Notarios públicos, empresarios y profesionistas, vinculados a la red de Collado
Las operaciones del abogado Juan Ramón Collado, con las que presuntamente hizo la compra ilegal de un edificio comercial valuado en 700 millones de pesos en Querétaro, contaron con la presunta participación de al menos 50 personas, entre ellas 9 notarios públicos de tres diferentes estados de la República Mexicana, de acuerdo con una investigación hecha por Animal Político.
Cuatro de estas personas denunciaron el robo de su identidad, en tanto uno de los notarios fue denunciado penalmente por emitir ilegalmente una carta poder, con la que se concretó la venta del bien.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio de los estados de Querétaro, Nuevo León y Estado de México, los integrantes de esta red realizaron (por lo menos en el papel) una serie de movimientos mercantiles conectados entre sí y los principales socios de 4 empresas que, a su vez, están relacionados directamente con la compra-venta del bien.
Por la forma de operar se observa un sofisticado mecanismo donde, con un día o dos de diferencia, se convocaba a asambleas que permitían cambiar de dueños o representantes legales de las empresas involucradas, y aumentar sus ganancias.
En una de esas operaciones, por ejemplo, se inyectó 57 millones de pesos a una de las compañías.
Los 50 nombres de socios, apoderados, comisarios y notarios aparecen en las actas constitutivas y asambleas de las 4 empresas que desde el pasado 7 de junio son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a solicitud del empresario queretano Sergio Hugo Bustamante quien denunció el robo de su identidad, con el fin de vender la millonaria propiedad a la empresa Libertad Servicios Financieros S. A. de C. V. (Libertad), que dirige Juan Collado.
Las empresas investigadas por esta operación son: Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V.; Administradora Ario S. A. de C. V. y Despacho Integral de Inmuebles S. A. de C. V.
Un poco de contexto
En su denuncia, Bustamante acusó a su exsocio José Antonio Rico y al abogado Collado, de haberse confabulado con José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Pattricia García Ortega -esta última pieza clave en la red-, para pactar la compra-venta de un inmueble del cual él era dueño del 50%. El otro 50% pertenecía a José Antonio Rico.
Bustamante dijo que estas cinco personas pactaron la compra-venta del bien por 156 millones de pesos, más de 17 millones 222 mil pesos en impuestos, a la empresa de Collado, aun cuando la propiedad tiene un valor de 700 millones de pesos. Por esta operación él no recibió ninguna ganancia.
No sólo eso. Bustamante dijo que por esta operación Collado habría solicitado a José Antonio Rico un soborno de 24 millones de pesos para concretar la compra. Y que para pagarle esa cantidad utilizaron las cuentas bancarias de 3 de las 4 empresas investigadas (Administradora Cimatario; Administradora Ario y Despacho Integral de Inmuebles).
Además, comentó que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, entre otros, serían los supuestos propietarios de las empresas implicadas en la millonaria operación.
“Me dijeron que atrás de Collado estaba gente muy pesada que en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servien y Mauricio Kuri. Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera y en particular por el Director General de Libertad Servicios Financieros”, dijo Bustamante.
Los notarios
De acuerdo con los documentos del RPC, hay 9 notarios que participaron en las operaciones de la red. De estos hay 3 cuyos nombres son recurrentes entre una empresa y otra.
Es el caso de Antonio Pérez de la Peña, de la Notaría Pública número 2; Álvaro Guerrero Alcocer, de la Notaria Pública número 3, y Juan Pablo Olivares, de la Notaría Pública número 11. Los tres de Querétaro.
Antonio Pérez de la Peña, por ejemplo, avaló movimientos en 3 de las 4 empresas involucradas; en tanto Álvaro Guerrero participó en la creación de 2 de las empresas, mientras su hermana María Zamantha Guerrero Alcocer, adjunta de la notaría número 3, fue la que acreditó la creación de la compañía Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., que vendió el predio en disputa.
Otros de los notarios es Héctor César Jiménez Arreola, de la Notaría Pública número 2 de Querétaro, quien de acuerdo con la denuncia es el notario “de cabecera de José Antonio Rico”, y quien de manera “dolosa” avaló la venta ilegal del edificio.
Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, de la Notaría Público número 24 de Monterrey, Nuevo León, es otra de las involucradas en la red. Ella protocolizó una acta “ilegal” de asamblea donde presuntamente se despojó a Sergio Hugo Bustamante de las acciones de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.”.
Además, la notaria otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández por parte de José de Jesús Cárdenas Rico, “a fin de poder concretar la venta del edificio”.
José de Jesús Cárdenas Rico es otra de las personas que denunció el robo de identidad.
Por la emisión de esta carta poder, la notaria Bonifaz Sánchez fue denunciada penalmente por Cárdenas.
Socios y apoderados
De las 41 personas que participan en la red, además del caso de los notarios, entre las que se encuentran socios, apoderados, profesionistas y comisarios (personas que vigilan las empresas), hay 7 cuyos nombres se repiten en varias de las empresas investigadas.
De estas 7 personas, sólo Patricia García Ortega es una de las denunciadas penalmente, por lo que existe una orden de aprehensión en su contra.
Contra las otras 6 personas y el resto de los participantes de la red no existen, hasta el momento, ordenes de aprehensión.
De acuerdo con la denuncia penal, Patricia García es la persona que presuntamente operó la entrada y salida de los recursos a la empresa que vendió el edificio, pero también la que autorizó el pago del presunto soborno al abogado Juan Ramón Collado.
De acuerdo con los movimientos del RPC consultados por Animal Político, Patricia García es apoderada de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V., y Despacho Integral de Inmuebles de S. A. de C. V.
Myriam Bonilla Saturnino, es otro de los personajes que aparece de manera recurrente en 3 de las 4 empresas denunciadas e investigadas por la FGR.
Myriam Bonilla aparece como apoderada y representante legal de Operadora de Inmuebles del Centro S. A. de C. V.; Administradora Cimatario S. A. de C. V., y Administradora Ario S. A. de C. V.
Otro personaje cuyo nombre aparece en dos de las empresas investigadas es José David Aguilar Vega, quien aparece como socio de las empresas Operadora de Inmuebles del Centro y Administradora Cimatario.
Aguilar Vega es otra de las personas que denunció el robo de identidad. En su declaración ante el Ministerio Público dijo desconocer la existencia de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro.
Esperanza Córdova Hernández; Liliana María Paulin Urbiola; Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez y José Alberto Hernández Rivera, son otros 4 personajes cuyos nombres se encuentran vinculados a por los menos 2 de las diferentes empresas de la red, con las que presuntamente el abogado Juan Ramón Collado, así como los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña operaron la compra ilegal de un edificio valuado en 700 millones de pesos.
