¿Cómo logró la FGR armar un caso contra Collado y encarcelarlo en menos de un mes? Aquí las claves
En menos de un mes, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación penal en contra del conocido abogado Juan Collado, reunió los elementos de prueba necesarios para sustentar inicialmente el caso, y obtuvo de un juez la orden de aprehensión para detenerlo y procesarlo por uno de los delitos más graves de todos: delincuencia organizada.
¿Cómo lo consiguió? ¿Es solido el caso? A partir de lo que los fiscales responsables del caso revelaron en una audiencia que se prolongó casi 12 horas, y del expediente de 144 páginas con el cual se solicitó la orden de aprehensión, Animal Político puede detallar ahora los puntos clave que explican la forma en la que se integró este caso.
También se aborda qué sigue en el caso en los próximos meses, lo que le falta a la FGR corroborar para una eventual sentencia, y por el lado de la defensa cuáles son las opciones con la que cuenta. Ello a partir de lo explicado directamente por los involucrados.
*Investigación exprés
La carpeta de investigación en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo se inició el 7 de junio de 2019, con la denuncia interpuesta por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el presunto robo de su identidad, hecho que a su vez provocó la venta ilícita de un terreno suyo a una sociedad financiera (Libertad Servicios Financieros), ligada con el abogado.
El caso quedó registrado en la carpeta número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, quien inició con las pesquisas.
El 1 de julio, es decir tres semanas más tarde, la FGR le mandó el expediente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para que lo analizara, y de considerarlo procedente presentara la denuncia formal. Ello ya que por procedimiento se requiere de la denuncia de Hacienda en casos de posible lavado de dinero.
Tres días más tarde, el 4 de julio, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, y un día después la ratificó. Ese mismo día, el 5 de julio, la Fiscalía envió al juez en turno del Reclusorio Norte el expediente y solicitó la orden de aprehensión en contra de Collado y cuatro personas más, la cual fue autorizada el 6 de julio.
Es decir, desde el momento de la denuncia inicial el 7 de junio, al instante que se giró la orden de aprehensión, 6 de julio, trascurrió menos de un mes.
*Víctima, denunciante y testigo: todo en uno
Durante la investigación la FGR recabó siete declaraciones ministeriales, todas ellas a la misma persona: el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa. La fecha de dichas diligencias fueron los días 7, 10, 12, 13, 17, 20 y 25 de junio.
La primera declaración de Bustamante fue para presentar la denuncia de hechos, y las siguientes para entregar documentos con los que contaba o narrar hechos que conocía, o que otras personas le habían dicho que sucedieron.
Esta situación fue criticada en la audiencia por los abogados defensores de Collado, quienes acusaron a la FGR de limitarse a recabar un “carrusel de declaraciones” de la misma persona, en vez de buscar otros testigos o sin verificar la veracidad de la información aportada por dicho individuo.
*La indagatoria reciclada
En su tercera comparecencia, la del 12 de junio, Bustamante entregó a la FGR una copia certificada de la averiguación previa DP/16/2016, iniciada el 22 de marzo de 2016 ante la Fiscalía de Querétaro, la cual al día de hoy sigue abierta.
De dicha averiguación la FGR extrajo 12 distintos datos de prueba, entre ellos el más importante de todos: el depósito de los 24 millones de pesos que se habrían transferido en abril de 2015 desde la empresa Operadora de Inmuebles del Centro SA de CV (de la que Bustamante señala que fue removido ilegalmente), a una cuenta bancaria a nombre de Juan Collado.
Además la Fiscalía aprovechó parte de la narración que ahí se había documentado para construir la narrativa de su caso.
Los abogados de Collado consideraron que todas esas pruebas deben declararse ilícitas por diversas razones, entre ellas que provienen de una averiguación que por ley es reservada, y a la que solo deberían tener acceso las partes involucradas y no terceros. Condenaron además que la Fiscalía no haya verificado por su cuenta los movimientos bancarios que ahí se encuentran reportados.
*La hipótesis y lo que falta por probar
Lo que la FGR sostiene – en su acusación – es que el abogado Juan Collado forma parte de una supuesta organización delictiva, integrada por al mes cinco personas, a través de la cual se triangulaban recursos obtenidos de forma ilícita para ocultar su origen, y aprovecharlos con intereses particulares.
El ejemplo que ha documentado para sostener esta hipótesis es el de la presunta compra ilegal del edificio despojado a Bustamante. No obstante, los fiscales también señalaron otros usos y posibles destinos del dinero, como por ejemplo el financiamiento ilegal a campañas, entre ellas la del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
En la audiencia y en el documento de la orden de aprehensión también se advierte de posibles transferencias a cuentas internacionales, entre ellas de Andorra, España y Suiza.
Para poder materializar estas conductas ilícitas los fiscales sostuvieron que el grupo encabezado por Collado recurría de forma sistemática a la usurpación de identidades, la creación de empresas fachada o fantasma, la simulación en la adquisición de inmuebles, entre otros. Todo ello utilizando el sistema bancario.
No obstante la mayor parte de estos señalamientos se sustentan, hasta ahora, en declaraciones ministeriales (la recabada por la FGR y las ya incluidas previamente en la averiguación previa de Querétaro).
Los fiscales de la FGR anunciaron al juez que durante el periodo de seis meses de investigación complementaria buscarán robustecer con evidencia documental estas denuncias, tanto a través de periciales en contabilidad, así como con el posible congelamiento de cuentas o el seguimiento de flujos en las mismas, con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
*¿Qué sigue para ambas partes? Pruebas y órdenes pendientes
Al concluir la audiencia del día miércoles el juez de control a cargo del caso decretó un periodo de seis meses de investigación complementaria para que ambas partes, la Fiscalía y la defensa, puedan reunir los elementos que consideren necesarios de cara a un eventual juicio. La próxima audiencia fue programada para el 11 de enero de 2020.
En este lapso la Fiscalía buscará, como ya se adelantaba en el punto anterior, reunir pruebas que documenten su teoría del caso.
A su vez la FGR tiene pendientes por cumplimentar cuatro órdenes de aprehensión más en contra de posibles involucrados. Se trata de las personas identificadas como José Antonio “R”, José Antonio “V”, Roberto Isaac “R”, y Tania Patricia “G”.
En tanto la defensa de Collado tiene un abanico de opciones. Por un lado anunciaron que presentarán un recurso de queja en contra de la determinación del juez del Reclusorio Norte de vincular a proceso a su cliente, por los delitos ya mencionados. Ello provocará que la determinación sea analizada por una sala penal, que podría confirmarla o revocarla.
Además cuentan con la opción de promover una demanda de amparo bajo el argumento de que sus derechos podrían haber sido violentados luego de que el juez mantuvo pruebas que, según lo dicho por la defensa en la audiencia, no se obtuvieron de forma lícita o no podían haberse usado en un caso de delincuencia organizada.
*Hasta dos años de prisión preventiva
Mientras Juan Collado siga bajo proceso penal por el delito de delincuencia organizada no podrá salir en libertad. Esto ya que dicho ilícito está considerado como uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa (automática), de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.
Si el proceso se mantiene como hasta ahora, significa que el abogado deberá permanecer en prisión al menos hasta enero próximo y durante todo el tiempo en que sea necesario, con un periodo límite de dos años.
Cabe recordar que Collado señaló que padece de afectaciones cardiacas y problemas de diabetes, por lo que alguna crisis de salud que no pudiera manejarse en el centro médico del penal también podría derivar en su traslado a otro sitio.
*Lo que no se reveló en la audiencia: expresidentes, sobornos…
Hubo algunos aspectos que se encuentran en el expediente del caso que no fueron revelados en la audiencia inicial, realizada en el Reclusorio Norte, pero que se conocen partir del documento de la solicitud de orden de aprehensión a la que este medio tuvo acceso.
Por ejemplo, se publicó que Sergio Hugo Bustamante Figueroa declaró que expresidentes de México como Carlos Salinas de Gortari o Enrique Peña Nieto serían los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros, donde Collado fungía como presidente del Consejo de Administración y que se encuentra implicada en los posibles malos manejos de recursos.
En el documento también se encuentra un fragmento de la declaración que Bustamante hace el 10 de junio, en la que advierte que Libertad Servicios Financieros habría realizado traspasos de hasta 100 millones de pesos a cuentas de la campaña del entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
De igual forma se revelan pagos a otros empresarios, uno de los más recurrentes de nombre José de Jesús Martínez Tejada, exdueño del equipo de futbol Irapuato y contratista favorito en el gobierno de Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato.
