En una reunión a la que asistieron 412 habitantes de la zona de Santa Lucía y que fue convocada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), vecinos mostraron de manera unánime su desacuerdo con la construcción del aeropuerto, principalmente por sus efectos ambientales.
Los asistentes también criticaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Marina y del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues consideraron que además de ser una versión preliminar se enfoca en los efectos de la construcción, pero no en el funcionamiento del aeropuerto. El documento consta de cinco partes de más de 100 páginas cada una.
Al encuentro del pasado 30 de mayo fueron convocados investigadores, agrupaciones sociales y productivas, así como ciudadanos en general, quienes manifestaron sus principales argumentos contra el proyecto:
La extracción de agua fue el tema que los asistentes mencionaron con mayor frecuencia. De acuerdo con la MIA, el agua será suministrada mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea. En caso de que sean requeridas otras fuentes de suministro, serán determinadas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
La MIA también menciona que en el aeropuerto se considera contar con instalaciones de captación de aguas pluviales y recargamiento de los mantos acuíferos a través de pozos de absorción.
Hernán Correa Ortíz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), resaltó que la Manifestación de Impacto carece de estudios geofísicos para identificar zonas viables de extracción y conocer si los pozos de absorción son medidas suficientes para revitalizar los acuíferos.
Los representantes de los 12 pueblos, quienes gritaban “¡Agua sí, aviones no!” al comienzo y final de cada intervención comentaron que no es posible suplantar el proceso de inyección de agua mediante pozos sin generar resultados adversos. Según sostuvieron, la Cuenca de México formada por cinco lagos es una zona altamente sísmica y fangosa que no va a soportar la construcción del aeropuerto y destruirá su flora y fauna y generará un desequilibrio ecológico.
Por su parte, Héctor Quezada Quezada, el presidente municipal de Temascalapa, municipio ubicado a seis kilómetros del aeropuerto, mencionó que según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los acuíferos de la zona son extraídos 750 mil litros de agua al día para abastecer al Estado de México, Hidalgo y parte de la Ciudad de México. Esta cantidad representa una capacidad mucho menor frente a los 6 millones de litros de agua al día que requerirá, según el estudio, la operación del aeropuerto.
Ante la afirmación de los ingenieros sobre la ausencia de peligro de desabasto para la población, el presidente municipal sostuvo que es imposible aislar el consumo urbano del consumo aeroportuario, pues todos los puntos se nutren del mismo manto.
Según afirmaron las autoridades en la presentación, la extracción de material se realizará basado en el banco de materiales autorizados por la Secretaría de Comunicaciones. La decisión de materiales se realizará mediante los criterios de calidad, cercanía y autorizaciones vigentes. También mencionaron que se buscará aprovechar el material extraído del poligóno de Texcoco para Santa Lucía.
Sin embargo, los asistentes mencionaron que de las cerca de 180 minas al aire libre, existe una gran cantidad que son explotadas ilegalmente y que no han cumplido las resoluciones de impacto ambiental. También comentaron que han sido afectados por su explotación mediante intermediarios.
La explotación de minas pone en riesgo la situación de los cerros y de la población que se beneficia de su presencia. Según comentaron, los cerros son fundamentales para la infiltración de agua, retención de suelo, almacenamiento de carbono, regulación de temperatura, inundaciones y calidad del aire.
Las autoridades comentaron que tienen contemplado realizar un monitoreo de aves en la zona aeroportuaria, la cual consistirá en cinco puntos de muestreo. A partir de los resultados, buscarán establecer medidas.
Sin embargo, según expresaron los asistentes, la población teme que afecte a las aves de la región, no únicamente a las de la obra.
Las autoridades sostuvieron que la emisión de gases es de apenas el 4 %. Aún así, se encuentran trabajando con un inventarios para borrar las principales huellas.
Los asistentes criticaron que la MIA no contempla cómo afrontar situaciones no previstas como el derrame de hidrocarburos por volcadura de camiones y maquinaria pesada, generación de recursos peligrosos, contaminación de suelo por agua de drenaje residuales, misión de contaminantes y gases de efecto invernadero, generación de aguas residuales, generación de islas de calor, generación de residuos sólidos y cambio de uso de suelo y no contempla medidas de remediación.