Segob no emitió alerta de género en CDMX para proteger a autoridades, acusan investigadoras

El 7 de septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP A.C. y Justicia Pro Persona A.C. solicitaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. 

La petición se basó, señalan las organizaciones en el documento de solicitud oficial de AVGM, en un incremento de la violencia feminicida en la ciudad. Entre los datos señalados en el documento para sustentar la petición, está el del informe presentado por el coordinador general de Servicios Periciales de la PGJCDMX, ante el Comité Técnico de Evaluación del Protocolo de Feminicidio.

El documento establece que del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, en solo 7 meses, se registraron 101 casos atendidos por el laboratorio de genética forense. 

Además, se lee en la solicitud de las peticionarias, “se detecta con preocupación un tratamiento inadecuado de los casos, así como violaciones graves a la debida diligencia en las investigaciones por parte de las autoridades de procuración de justicia, y un contexto de impunidad y permisividad por parte del gobierno de la ciudad”. 

Las peticionarias y algunas integrantes del Grupo de Trabajo, encargado de hacer el análisis de la situación de violencia e impunidad contra las mujeres en la ciudad, aseguran que esto es una resolución fuera de la ley, más apegada a intereses de tipo político, y que ponen en riesgo la integridad y la vida de las mujeres.

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Además, señala, “hay una falta de acceso a la justicia para las mujeres, hay muchas deficiencias, no solo en la atención por parte de las instituciones del poder ejecutivo, sino también en lo que corresponde a administración de justicia por parte del poder judicial y en la resolución de la SEGOB se está dejando fuera a ese poder”.

Solo le están pidiendo a la jefa de gobierno, explica, que le dé seguimiento a una serie de acciones y políticas, “pero al poder judicial no se le está llamando al banquillo, no va a haber dientes, no va a haber instrumentos más eficaces para llamar a cuentas ni al poder judicial ni al  poder legislativo, esto es lo más grave de la resolución”. 

¿Cómo fue el proceso? 

Fue el 6 de octubre de 2017 cuando inició el procedimiento. Ese día, la CONAVIM admitió la solicitud de las peticionarias e informó al entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se establecen los requisitos y fases para emitir o desechar una alerta, se debe conformar un grupo de trabajo que analice la situación en el territorio señalado en la petición. 

Éste se constituyó con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la propia CONAVIM, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y con investigadoras de la UNAM y la UAM, como Aleida Hernández y Gabriela Rodríguez. La primera sesión de trabajo fue el 10 de octubre de 2017. 

Después de realizar una investigación sobre la situación en la capital, las expertas prepararon su informe final. El grupo lo tuvo listo en enero de 2018, aunque la ley marca solo un mes para realizarlo, pero lo pudieron entregar al gobierno de la ciudad hasta el 27 de marzo, por un cambio de titular en la CONAVIM.

En éste se presentaron 20 conclusiones y recomendaciones, entre estas destacan revisar los procedimientos de investigación en criminalística y forense en los casos de feminicidio, y la operatividad del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Investigación, además de revisar los expedientes de muertes violentas de mujeres para verificar si se aplicó el instrumento.

El Grupo de Trabajo también consideró que las agencias de Delitos Sexuales de la PGJDF debían generar un protocolo de actuación y asegurar que los prestadores de los servicios de salud encargados del primer contacto con mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, apliquen la Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación.

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Se estableció, también, que se debía evaluar la instauración del Protocolo Alba, un mecanismo especializado para la búsqueda de mujeres; así como entregar informes públicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con o sin vida) y no localizadas, así como desarrollar programas de capacitación en perspectiva de género para el poder judicial.

A cada una de esas recomendaciones se le asignaron indicadores para determinar qué tanto el gobierno las cumplió. La administración local tenía seis meses, hasta septiembre de 2018, para implementar las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo y mostrar los avances. 

Pero la administración capitalina pidió prórroga de un mes y medio para hacerlo, lo entregó en noviembre de 2018. Frente al cambio de gobierno, el fallo se fue hasta el 28 de mayo de 2019, cuando previó análisis de la información entregada por la administración local respecto a los resultados de lo que se implementó, el Grupo de Trabajo emitió su dictamen.

“Lo que determinamos después de hacer la evaluación de si cumplió el gobierno de la ciudad o no con las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo, fue que, y esto está en el informe que se le entregó a la SEGOB, alrededor de 30% estaban incumplidas totalmente, otro 30% se habían cumplido de forma parcial o estaban en proceso y solo 40% se cumplieron”, asegura la investigadora de la UNAM.

Pese a eso, la Segob consideró que el gobierno capitalino implementó medidas suficientes y rechazó que sea necesario emitir la alerta. Aleida Hernández puntualiza que la resolución de la Secretaría de Gobernación está considerando los seis meses de acciones y políticas del nuevo gobierno, cuando eso no es lo que marca la ley.

“Lo que se estaba evaluando eran varios años de la administración pasada, en aspectos como la capacitación a profundidad de los juzgadores, porque una de las deficiencias que encontramos es que los jueces no juzgan con perspectiva de género, incluso no saben aplicar el tipo penal de feminicidio en casos claros como que el esposo asesina a la esposa. Esos jueces no están capacitados todavía”, señala la investigadora de la UNAM.

La integrante del Grupo de Trabajo da otro ejemplo: “Dijeron que iban a hacer una guía para la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas de feminicidio, y entregaron una guía simulada, que no les sirve a los jueces, y así otros ejemplos que fueron solo una simulación, solo para entregar algo. No se hizo tampoco una base de datos amplia y que tenga un seguimiento a las órdenes de protección para las mujeres que viven violencia de género o feminicida”.

Las organizaciones peticionarias coinciden con los señalamientos anteriores en un comunicado afirman que “resulta prematuro decir que las medidas iniciadas en tan solo cinco meses, hayan atacado de raíz la problemática generalizada de violencia contra las mujeres y los obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, que motivaron la solicitud de AVGM en septiembre de 2017”.

La  CONAVIM debe explicar, subrayan las peticionarias, el por qué y bajo qué criterios o metodología de evaluación dio peso a 13 acciones del nuevo gobierno, para no emitir el decreto correspondiente sin considerar el dictamen del Grupo de trabajo.

Sobre la 17 medidas que la CONAVIM pidió implementar a la Ciudad de México en su dictamen sobre la AVGM –entre las que están: una estrategia de prevención y atención de la violencia en el transporte público; fortalecer la emisión, seguimiento y evaluación de riesgo y registro de medidas de prevención y ordenes de protección, y crear modelos de atención inmediata para mujeres en situación de violencia, así como mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos–, Selene González, coordinadora de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que esto es emitir medidas sin un respaldo legal. 

“Cómo es posible que no se emita la alerta y solo se pida implementar medidas, que además solo va a evaluar, en seis meses, la CONAVIM y no el Grupo de Trabajo. Eso es una alerta sin decreto, sin sustento legal, y si ya cuando lo tiene no se respeta, esto es peor, es más endeble”. 

Lo que se emitió, puntualiza Aleida Hernández, “es una Alerta de Violencia de Género suave y sin nombrarla como tal, porque sí se plantearon recomendaciones de la CONAVIM al gobierno de la CDMX, pero sin la posibilidad de que se conforme un grupo interinstitucional para evaluarlas, que es lo que hubiera procedido si se decreta la AVG”.

Respuesta de la CONAVIM

Al consultar a la comisión el por qué se consideraron las acciones del nuevo gobierno y no solo las del anterior, Nadia Sierra, coordinadora general de Alertas de Género de la CONAVIM, asegura que fue porque las acciones (en este tipo de procedimientos) se deben evaluar en forma progresiva y no solo con lo que se hizo en el pasado.

AP: Pero en la ley está estipulado un plazo de seis meses que es el que se debe considerar, después de que el Grupo de Trabajo emite sus recomendaciones, para dictaminar si se emite la alerta o no.

NS: Exactamente, pero el propio Grupo de Trabajo le dio oportunidad al gobierno de la CDMX de demostrar las acciones que había hecho después de entregado el informe, por eso es que tanto el Grupo como la Secretaría de Gobernación hace el balance de las dobles acciones.

AP: ¿Hubo entonces un segundo informe después del informe final del Grupo de Trabajo que también se evaluó para el dictamen de la alerta?

NS: El Grupo de Trabajo se reunió tres veces adicionales antes del dictamen final (para evaluar las acciones del nuevo gobierno).

Entrevistada por separado, Aleida Hernández asegura que lo dicho por Nadia Sierra es falso. “Es una mentira. El Grupo de Trabajo no le dio tal oportunidad al nuevo gobierno. Se nos convocó, a través de un oficio de invitación, a una reunión para que nos informaran sobre las acciones de la nueva administración, pero al menos las tres académicas del grupo decidimos no asistir, porque eso está fuera de toda norma, el Grupo termina su trabajo cuando entrega el dictamen y eso ya estaba hecho”.

Es por eso, agrega, que “nosotras nos negamos a ir, eso ya no estaba en tiempo. No sé si haya asistido el representante del Inmujeres y claro el de la propia CONAVIM, pero las académicas no. El Grupo como tal ya no se volvió a reunir ni analizó las acciones del nuevo gobierno de la CDMX. Y en todo caso que demuestren lo contrario con un acta de reunión. Decir lo contrario es una mentira flagrante”.