La Estafa Maestra: la mano derecha de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, enfrenta denuncia penal
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa, mano derecha y uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles, acusando su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones de pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.
Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, la Auditoría concluyó que Zebadúa, como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.
El dictamen técnico que la Auditoría entregó a la Procuraduría —obtenido por Animal Político— señala que Zebadúa “omitió supervisar y evaluar que se cumplieran con las disposiciones jurídicas aplicables a su competencia y consecuentemente autorizó el ejercicio de los recursos de la Secretaría para los convenios suscritos con Universidades públicas y entes públicos estatales”.
Durante 2016, la Sedatu firmó convenios con universidades como la Politécnica de Francisco I. Madero para la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano por 185 millones 839 mil pesos, pese a que la institución no tenía la capacidad técnica, material y humana para cumplir.
Por ello, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Tampoco pudo acreditar que las empresas contratadas Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.
Primero en Sedesol, luego en Sedatu
Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2013 y 2014, cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de La Estafa Maestra.
Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.
En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales. Los dos también tuvieron esos cargos en la Sedesol bajo las órdenes de Zebadúa.
Francisco Báez sí enfrentó una acusación penal, pero no fue vinculado a proceso, es decir, el juez determinó que no había elementos para continuar con la acusación. Este funcionario fue un hombre clave en la estructura de la Sedatu, pues se encargó de negociar con la Secretaría de Hacienda la liberación de recursos para saldar los convenios con universidades públicas que supuestamente harían servicios a la dependencia.
La Auditoría comprobó que el exfuncionario “autorizó la liberación de recursos públicos federales con cargo al presupuesto de la Sedatu, para pagar los servicios no proporcionados por la Universidad al amparo Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADNUPFIM/ 33901-03/2016 del 02 febrero de 2016”.
Mientras que Humberto René Islas, que como subalterno de Zebadúa se encargó de la dirección general de Recursos Materiales y firmó siete convenios con distintas universidades tanto en Sedesol como en Sedatu, fue señalado por la Auditoría por “no supervisar la legalidad del Convenio Específico con la Universidad Politécnica “a pesar de que ésta no prestó los servicios”.
Las empresas que supuestamente fueron contratadas por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero no fueron localizadas en sus supuestos domicilios y se constató que los recursos que recibió se distribuyeron a diversas empresas y personas físicas, sin que existieran contratos o constancias que justificaran los pagos.
El dictamen técnico entregado a la PGR señala que los comprobantes de servicios que la universidad presentó “coincide en un 98.6% con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, así como por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (en otros convenios), lo que constituye un plagio de información para justificar la aplicación de los recursos ministrados”.
Más involucrados
La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.
En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.
Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.
Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.
La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados.
