Gobierno de AMLO asciende a funcionario de Pemex que validó contratos a Odebrecht
Un convenio a favor de Odebrecht, que hasta ahora no había sido revelado, fue validado a finales de 2016 por el actual Subdirector jurídico de Pemex, Samuel Sánchez Reyes, según consta en nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Mediante ese convenio, Pemex renovó a Odebrecht un contrato por 1,939 millones de pesos en Tula, pese a que en ese momento ejecutivos de la constructora brasileña ya habían confesado que obtuvieron la obra mediante sobornos.
El jefe de la oficina de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, confesó el 22 de noviembre de 2016 ante las autoridades de Brasil que había obtenido la obra en Tula con pagos ilegales y a las dos semanas Petróleos Mexicanos firmó un convenio para refrendarle el contrato, con el aval de Sánchez Reyes como el responsable de la revisión jurídica del acuerdo.
De hecho, en expedientes que fueron desclasificados a petición de MCCI, y que formaban parte del caso Odebrecht que había sido declarado bajo reserva por 5 años por Pemex y por la Fiscalía General de la República, aparece la firma del actual funcionario federal como aval en casi todos los contratos y ampliaciones asignados directamente a Odebrecht en el anterior sexenio.
El 15 de febrero de 2014, por ejemplo, Sánchez Reyes firmó como supervisor jurídico un contrato por 1,436 millones de pesos para que Odebrecht hiciera obras de acondicionamiento para la modernización de la refinería de Tula.
Ocho meses después, el 20 de noviembre de 2014, el mismo funcionario firmó como supervisor jurídico una ampliación del contrato por 339 millones 531 mil pesos.
El 29 de mayo de 2015, Sánchez Reyes volvió a firmar una segunda ampliación a Odebrecht, ahora por 521 millones 53 mil pesos, con lo que el contrato original se elevó a 2,315 millones de pesos, 61% más que lo asignado.
Dos investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría de la Función Pública detectaron actos de corrupción en la ejecución de esa obra, como sobrecostos y pagos en exceso.
La ASF determinó que el daño al erario fue por 1,191 millones de pesos. De ese monto, 936.8 millones de pesos corresponden a costos de obra fuera de mercado; 240.8 millones a sobreprecios en materiales e insumos y 13.6 millones por pagos indebidos en la adquisición de herramienta y equipo de seguridad.
De acuerdo con las confesiones de los ex ejecutivos de Odebrecht realizadas en Brasil, el pago de sobornos en México fue a cambio de obras en Tula.
A pesar de todo lo anterior, en la nueva administración Sánchez Reyes fue ascendido a subdirector de Pemex.
Blindan obra de Tula
MCCI obtuvo copias, además, de otro expediente que también estaba bajo reserva en la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cual revela que en las semanas previas a que Odebrecht fuera intervenida en Brasil y en EU, directivos de la constructora realizaron una serie de maniobras para “blindar” la obra de Tula.
Por ejemplo, crearon exprofeso una filial en México a la que la constructora brasileña le transfirió –con la anuencia de Pemex– el contrato en la refinería de aquella población.
La investigación de la SFP concluyó que este traspaso resultó una simulación, pues la empresa filial carecía de capacidad técnica y financiera para ejecutar la obra. Además, se simuló la entrega de una fianza corporativa.
Con lo anterior, Odebrecht incurrió en la violación del artículo 8 de la Ley Federal Anticorrupción, que sanciona a quien simule el cumplimiento de reglas.
Por esa falta, y no por los sobornos, la SFP castigó al exdirector de Odebrecht en México, Luis Weyll, con una multa por 1 millón 262 mil pesos.
Desde 2014, las autoridades brasileñas investigaban a Odebrecht por haber participado en el cártel Lava Jato, una red de contratistas que obtenía obras en aquel país mediante sobornos y financiamiento de campañas electorales. Por alentar esa trama de corrupción, el 19 de junio de 2015 fue arrestado el Presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht.
Pese a estos antecedentes, Pemex siguió firmando contratos y ampliaciones con la constructora brasileña. En 2014 le asignó directamente tres contratos en las refinerías de Tula y Salamanca, así como en el gasoducto Los Ramones, por alrededor de 1,150 millones de dólares; en 2015 le otorgó nuevos contratos y ampliaciones por otros 2,460 millones de pesos (alrededor de 150 millones de dólares al tipo de cambio promedio de ese año).
El último convenio –del que no se conocían detalles hasta hoy– fue firmado por Pemex el 5 de diciembre de 2016, quince días antes de que estallara el escándalo de corrupción, cuando Odebrecht se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos de haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido México.
Convenio después de confesiones
El 22 de noviembre de 2016, el director de la oficina de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, firmó una confesión por escrito ante las autoridades de justicia de Brasil en la que detalló los pagos ilegales que había negociado en México con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
En el escrito mencionó que a pedido de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, se reunió en noviembre de 2014 con Lozoya en su casa, con quien supuestamente acordó el pago de cinco millones de dólares con el apoyo de un intermediario. Lozoya ha negado esas afirmaciones.
Dos semanas después de esta confesión, Pemex firmó un convenio para renovarle a Odebrecht un contrato por 1,939 millones de pesos que le había asignado por adjudicación directa un año antes para la obra “Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo”.
En el convenio, que fue suscrito el 5 de diciembre de 2016, la constructora Norberto Odebrecht SA transfirió los derechos y obligaciones del contrato a su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, SA de CV, para lo cual contó con la anuencia de Pemex.
La cesión de derechos –que en la práctica fue una renovación del contrato- fue por 1,811 millones 628 mil pesos, sin incluir el IVA, más un monto de 128 millones por concepto de costos reembolsables, con un plazo de ejecución de la obra al 29 de abril de 2017.
Por la empresa Norberto Odebrecth SA firmó como apoderado Weyll, quien actualmente está sujeto a proceso en Brasil, tras confesar que fue parte de la red de sobornos. También suscribió el documento Gleiber José de Faria, director de finanzas de Odebrecht en México, quien fue inhabilitado y sancionado por la Secretaría de la Función Pública por su presunta responsabilidad en actos de corrupción.
Por Pemex firmaron Armando Hiram Hinojosa González, subgerente de contrataciones; Ignacio Bravo Betancourt Larrañaga, superintendente del área de licitaciones; André Arthur Glorieux González; gerente de proyectos, y José Samuel Sánchez Reyes, quien fue el responsable de la revisión jurídica.
Este último funcionario se desempeñaba como gerente jurídico de contratos de la petrolera mexicana, y fue recontratado por la nueva administración federal con un puesto superior al que tenía.
Sánchez Reyes fue ascendido a Subdirector jurídico de operación regional de Pemex en el actual gobierno; su nombramiento se dio el pasado 16 de diciembre de 2018, según consta en su declaración patrimonial.
Cuando este convenio se firmó, el director de Pemex era José Antonio González Anaya, quien sustituyó a Lozoya en febrero de 2016.
Las contradicciones
En el punto 2.10 del convenio –del que MCCI tiene copia–, los representantes de Odebrecht declararon, “bajo protesta de decir verdad”, que ni ellos, ni sus empleados habían cometido cohecho o tráfico de influencias en perjuicio de Petróleos Mexicanos o sus empresas filiales.
Además, asentaron por escrito que no habían estado en contacto ni negociado con ningún funcionario, director, consejero, empleado o representante de Pemex, ni habían dado ningún tipo de dádiva, regalo o compensación en relación con el contrato.
Pero a los 11 días de suscribirse este convenio, Luis Alberto de Meneses Weyll –uno de los firmantes– compareció ante las autoridades brasileñas para confesar que él había sido el negociador del pago de 10 millones de dólares en sobornos para obtener obras en Pemex.
En su testimonio, rendido el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría brasileña en Sao Paulo, Weyll detalló los encuentros que tuvo con Lozoya y el mecanismo que siguió para transferir el dinero a través de empresas ‘de papel’ en paraísos fiscales, de acuerdo con los videos de su declaración obtenidos por la organización El Quinto Elemento Lab.
Un día antes ya había confesado ante la misma Procuraduría de Brasil Hilberto Mascarenhas, director de la oficina de sobornos, quien coincidió en su relato con Weyll sobre el pago de sobornos en México y sus encuentros con Lozoya.
Casi a la par, Odebrecht estaba en tratos con autoridades de Estados Unidos para declararse culpable de haber impulsado una red internacional de sobornos.
El 15 de diciembre de 2016, Odebrecht emitió un poder a uno de sus abogados para dar seguimiento al acuerdo de culpabilidad entre la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Como parte de ese acuerdo, los directivos de Odebrecht confesaron ante las autoridades de justicia de Estados Unidos que el monto pagado a cambio de obras en México, había alcanzado los 10.5 millones de dólares.
El 21 de diciembre de 2016 se formalizó ante una corte en Nueva York el acuerdo en el que el Departamento de Justicia se comprometió a no presentar cargos penales adicionales a Odebrecht, a cambio de que la empresa se declarara culpable de haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido México.
Esa confesión fue la que derivó en el escándalo de corrupción internacional.
Fue hasta el 17 de enero de 2017 que representantes de Pemex acudieron ante la entonces Procuraduría General de la República a solicitar que se investigaran los actos de corrupción en que había incurrido la empresa brasileña en México.
