Del discurso humanitario a los soldados en la frontera, el giro en la política migratoria del gobierno

En tan solo siete meses desde que arrancara en diciembre pasado la administración de Andrés Manuel López Obrador, la política migratoria de México ha dado un giro de 180 grados en el discurso y, sobre todo, en los hechos.

En poco más de medio año, México pasó de presumir una nueva política “humanitaria”, basada en el respeto a los derechos humanos, a enviar 6 mil soldados a su frontera sur para detener y deportar a miles de migrantes, ante las demandas del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Garduño llega en sustitución de Tonatiuh Guillén, un comisionado de perfil académico -fue director del Colegio de la Frontera Norte-, que abogaba públicamente por mantenerse independiente de las presiones de Trump.

“La política migratoria mexicana no puede estar subordinada a la del gobierno de Donald Trump”, dijo en una entrevista con Animal Político en noviembre del año pasado, en la que también dijo que el uso de soldados y policías para detener migrantes sería “la última excepción y no la regla”.

“El nombramiento del nuevo comisionado es congruente con el regreso a una política migratoria enfocada en el uso de la fuerza, para detener y deportar a personas sin documentos”, apuntó en entrevista Ana Saiz, directora de la organización civil Sin Fronteras.

Por su parte, Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que el nombramiento de Francisco Garduño “es una señal clara” de que hay una vuelta a un perfil policiaco al frente del INM, tal y como sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se eligió como comisionado al exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas.

No obstante, los entrevistados coincidieron en señalar que la llegada de Francisco Garduño al INM es solo un paso más en el cambio de política migratoria, que ya estaba en marcha meses atrás; especialmente desde abril pasado, cuando ante el aumento inédito de las caravanas migrantes -según el gobierno, en solo tres meses hasta 300 mil migrantes entraron en seis caravanas para llegar a Estados Unidos-, la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, endureció su discurso para comenzar a plantear que, si bien México mantenía el enfoque de derechos humanos, el fenómeno migratorio es una cuestión de “seguridad nacional”. Por lo que recalcó la necesidad de ordenar los flujos.

Un ordenamiento que pasó rápidamente del discurso a los hechos.

El 4 de junio, Animal Político documentó historias de migrantes, especialmente cubanos, detenidos en operativos del INM en colaboración con policía y soldados, mientras descansaban en hoteles de Tapachula, a escasos kilómetros de la frontera con Guatemala. Mientras que 24 organizaciones civiles de Estados Unidos, México y Centroamérica, documentaron en una Misión de Observación Civil que en las redadas masivas se está separando a familias enteras, vulnerando el principio de unidad familiar y sus derechos humanos.

Y apenas el pasado sábado, un día después del nombramiento de Francisco Garduño, el INM informó que interceptó en Veracruz a cuatro tráileres en los eran trasladados 791 migrantes indocumentados hacia la frontera norte.

Todo lo anterior también pasó a reflejarse en las estadísticas oficiales, que apuntan a un nuevo boom en las detenciones: solo en mayo pasado, se registraron 22 mil capturas, un 119% más que el año pasado, y un 175% más en comparación con enero, el primer mes del nuevo gobierno de López Obrador.

“Cuando nombraron a Tonatiuh hubo grandes expectativas de un cambio real en la política migratoria, porque sí es alguien que tiene un conocimiento muy amplio del tema, y, sobre todo, de las necesidades de los migrantes”, apuntó Alberto Xicontécatl, de la Casa del Migrante Saltillo.

“Pero ese discurso nunca llegó a cambiar las prácticas de la política migratoria mexicana -matizó Ana Saiz, de Sin Fronteras-. Porque las detenciones siguieron y las deportaciones aumentaron. Es decir, nunca vimos materializado el discurso de la 4T, salvo algunas excepciones”, añadió la activista.

Entre esas excepciones están las imágenes de enero pasado, cuando agentes de migración otorgaron miles de tarjetas de visitante por razones humanitarias a los migrantes que ingresaron al país, por el puente internacional entre México y Guatemala, y no clandestinamente atravesando en balsas el Río Suchiate.

La entrega de esas visas fue destacada por la prensa internacional, entre ella The New York Times, como el paradigma de la nueva política migratoria del gobierno de López Obrador. Aunque la entrega de esas visas duró poco. Apenas dos semanas, el tiempo en el que el INM anunció que puso fin al programa.

Rumbo al tercer país seguro

Otro punto clave donde, progresivamente, se está produciendo también un cambio en la postura de México es en el tema del refugio a los migrantes.

Desde el inicio del nuevo gobierno de López Obrador, múltiples actores, entre ellos Segob, Cancillería, y la propia Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar), han repetido que México no aceptará ser un “tercer país seguro”.

Esta figura significa que los centroamericanos que busquen refugiarse de la violencia de las pandillas que azota, especialmente, a Honduras y El Salvador, no podrían pedir refugio en Estados Unidos, como es la intención de la mayoría, sino que solo podrían hacerlo en México, lo cual provocaría que México asumiera todo el peso en la gestión de los refugiados.

“De ninguna manera lo aceptaremos”, dijo el subsecretario de Migración, Alejandro Encinas, el 19 de diciembre pasado.

Sin embargo, un día después, el 20 de diciembre, Estados Unidos decidió de manera unilateral que enviará a quienes soliciten asilo en su territorio a México, para que esperen aquí la resoluciones de sus casos, decisión que México aceptó argumentando que lo hacía para proteger a los migrantes.

Y siete meses después, el 7 de junio pasado, se produjo un nuevo paso hacia el tercer país seguro con la firma del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Tras ese acuerdo, el canciller Marcelo Ebrard ha enviado mensajes contradictorios. Si bien ha reiterado que México no aceptará ser tercer país seguro, en una conferencia de prensa el pasado 11 de junio también admitió que, si en el plazo de 45 días señalado por la administración Trump no se consigue reducir el flujo migratorio, entonces habría una nueva negociación.

Y ahí sí, estaría en la mesa la posibilidad de que México asuma ese nuevo rol. Algo que podría suponer el colapso del ya de por sí colapsado sistema de refugio mexicano, que para este año, a pesar de que las solicitudes de asilo aumentaron 82%, experimentó un recorte en su modesto presupuesto de poco más de 20 millones de pesos, para atender miles de solicitudes.

Por ahora, lo que sí es un hecho es que, tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, México presentó un nuevo plan fronterizo, en el que Marcelo Ebrard detalló que, a la par de endurecer las medidas de contención con el ya anunciado envío de la Guardia Nacional, más la contratación de otros 825 agentes para el INM, también se propondrán otras medidas para la protección de los migrantes, y para ofrecerles la posibilidad de trabajo y asilo en México.

Sin embargo, en el contexto de ese nuevo plan, el canciller también dijo una frase que resume el giro de 180 grados en la política migratoria de derechos humanos, y en la que, básicamente, avisó que no son bienvenidos los migrantes que busquen llegar a Estados Unidos a través de suelo mexicano.

“(Si eres migrante) probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir: no queremos que atravieses nuestro territorio si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear a un problema a nuestro país”, señaló.