Llegan, arrasan y se van: así viven la impunidad por los talamontes en el Bosque de Agua del Edomex
Huele a serrín entre los pinos. Ese aroma a madera casi recién cortada se esparce por mitad del bosque. Son las 13:00 horas del sábado 20 de julio. Nos encontramos en un paraje con vistas a Shomulco, en el Bosque de Agua, en un punto cercano a San Juan Atzingo, en el Estado de México. Para acceder aquí hay que manejar unos 20 minutos por terracería y caminar otro par de minutos a través de un camino forestal. Dos días atrás, este lugar se convirtió temporalmente en un aserradero. En el suelo hay restos de serrín, todavía brillantes, lo que evidencia que son recientes, y tablas que los talamontes no se llevaron todavía. Hay troncos destrozados y maderas desparramadas.
Así operan los grupos dedicados a la deforestación ilegal. Llegan, arrasan y se marchan.
“Vendrán hoy o mañana a cargar con lo que falta”, dice Misael Zamora, de 28 años, activista por la defensa de los bosques al que ahora acusan de practicar la deforestación ilegal. Quiere mostrar cómo actúan los grupos ilícitos a los que se enfrentado toda la vida. Los mismos que mataron a su hermano en 2007.
“Mira esos dos árboles”. Señala a un par de pinos que se alzan unos 20 metros pero que no superarán los 25 centímetros de diámetro. “Les quedan dos días”, asegura, pesimista.
La tala ilegal se ha convertido en un grave problema para el Bosque de Agua, que surte de tres cuartas partes de las necesidades acuíferas de la Ciudad de México. En realidad, el problema es de todo el país. Según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entre 2001 y 2017 se perdieron 3. 2 millones de hectáreas de bosque, lo que equivale al 6% del terreno forestal del país.
En esta zona la tala es constante. No hay jornada en la que no opere algún grupo. Según Félix Alberto Linares González, presidente municipal de Ocuilan, donde se ubica San Juan Atzingo, en la zona se talan cada día 400 árboles, 12,000 hectáreas en dos décadas y media entre lo que se tala, las plagas y los incendios.
“Si seguimos así, en tres décadas no habrá bosque”, lamenta.
Linares González ha encabezado protestas y sube habitualmente videos en los que muestra los “destrozos” provocados por los “talamontes”. Una de estas incursiones a lomas arrasadas casi le cuesta la vida. Ocurrió el pasado tres de julio. Relata que se paró en un tramo de la carretera entre Santa Mónica-Cuernavaca, a la altura de Lagunas de Zempoala para grabar una zona que había sido recientemente talada. Avanzó un par de kilómetros y recibió varios disparos. Una de las balas impactó en su camioneta, aunque él resultó ileso.
Según explica, el negocio ilícito ha evolucionado rápidamente en los últimos años. Pasó de ser una tala “clandestina” pero no perseguida a “ilegal”. De ahí fue sofisticándose. De “tala hormiga” a “delincuencia ambiental organizada”. De “delincuencia ambiental organizada” a “cadena delictiva forestal”. Lo que todos estos nombres indican es que, conforme pasa el tiempo, se involucran más personas y más sectores. De un negocio casi municipal se pasa a una estructura que involucra no solo halcones para vigilar y hombres armados para proteger a los tipos de la motosierra, sino también la participación de grandes empresas madereras.
“Se está talando en el medio rural, pero el recurso se queda a los madereros. La gente de las comunidades se queda como obreros de ellos”, dice.
Según Linares González, la explicación de por qué los pobladores se suman a esta práctica ilegal está en los escasos recursos destinados para el campo. “Un talamonte puede ganar 2,500 pesos a la semana. Por eso es atractivo”, afirma.
En su opinión, el incremento de la sofisticación de estos grupos delictivos implica que se incremente también otros ilícitos. “Tienen armas, vehículos, radios. Así que comienzan a asaltar camiones o practicar secuestros”, dice. Aquí también se añade la corrupción de funcionarios públicos que colaboran con estas redes.
En la zona, todos hablan de la impunidad con la que actúan los “talamontes”. Autoridades locales aseguran haber tocado todas las puertas sin éxito. Y quien debería actuar, que es Profepa, Samarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) o Probosque (agencia del Estado de México), muestran estadísticas de operativos, pero reconocen que ni se acercan a poner fin al problema. Además, las instituciones se pasan la responsabilidad unas a otras como una papa caliente.
Piden Guardia Nacional, pero les responden que está en la frontera
“Está totalmente destrozado el bosque. Existen taladores, gente que se dedica exclusivamente a la tala clandestina. Se ha denunciado ante Profepa y Probosque pero no han hecho caso las autoridades”. Jacobo Encarnación Zamora tiene 49 años y es delegado de la comunidad de San Juan Atzingo. El sábado participó en un evento de reforestación al que se sumaron vecinos del municipio de Ocuilan y trabajadores de la firma Walmart.
“Hemos hecho varias protestas, nos dicen que lo resolverán, pero no hacen nada”, afirma. Los vecinos del municipio han marchado en Ciudad de México, han bloqueado las carreteras, incluso cerraron las puertas del congreso del Estado de México. Todo ello, sin resultados.
“Nos recibió una comisión del Congreso y les pedimos el despliegue del Ejército. Nos dijeron que están todos los efectivos en las fronteras sur y norte. Nos prometieron que vendría Policía Federal, pero solo pasa por la carretera”, protesta.
La misma opinión tiene Margarito Nery Carlos, de 55 años, comisariado del territorio indígena tlahuica. Explica que la zona que a él le corresponde proteger comprende unas 18,000 hectáreas, pero que ya han sido taladas 5,000.
“He llegado a Profepa, a Semarnat, a Gobernación, con Alfredo del Mazo, a Probosque. Pero el gobierno no nos escucha, no hace caso”, lamenta.
“No sé si hay falta de voluntad o en el gobierno hay peces gordos que son cómplices o que nadie quiere meter las manos”, se queja. El comisariado es entrevistado mientras participa en la reforestación de El Poleo, una zona cercana a San Juan Atzingo. El problema es que, por mucho que la población vuelva a plantar árboles, pasarán muchos años hasta que el paraje recupere la frondosidad de antaño. Mientras habla, Margarito Nery Carlos señala a su espalda. Tras él, decenas de pinos talados abren un claro en mitad de una pequeña quebrada. Cuentan los pobladores que esto antes tenía una apariencia selvática. Y “antes” es hace tres años. Pero las motosierras funcionan a todo rendimiento.
“Los gobiernos federal y estatal tienen todas las coordenadas. Pero no hacen nada”, afirma.
Instituciones que miran a otras instituciones
La otra parte de la historia la ofrece Edgar Consuelo, director de Probosque, agencia del Estado de México. Dice, en entrevista telefónica, que su operatividad depende de los convenios que firma con Profepa. Afirma que hubo tres períodos en los que su institución tuvo atribuciones completas para las inspecciones: entre abril de 2004 y septiembre de 2005; entre junio de 2007 y septiembre de 2011 y entre agosto de 2013 y septiembre de 2017. Dice que, desde entonces, están esperando para firmar un nuevo acuerdo.
Mientras tanto, algunas cifras.
En 2017 y 2018, 336 operativos cada año.
En 2017 y 2018, 240 filtros en el transporte para detectar madera ilícita.
En 2017, 137 inspecciones a industrias. Una cifra que, en 2018, desciende a 18.
En 2017, 93 inspecciones a predios. Una cifra que, en 2018, desciende a 16.
“Esto es por la falta de las atribuciones. Cuando Profepa te lo solicita, lo hacemos, cuando no, no se realiza”, argumenta.
El director de Probosque identifica cinco puntos críticos en el estado: Nevado, el corredor biológico de Chichinautzin, el valle de Bravo y la reserva de la biosfera de la mariposa monarca.
Señala que no tiene datos sobre cuántas hectáreas desaparecieron en el Estado de México en los últimos años. Sí que conoce las incautaciones: 880 metros cúbicos en 2017 y 656 en 2018. Es decir, que ciertos operativos y confiscaciones van a la baja a pesar de que todo el mundo concuerda en que la tala ilegal se ha incrementado.
Lo que sí aumentó entre 2017 y 2018 es el número de detenciones por presuntos delitos ambientales vinculados a la tala ilegal: de 107 se pasaron a 165.
La procuraduría presenta sus propias cifras. Fuentes de la institución señalan que entre 2017 y este año “se realizaron 7,003 inspecciones a predios y aserraderos, 2,248 recorridos de vigilancia y 448 operativos en materia forestal, obtenido el aseguramiento de 30,662 metros cúbicos de madera, 586 vehículos, 658.6 toneladas de carbón vegetal y 1,099 herramientas y equipos, así como la clausura de 149 aserraderos y la puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal de 74 personas”.
“En 2019 se han desarrollado 14 operativos especiales, 53 recorridos de vigilancia, 5 inspecciones a centros de almacenamiento o transformación, 6 inspecciones a predios, 28 filtros de revisión al transporte, con 5 personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal, el aseguramiento de 8 herramientas o equipos, 4 motosierras, 12 vehículos, 261.6 metros cúbicos de madera, 902 kilso carbón, 2 centros clausurados o desmantelados y 3 predios clausurados”, añaden estas fuentes.
Desde la procuraduría advierten que las labores contra la tala ilegal no se limitan a su trabajo y defienden la colaboración ciudadana.
Se trata, precisamente, de la misma receta que proponen las autoridades locales de San Juan Atzingo. Los mismos que llevan años quejándose de que nadie hace caso a su petición de ayuda para frenar la deforestación.
