Baja la cifra de penales estatales sobrepoblados y los federales están a la mitad de su capacidad
En los últimos cuatro años la sobrepoblación de las cárceles dejó de ser un común denominador en el país. Mientras que en 2014 había 24 estados con más internos que espacios disponibles en sus reclusorios locales, para 2019 la cifra se redujo a 11 estados con este problema.
Y en los centros penitenciarios federales, el porcentaje de ocupación disminuyó al punto en que hoy más de la mitad de sus espacios disponibles están libres.
Esta reducción coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que, como se publicó este lunes, eliminó la prisión preventiva automática en la mayoría de los delitos, lo que junto con otros factores contribuyó a que actualmente haya casi 60 mil personas en reclusión menos que hace cuatro años. Es una reducción de la cuarta parte de toda la población penitenciaria.
Los datos oficiales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) obtenidos por Animal Político vía transparencia muestran que, en 2014, en 3 de cada 4 estados existía un problema de sobrepoblación. En algunas entidades como el estado de México, Nayarit e Hidalgo, la población casi triplicaba los espacios disponibles, mientras que en otros como Ciudad de México se acercaba a casi el doble.
Para 2019, sin embargo, solo 11 los estados siguen reportando una población penitenciaria superior a la capacidad de sus reclusorios locales. Se trata de Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Chihuahua, Durango y Estado de México.
Entre los estados que registraron un mayor descenso en su población penitenciaria en este periodo se encuentra Colima, Chiapas y Sinaloa, con caídas de 40 a 60% en su número total de internos. En números absolutos la Ciudad de México es la entidad con la mayor reducción en cuanto a cantidad de internos: casi 15 mil menos.
Menos presuntos culpables… excepto en CDMX
En 2014, el 42%de los internos en el país eran personas que continuaban bajo proceso sin que se hubiera probado aun su culpabilidad, mientras que el 58% restante eran internos sentenciados. Para 2019 el porcentaje de internos de forma preventiva se redujo a un 38% respecto al total, mientras que el de reos sentenciados se elevó a 62%.
Esto confirma lo advertido por varios expertos respecto a que la disminución en el total de población penitenciaria obedece, en buena medida, a que se ha dificultado el someter a prisión preventiva a un mayor número de personas bajo el nuevo sistema, lo que ha disminuido el ingreso de presuntos culpables a las cárceles. Si a ello se suma la salida de personas que cumplen su sentencia, la consecuencia es una rápida disminución de la población carcelaria.
Al analizar esto a nivel estatal se confirma el fenómeno, aunque no en todos los casos.
Por ejemplo Colima, la entidad con la mayor caída de su población penitenciaria en este periodo: casi al 61% de todos sus internos. Ahí el número de reos sentenciados disminuyó 30.4%, mientras que la cantidad de presuntos culpables sin sentencia cayó 75.5%. Es decir, se trata de una reducción mucho mayor en el universo de personas en prisión preventiva.
En Chiapas, la segunda entidad con la mayor reducción de su población penitenciaria, la situación es más pareja: tanto el universo de internos sentenciados como el de procesados se reduco casi a la mitad. Pero en Sinaloa, el tercer estado con la mayor disminución, la proporción vuelve a ser como en Colima: los internos en prisión preventiva se redujeron 55%, mientras que los sentenciados 32.1%.
La excepción es la Ciudad de México. Aquí la cifra de reos sentenciados pasó de 33 mil 976 en 2014 a 21 mil 394 en 2019, lo que equivale a una caída de 43.2%. En tanto, la población de internos bajo proceso disminuyó de 5 mil 303 a 4 mil 276, apenas un 18%.
Si bien hay 11 estados que este 2019 aún continúan con sobrepoblación, en ocho de ellos disminuyó el problema. Uno de los casos más claros es Nayarit donde el porcentaje de hacinamiento pasó de 240% en 2014 a 170% en 2019.
Solo hay cinco estados del país donde el número de internos se incrementó en los últimos cinco años: Chihuahua, Durando, Estado de México (todos ellos con problemas de sobrepoblación) así como Guanajuato y Zacatecas.
Penales federales, ni a la mitad
A igual que ocurre en los penales estatales, la población en los centros penitenciarios federales ha disminuido de forma considerable. Mientras que en 2014 se reportaban 24 mil 776 internos en dichas cárceles de alta y máxima seguridad, para 2019 la cifra cayó 17 mil 668, lo que equivale a una reducción de casi el 30%.
Y de forma similar a lo que ocurre en los estados, la reducción de población en estos reclusorios federales se ha visto fuertemente impulsada por la salida de internos que son presuntos culpables sin sentencia. Dicho universo se redujo en un 43.2%. En tanto la cifra de internos sentenciados bajó 11.5%.
En los últimos años el gobierno invirtió en la ampliación de los espacios en las cárceles federales, incrementándose de 31 mil a más de 38 mil los lugares disponibles en los mismos.
Sin embargo con la disminución de la población en los reclusorios federales, hoy se advierte que están ocupados apenas en un 46%. Es decir, más de la mitad de los espacios en los penales federales están desocupados.
Despresurización, avance en derechos humanos
La doctora en Derecho por la Universidad de Stanford e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Catalina Pérez Correa, dijo que la despresurización del sistema penitenciario es un avance en varios rubros. Uno de ellos es el de la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos, sobretodo en el caso de las personas que sin sentencia eran enviadas a prisión.
“En términos de respeto a los derechos humanos, tener a las personas en las cárceles mexicanas constituye un riesgo, por la falta de servicio de salud, la violencia que ahí se vive, el desgobierno, la falta de trabajo, etc” dijo.
Pero Pérez Correa también advierte ventajas en términos económicos, ya que en buena medida había muchas personas que antes eran enviadas a prisión con una fianza que no podían cubrir, lo que significaba que estaban presas no por un tema de peligrosidad sino de falta de dinero. Ello, a su vez, originaba un costo de manutención para el Estado que era evitable.
“Además del costo económico que implica para el estado tener a estas personas en prisión, que seguramente supera el costo del daño económico que hayan ocasionado, hay que tomar en cuenta el costo social. Ese implica el costo para sus familias que muchas veces es devastador e implica la creación de nuevos factores de riesgo para la delincuencia. Para el sistema en cambio es mejor dirigir los recursos hacia los casos más relevantes y liberar recursos para mejorar las condiciones” señaló Pérez Correa.
Riesgo de retroceso y falta de regulación
En febrero pasado el Congreso de la Unión aprobó, con una mayoría calificada pero no unánime, una reforma al artículo 19 de la Constitución con el cual se incrementó de 6 a 18 el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva automática, incluyendo ilícitos como el robo en diversas modalidades o la portación de armas de grueso calibre.
Para la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, esta reforma podría provocar que la población penitenciaria comenzará a experimentar, otra vez, un crecimiento como resultado de un mayor ingreso de presuntos culpables a prisión. Situación que se agrava por la falta de regulación secundaria tras la aprobación de esta modificación.
“El pasado 12 de julio se venció en término que la propia reforma constitucional del artículo 19 fijaba para armonizar diversas leyes y particularmente el artículo 117 del Código Penal y regular el tema de la prisión automática. Y no se ha hecho. Si esto se queda así se puede desincentivar la obligación del Ministerio Público de hacer la investigación correspondiente para verificar si las personas en prisión preventiva cometieron o no un delito, lo que violenta la presunción de inocencia” dijo.
La legisladora criticó que el hecho de que algunos funcionarios, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, presuman el ingreso de mayor personas a prisión preventiva como un avance en seguridad. En este mismo sentido se expresaron diversos especialistas consultados en esta nota, los cuales advirtieron que es peligroso utilizar como indicador deficiencia el mayor encarcelamiento de personas.
