Retrasos y falta de información afectan al programa de pensión para personas con discapacidad
El hijo de Nely Pérez tiene parálisis cerebral, no se vale por sí mismo e incluso ella dejó de trabajar en cuanto él empezó a crecer, para poder atenderlo de tiempo completo. Nunca han recibido apoyos de gobierno por su condición. En noviembre pasado, por primera vez, se acercaron a ofrecerles algo: los “servidores de la nación” los censaron para un nuevo programa social, que sería creado en cuanto asumiera la presidencia Andrés Manuel López Obrador.
El inicio de reparto de dinero se anunció en enero, pero Nely y su hijo José Arturo siguen sin recibir nada.
Los encargados del censo les tomaron sus datos y una fotografía, y aseguraron que con eso ya estaba inscrito al padrón de beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. Nely ya buscó ese padrón por internet en la página de la Secretaría de Bienestar, responsable del programa, pero no existe, y llamó al teléfono que aparece para pedir informes, donde nadie contestó.
Incluso acudió al módulo de programas federales que se instaló junto al palacio municipal de Matamoros, Tamaulipas, donde ellos viven, para ver si ahí podía recoger la tarjeta, ya que ni eso le ha llegado, y la única respuesta fue que tenía que seguir esperando a que vuelvan a contactarla los servidores de la nación.
La asociación Familias y Retos Extraordinarios AC cuenta con numerosos casos de personas que todavía no están recibiendo pensión. En un grupo de Facebook en el que participan padres y madres, por una que comenta que ya pudo cobrar en julio, llueven los comentarios de quienes todavía no reciben pagos ni tarjetas y se preguntan dónde pueden recibir información.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el 1 de julio pasado que ya había 610 mil beneficiarios de este nuevo programa, del millón al que se pretende llegar este año, Bienestar no ha informado sobre los avances de esta política social. Animal Político solicitó varias veces a la Secretaría las cifras oficiales, pero no hubo respuesta.
La entrega de pensiones arrancó, según lo anunciado por el presidente, a mediados de enero, pero en el Padrón Único de Beneficiarios de Bienestar, actualizado hasta el primer trimestre del año, ni siquiera viene este programa, y en ese periodo el subejercicio de recursos fue de 72%, de acuerdo con los reportes financieros de la Secretaría de Hacienda.
El dinero asignado para estos subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 fue de 8 mil 500 millones de pesos, pero eso solo alcanza para repartirse seis meses entre el millón de beneficiarios al que supuestamente va a alcanzar el programa este año.
Por estas razones, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Ruiz Lustre, comentó a Animal Político que ha faltado transparencia.
“Está la percepción de que se están entregando los recursos bajo una encuesta demasiado débil, a través de encuestadores o brigadistas, y a través de los delegados locales. No sabemos exactamente a quién se le está dando, y si lo necesita o no. Y ponte a pensar: es un millón de becas, de mil 275 pesos por mes para un millón de personas, ¿cuánto te da? Mil 275 millones al mes…”, señaló el diputado morenista.
“No puedo estar en casa todo el día”
A Berenice Mendoza y su hijo Leo ni siquiera los habían pasado a censar a medio año. El niño, de 14 años, ya tenía un apoyo del DIF de la Ciudad de México, gracias a un programa social local creado en 2005 por el mismo López Obrador en su último año como jefe de Gobierno, del entonces Distrito Federal, por lo que les dijeron que eran los primeros en incorporarse al nuevo programa.
Pero Berenice fue cada mes desde enero a las oficinas de Bienestar de la ciudad y a la sede central a pedir la tarjeta, y cada vez le contestaron que como el programa era nuevo, todavía no había infraestructura y que iban lentos. Hasta que gracias al representante de la Unidad Habitacional en la que vive, en la alcaldía Álvaro Obregón, pudo contactar a un servidor de la nación, que le dijo que ya habían pasado y el edificio estaba cerrado.
“Yo no puedo estar aquí todo el día porque el niño va a terapias, tenemos que salir, o cualquier cosa, pero me comentaron que si vienen dos veces y no estamos, nos borran de la lista de beneficiarios”, contó Berenice a finales de junio. Hasta julio pudo concretar una visita para que le entregaran la tarjeta.
Leo tiene síndrome de Lennox-Gastaut, una epilepsia que no tiene control y le ha causado multidiscapacidad: intelectual, motriz, sensorial, parálisis cerebral infantil, retraso neuropsicomotor y rasgos autistas. Su madre gasta más de 10 mil pesos al mes en comprarle medicamentos y la alimentación especial que necesita, que junta con lo que le da el papá del niño y lo que gana de hacer ventas por catálogo.
Del DIF recibía 800 pesos mensuales, que ahora se convertirán en 2 mil 550 pesos al bimestre, para al menos aliviarle algunos gastos.
“Nosotras como mamás lo hemos platicado muchas veces, que es muy poco. Muchas hemos tenido que dejar de trabajar para cuidar a nuestros hijos. Y la cantidad apenas es para pañales. Pero podría ser peor: muchos años ni siquiera voltearon a ver a las personas con discapacidad”, reflexiona.
