Las claves y pruebas de la estrategia de defensa de Emilio Lozoya

“La planta estaba en buen estado; la compra la autorizaron todos incluyendo al secretario de Energía y al subsecretario de Hacienda; cuando se adquirió estaba bien y luego la echaron a perder; Lozoya no recibió sobornos sino pagos de honorarios; el presunto sobrecosto lo avalaron otros”.

Estos son los principales argumentos con los cuales los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, buscan demostrar que su cliente es inocente de la acusación por lavado de dinero que le hace la Fiscalía General de la República (FGR), y por la cual ya se giró una orden de aprehensión en su contra.

En una conferencia de prensa, los defensores Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth aseguraron que Lozoya es blanco de una supuesta “campaña pública de desprestigio”, y reiteraron que analizan pedir que se cite a declarar en calidad de testigos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Confirmaron que la orden de aprehensión en contra de Lozoya tiene que ver con una denuncia interpuesta por la Unidad de inteligencia Financiera de Hacienda, en la que se identifican supuestos sobornos pagados por la empresa Altos Hornos a favor de Lozoya, para que autorizara la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, presuntamente en mal estado y a un costo mayor de su valor real.

La compra la hicieron varias empresas y la autorizó un Consejo

Los abogados de Lozoya sostienen que la adquisición de la planta Agro Nitrogenados no fue una decisión ejecutada unilateralmente por Lozoya, sino que la misma fue analizada y autorizada por al menos tres empresas con sus respectivos consejos de administración. Se trata de PMI Holding B.V., Norteamérica S.A. de C.V., y PMI Infraestructura e Desarrollo.

Los abogados además dijeron que esta inversión fue de pleno conocimiento del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex). Para corroborar lo anterior, entregaron una copia del acta de sesión del consejo llevada a cabo el 17 de diciembre de 2013, en la cual se informó de esta inversión.

En dicha acta, Lozoya informa al Consejo sobre la referida inversión. Entre los consejeros que asistieron y firmaron se encuentra el entonces presidente del Consejo, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos, y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de Hacienda, entre otros.

Los abogados señalaron que la compra de la planta de fertilizantes Agro nitrogenados, por la que se dice que Lozoya habría recibido un presunto soborno, no fue una ocurrencia del exdirector de Pemex, sino que se trataba de una política pública establecida en el llamado “Pacto por México”.

“En el compromiso 59 de dicho pacto, se determinó que Petróleos Mexicanos sería el motor de la promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzaría su papel en la producción nacional de fertilizantes. Con ese marco el presidente le giró al licenciado Lozoya instrucciones para llevarlo a cabo”, dijo Coello Trejo.

Más que una planta se compró un complejo, y se libró una deuda

La referida compra realizada en la gestión de Lozoya no incluyó solamente la planta de fertilizantes, según lo informado por sus abogados. El pago contempló la adquisición de otros activos como almacenes, bodegas, esferas de almacenamiento, e instalaciones portuarias con sus respectivas concesiones.

A ello hay que agregar que con la adquisición de esta planta Pemex también consiguió que se cerrara un litigio abierto con Altos Hornos, por un adeudo de 12 mil 600 millones de pesos, hecho que debe tomarse en cuenta como parte del proceso de adquisición.

Agro Nitrogenados no era chatarra

Los abogados de Lozoya también sostuvieron que cuando se adquirió la planta de Agro Nitrogenados esta no se encontraba en condiciones de chatarra, ni era inútil. Sostuvo que un análisis hecho por la empresa PMI Comercio Internacional, a través de Agro-Industrias, arrojó que la misma tenía capacidad instalada para la producción de dos millones de toneladas de distintos fertilizantes y sustancias.

Incluso Coello Trejo sostuvo que la producción y mantenimiento de dicha planta comenzó a decaer justo después de la salida de Lozoya de Pemex. Aseguró que la crisis que atraviesa dicha empresa productiva del Estado obedece a que sus recursos son “drenados” por la Secretaría de Hacienda, que por cada dólar de barril de petróleo se queda con 80 centavos, lo que a su vez le impide a Pemex invertir bien en sus instalaciones.

Por otro lado, los abogados dijeron que la evaluación del valor de la planta, que es otro tema que ha sido cuestionado, no la hizo Lozoya sino fue resultado de estudio técnicos de distintas firmas, así como del propio Instituto de Administración y Avalúo de Bienes, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.

“De ahí que llame la atención que la Fiscalía no ha llamado a la directora de ese instituto, ya que según el Ministerio Público los avalúos no fueron los correctos… les digo con claridad, si quieren realmente encontrar y castigar a los culpables, no es al licenciado Lozoya al que tienen que voltear a ver”, dijo Coello.

Presuntos sobornos fueron honorarios

Sobre los depósitos que Lozoya recibió en 2012 y 2013, a través de cuentas bancarias abiertas en bancos de Suiza, entre otros, y que de acuerdo con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda podrían ser resultado de presuntos sobornos, los abogados sostuvieron que en realidad corresponden a pagos de honorarios.

Según Coello Trejo, antes de ser funcionario Lozoya realizó diversas consultorías a varias empresas en el extranjero, entre ellas Altos Hornos, por los cuales recibió distintos pagos. El abogado dijo que las cuentas son internacionales porque en Suiza estaba constituida una de sus empresas, y recordó que su cliente, antes de ser funcionario, vivía fuera de México.

El litigante sostuvo que la referida empresa ya presentó documentación ante la UIF, que acredita la legalidad de esos pagos. Además calificó de “absurdo” que Lozoya recibiera pagos por promesas de supuestas inversiones en Pemex, cuando aún no ocupaba ese cargo ni sabía que sería nombrado en el mismo.