos meses. No ofrece más datos. No quiere entorpecer la investigación haciendo públicos los nombres de los acusados, que siguen en libertad a pesar de estar señalados. Pero dice que se han señalado autores tanto materiales como intelectuales.
Animal Político quiso saber la opinión de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Al cierre de la nota no había obtenido respuesta.
“Nuestro problema en el municipio se dio por el cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga. El pueblo se unió para hacer una manifestación ante el municipio, de que ya no se quería a los hermanos”, explica Domínguez.
Manuel de Jesús Carpio Mayorga fue presidente municipal durante doce años. Primero con el PAN. La segunda vez, como representante del Partido Verde. La tercera, encabezando la lista de Morena. Su hermano Wilmer también dirigió el municipio. Entre los dos han manejado el ayuntamiento casi ininterrumpidamente desde 2001.
Su última victoria fue contestada por un gran número de vecinos, que constituyeron el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común. Acusaban a Carpio Mayorga de falsear las elecciones. Denunciaban que sus partidarios llegaron a quemar casillas.
Durante semanas, los inconformes permanecieron en plantón en el palacio municipal. Jiménez Pablo y Santiago Álvarez estaban allí. Hasta el 17 de enero, cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados por hombres armados.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México emitió un comunicado denunciando los hechos. Han pasado siete meses y no hay arrestados.
“Se giraron las órdenes hace dos meses y no se ha detenido a ninguno de los probables responsables. Este es un grave problema de acceso de justicia. Están identificados. No hay cuestión que pueda justificar esta inacción”, dice Leonel Rivero. El abogado cree que la ausencia de arrestos tiene que ver con una “falta de interés” en la Fiscalía.
El asesinato simboliza un estado de las cosas en Chiapas. El estado más pobre del país se desangra en pequeños conflictos con raíces en la desigualdad y estructuras de poder caciquiles.
Después de la tragedia sí que hubo movimientos políticos. La directiva municipal renunció a petición del gobierno del estado, y se eligió un concejo. Como presidenta fue elegida Lilia Arias Méndez.
“Desde el asesinato no ha habido justicia. La situación no ha cambiado. Sigue habiendo amenazas”, dice, en entrevista telefónica.
Pone un ejemplo. Hace ocho días, dos sujetos trataron de matar a una mujer policía. Los agente en Amatán no cargan armas, así que no pudo defenderse. Según Arias Méndez, le pidieron información sobre su domicilio. El suyo. El de la presidenta. Al no acceder, los dos sujetos trataron de violar a la agente y le provocaron marcas con una navaja. La intervención de unos hombres que se cruzaron en la zona le salvó.
Los agresores están identificados, dice Arias Méndez. Ninguno ha sido detenido.
“Me preocupa mi seguridad”, asegura la presidenta. “Lo del 17 (la llegada de paramilitares al plantón y el asesinato de dos activistas) se corría como rumor. Nadie hizo nada porque eran rumores. Hoy dicen que tal día van a entrar y dicen que me van a matar a mí. Yo no tengo la culpa de nada. Fui elegida por el pueblo”, dice la Arias Méndez.
La presidenta dice que no saben en quién confiar. En un primer momento pensó que pedir un destacamento de la Guardia Nacional era una buena idea. Pero activistas de la zona han denunciado haber sido intimidados por este cuerpo.
Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de CNPA MN, asegura que el viernes uno de sus integrantes fue agredido por agentes de la Guardia Nacional. “Se llevaron 200 piezas de mojarra que estaban comprometidas con un comprador”, afirma. Posteriormente, según esta versión, unos 20 elementos de la Guardia irrumpieron en la sede del movimiento en Cerro Blanco, municipio de Amatán, “intimidando a nuestro compañero Eduardo Montejo, que tiene medidas de protección ya que tiene amenazas de muerte por parte de los paramilitares que atacaron el 17 de enero”.
Eduardo Montejo es hijo y hermano de Armando y Celestino Montejo; ambos asesinados por el grupo “Los Diablos” en un ataque paramilitar en 2014.
“No tenemos apoyo del gobierno estatal ni federal”, dice Deisy Domínguez, viuda de Noé Jiménez.
Para exigir justicia, se sumó a la caravana indígena que partió de Villahermosa, Tabasco, el 3 de agosto, y concluyó en Ciudad de México el 8, el mismo día en el que se conmemoró el 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.
El 8 participó en una protesta en el Zócalo. El 9, junto a miembros del Consejo Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional, caminó hasta la Fiscalía General de la República. Exigen que sea el ministerio público federal el que se haga cargo de las investigaciones.
Nadie salió a recibirles.
