La Estafa Maestra: exsubsecretario de Sedatu denuncia falsificación de firma en otros 2 convenios
Por segunda vez, el exsubsecretario de Sedatu, Enrique González Tiburcio, denunció penalmente la falsificación de su firma en convenios con una universidad pública, implicada en los desvíos millonarios de La Estafa Maestra.
González Tiburcio, que fue el segundo a cargo en la Sedatu cuando Rosario Robles fue la titular de esta dependencia, denunció el pasado 4 de junio, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que su firma fue falsificada en dos convenios generales firmados con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) para la realización de una serie de servicios.
Se trata de los convenios SEDATU-ITSC/SOT/02/2015, del 17 de septiembre de 2015; y SEDATU-ITSC-SOT/01/2016, con fecha del 11 de enero de 2016.
Por ahora, no hay pruebas de que estos convenios derivaran en la simulación de los servicios y la subcontratación ilegal de empresas fantasma o irregulares, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí ha detectado, al menos desde 2012, en otros múltiples convenios firmados entre dependencias públicas, como Pemex, Sedesol, o la propia Sedatu, y universidades públicas.
Lo que sí es un hecho, es que el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco es una de las ocho universidades que participó en el desvío de siete mil millones de pesos, documentado en la investigación La Estafa Maestra.
En 2013, esta universidad firmó seis convenios con Pemex-PEP por 385 millones de pesos. De ese dinero, Animal Político documentó que 358 millones de pesos fueron a parar a las cuentas de empresas fantasma o irregulares, a través de una violación a la ley federal de adquisiciones, y los 27 millones restantes se los quedó la universidad solo por hacer de intermediaria con las compañías fraudulentas.
Estos seis convenios fueron firmados por el exrector Carlos Mario Olán López, cuya firma también aparece en el convenio general de 2015 firmado con la Sedatu, y en el que González Tiburcio denunció que su rúbrica fue falsificada.
De denunciante a imputado
Esta es la segunda vez que González Tiburcio denuncia ante la Fiscalía la falsificación de su firma, en convenios de la Sedatu que derivaron en presuntos desvíos de recursos públicos a través de instituciones públicas de educación.
La primera vez fue en agosto de 2017. En ese entonces, González Tiburcio desconoció su firma en un convenio firmado en enero de 2016 con la Universidad Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, para la supuesta realización de una serie de servicios. En este caso, la Auditoría Superior señaló en un informe que ese convenio derivó en el presunto desvío de 185 millones de pesos a empresas irregulares, que no hicieron los servicios.
Sin embargo, a pesar que González Tiburcio acudió en esa ocasión en calidad de denunciante, los peritos de la entonces PGR determinaron que la firma contenida en el convenio fraudulento sí es verdadera, por lo que el exfuncionario pasó a ser imputado por el delito de “falsedad de declaración”, y posteriormente vinculado a proceso el pasado 30 de enero.
La vinculación significa que el juez consideró que las pruebas son suficientes para señalar a González Tiburcio como posible responsable de haber “faltado a la verdad”, al decir que su firma fue falsificada, por lo que se abrió un proceso penal en su contra.
Desde la vinculación del pasado 30 de enero, tanto la FGR como la defensa del exfuncionario están recabando pruebas antes de que se realice un juicio, en el que se decidirá si el exfuncionario es responsable o no del delito imputado.
Precisamente ayer miércoles tuvo lugar una de las audiencias públicas previo al juicio, en la que la defensa del exsubsecretario de la Sedatu se anotó una pequeña victoria.
Los abogados consiguieron que un juez federal exhortara a los investigadores de la Fiscalía General de la República a que aceptaran el desahogo de una serie de pruebas que recabaron, y que la Fiscalía no había tomado en cuenta, argumentando que éstas no tenían vinculación directa con el caso, y que, por tanto, no eran pertinentes.
Entre las nuevas pruebas que en un plazo de tres días hábiles la Fiscalía tendrá que recibir, están los testimonios de tres testigos que aportará la defensa del exfuncionario, y un nuevo peritaje de la firma de González Tiburcio que realizará un perito privado, luego de que el perito en grafoscopía de la PGR (hoy FGR) determinara que su firma no había sido falsificada en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.
En su exposición de argumentos, el juez federal José Artemio Zúñiga señaló que el caso aún está en la fase de investigación complementaria, donde las partes pueden aportar las pruebas que consideren, por lo que exhortó a la Fiscalía a que la defensa desahogue todas las pruebas.
“Que investiguen La Estafa Maestra”
Tras la audiencia ante el juez de control celebrada en la sala 2 del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, González Tiburcio dijo que la Fiscalía “ha sido omisa en investigar la ruta del dinero”, y acusó a las autoridades de investigación de hacerle falsas imputaciones “para encubrir a los responsables de estos hechos de corrupción”.
Por ello, el exsubsecretario de la Sedatu dijo que su defensa solicitó una audiencia con el nuevo subprocurador en delitos federales que estará a cargo de casos como Odebrecht, Estafa Maestra, y Duarte, Juan Ramos López.
“Estamos solicitando una audiencia con el nuevo encargado del tema para informarle de todas estas irregularidades, y pedirle una investigación apegada a Derecho que identifique a los verdaderos responsables de la llamada Estafa Maestra”, dijo González Tiburcio.
Además del exsubsecretario de la Sedatu, otro exfuncionario de esta dependencia, Armando Saldaña, también denunció en enero pasado ante la PGR y el Órgano Interno de Control de la Sedatu que su firma fue falsificada, en el convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero por 185 millones de pesos.
Pese a que peritos confirmaron que había irregularidades en la firma, un juez encontró elementos suficientes para vincularlo a proceso por el presunto delito de contratación indebida.
