Desde 2015 y hasta abril de 2019, Pemex tiene el registro de 166 explosiones en ductos a causa de tomas clandestinas de combustible, y en ese lapso la PGR y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) contabilizaron 41 carpetas de investigación, que a su vez derivaron en apenas cuatro detenciones.
De acuerdo con los datos obtenidos por medio de solicitudes de información, dichas detenciones ocurrieron en 2018, en Yucatán, y hasta abril de 2019 la Fiscalía General tenía el reporte de que en tres de esas capturas ya se había logrado una sentencia o consignación.
Las cifras muestran que prevalece la impunidad en estos casos de explosiones, producidas por los intentos de robo de combustible, el llamado huachicol. La situación más dramática y grave se vivió en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero, cuando murieron más de 130 personas que se acercaron para llevarse algo de hidrocarburo.
El fiscal General, Alejandro Gertz, dijo en una conferencia de prensa el 6 de mayo, al cumplirse los primeros 100 días de la FGR, que sobre Tlahuelilpan habían realizado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, y 25 informes de investigación criminal, que les habían permitido identificar “a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente”.
Sin embargo, hasta la fecha aún no se tiene algún detenido por esa explosión, y tampoco la FGR ha concluido una acción legal respecto a presunta negligencia de personal de Pemex, al tener el reporte sobre la toma clandestina que derivó en la explosión.
“En este asunto existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió”, dijo Gertz.
“Se ha solicitado y se ha obtenido la próxima presencia de peritos especiales en siniestros petroleros del FBI, quienes dictaminarán sobre el particular; y, una vez que se cuente ya con toda la base pericial, se darán a conocer, de inmediato, los resultados”.
La explosión de Tlahuelilpan causó estragos en la vida de decenas de familias, como la de Alan Hernández, de 15 años, quien sufrió quemaduras en 83% de su cuerpo y fue trasladado a Galveston, en Estados Unidos, donde le realizaron más de 15 cirugías.
El pasado 19 de junio volvió a México, por su propio pie, y tendrá que seguir su tratamiento, que incluye la posibilidad de que se le realice una cirugía facial.
Dieron de alta en un hospital de EU a Alan Josette Hernández, de 15 años, uno de los heridos por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan; ayer por la tarde regresó a México. Tenía quemaduras en 80% de su cuerpo; le realizaron al menos 15 cirugías pic.twitter.com/oheAGJpuzC
— Denise Maerker (@DeniseMaerker) June 20, 2019
Justo la noche en que ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, personal de Pemex atendió la emergencia por otra explosión, la de un tramo del poliducto Tula-Salamanca, ubicado en el poblado de Paso de Mata del municipio de San Juan del Río, Querétaro, sin que se registraran personas lesionadas, ni se confirmara alguna detención.
En cuanto al caso de Yucatán, que es el único en cuatro años del que se tiene registro de detenciones, medios locales indican que el hecho ocurrió el 18 de julio de 2018, cuando un grupo de personas trató de robar combustible de un ducto en la carretera Mérida-Progreso, lo que desató una explosión e incendio.
De acuerdo con el medio Yucatán Ahora al menos dos personas, que presuntamente habían participado en el huachicoleo, murieron a causa de quemaduras.
Los números obtenidos vía transparencia muestran que 2017 fue el año con más explosiones por tomas clandestinas, con un total de 78; en 2018 se registraron 37, en 2016 un total de 20 y en 2015 está el dato de 21. Hasta abril, eran 10 en 2019.
De 2015 a 2019, Puebla es el estado que registró más explosiones por intentos de ordeña de ductos, con 32, un 19% del total, en el periodo ya señalado. En segundo lugar se ubicó Hidalgo, con 23, y después se ubicaron Guanajuato y Veracruz, con 22. El Estado de México tuvo 16.
Durante ese lapso, respecto a Puebla y caso de explosiones, la FGR informó sobre 13 carpetas de investigación abiertas, sin que alguna haya derivado en detenciones, de algún presunto responsable.
Casi la totalidad de las explosiones en Puebla, 30 de 32, se dieron en el poliducto Minatitlán-Azcapotzalco, la mayoría de ellas en los tramos de Quecholac y Tepeaca, con 7 cada uno, respectivamente, y 5 en el tramo de Palmar de Bravo.
El mismo poliducto Minatitlán-Azcapotzalco, pero en su paso por Veracruz, registró 22 explosiones, siendo por mucho el más afectado en el periodo referido, en cuanto a estallidos por tomas clandestinas.
El sexenio pasado, Animal Político reportó que ese ducto, que traslada combustible de la refinería de Minatitlán, Veracruz, a la Ciudad de México, era el que le generaba más pérdidas a Pemex, por fugas y ordeña de hidrocarburos.
Si bien el actual gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, presume una reducción drástica en la cantidad de combustible robado -de hasta 95% menos, según el presidente- y las pérdidas económicas, la cifra de incidentes de tomas clandestinas ha ido al alza en estados como Hidalgo, donde se dio la explosión de Tlahuelilpan.
De acuerdo con una respuesta vía transparencia que dio Pemex a un ciudadano, de enero a mayo Hidalgo registró 2,170 tomas clandestinas; en segundo lugar se ubicó el Estado de México, con 923, y en tercero Puebla, con 677.
Si se hace una comparación con los datos de enero a mayo de 2018, se registró un alza de 182% en la cantidad de tomas clandestinas ubicadas en Hidalgo; de 56% en el Estado de México, y en cambio una reducción de 33% en Puebla.
De enero a mayo del año pasado, en todo el país Pemex registró 6,530 tomas clandestinas. En el mismo lapso, de 2019, la cifra es de 6,621. Un incremento de 1.39%.