Tras una audiencia que se prolongó durante casi 11 horas, un juez federal del Reclusorio Norte determinó que Juan Collado permanezca preso en el Reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en los delitos que delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez Jesús Eduardo Velazquez Rea consideró que había indicios iniciales suficientes para vincular a proceso al conocido abogado. Además le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa como lo amerita de forma automática el delito de delincuencia organizada, y dio un plazo de 6 meses para que se complete la investigación antes de ir a juicio.
Al justificar su determinación el juez consideró que la Fiscalía General había aportado indicios iniciales que permiten presumir que Collado formaba parte de una organización delictiva bien organizada que le permitió, al menos, obtener 24 millones de pesos en 2015 producto de la venta presuntamente ilegal de un terreno en Querétaro.
De acuerdo con los fiscales de la FGR este terreno fue adquirido usurpando la identidad de la empresa Operadora Inmobiliaria del Centro que era la dueña del terreno, y simulando su venta a la compañía Libertad Sociedad Financiera, de la que Collado funge como presidente del Consejo de Administración.
El monto total de esa transacción fue de más de 156 millones de pesos de los cuales Collado habría recibido directamente 24 millones, mientras que el resto de dinero de habría dispersado a través del sistema financiero utilizando para ello a personas físicas y supuestas empresas fantasma.
“Este es un ejemplo de una operación que creemos fue sistemática y continuada en la que Collado fue el autor material y donde se usurparon identidades, se crearon empresas fachadas o fantasma, todo ello para desviar recursos desde la sociedad financiera encabezada por esta persona”, señaló la Fiscalía en la audiencia.
El dinero obtenido a través de este mecanismo no solo se habría utilizado para el beneficio personal de los implicados , señalaron los fiscales. De acuerdo con un testigo, los recursos que salían de la referida sociedad financiera se habrían utilizado incluso para financiar campañas electorales, entre ellas la del hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Estos hechos se habrían realizado con la supuesta complicidad de Javier Rodríguez Borgio, conocido en Querétaro como el “zar de los casinos”. Todo ello según lo narrado por los fiscales.
Los fiscales revelaron en la audiencia que esta investigación la iniciaron el pasado 7 de junio a partir de la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante, uno de los presuntos afectados por el robo de identidad. A ello se sumaría una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apenas el pasado 4 de julio.
Cabe señalar que por este mismo caso también se giraron órdenes de aprehensión en contra de José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega, todos ellos implicados en la transferencia de recursos y el presunto robo de identidades que permitieron la supuesta adquisición ilegal del inmueble en Querétaro.
Durante el desarrollo de la audiencia, Collado estuvo acompañado por diez abogados defensores encabezados por Rodolfo de la Guardia y Javier López. En su intervención los litigantes cuestionaron lo que calificaron como una “nula” investigación de la Fiscalía General.
Los defensores señalaron, por ejemplo, el poco tiempo (un mes) integró toda la carpeta de investigación y que la misma estuviera apoyada solamente en un mismo denunciante que declaró en cinco ocasiones, y en una averiguación previa abierta en Querétaro que el mismo aportó pese a que no era parte de dicho proceso, sin esclarecer como la obtuvo.
Sobre estos cuestionamientos el juez advirtió que se trata de temas de fondo cuyo análisis corresponderán a un eventual juicio, pero que en esta etapa inicial no son suficientes para frenar la apertura del proceso.
En breve entrevista en el exterior del reclusorio, el abogado Antonio Collado, hermano de Juan Collado, adelantó que impugnaron de forma inmediata la decisión del juez para que un tribunal revise el caso.
Durante el desarrollo de la audiencia Collado presentó un problema de salud que estuvo a punto de ocasionar que la misma fuera suspendida y se le trasladara a un hospital.
El incidente ocurrió poco después de las 2 de la mañana luego de que el juez decretara un receso. Collado, que se había mostrado visiblemente molesto por las acusaciones, comenzó a llevarse la mano al pecho y a respirar con cierta dificultad.
Su cardiólogo personal, Jorge Eduardo Aranda, quien estuvo presente en la audiencia, lo revisó de inmediato y reportó al juez que habría sufrido una posible afectación cardíaca manifestada con sudoración, un dolor en el pecho y una ligera parálisis en el costado izquierdo de su rostro. Dijo que era necesario que se le practicaran estudios para descartar una angina de pecho.
Al reanudarse la audiencia, el juez preguntó a los abogados si querían suspender la misma para que Collado fuera revisado, pero ellos prefirieron continuar luego de que su cliente se estabilizó.