11 mil 437 personas fueron desplazadas en 2018 por el crimen organizado y conflictos territoriales
Durante 2018 se registraron al menos 25 episodios de desplazamiento interno forzado en México, que afectaron a 11 mil 491 personas, de los cuales mil 437 eran niñas y niños, reveló un informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Los estados afectados fueron Guerrero, con 5 mil 056 personas desplazadas; Chiapas, con 5 mil 035; Sinaloa, con 836; Oaxaca, con 300 y Michoacán con 240.
En el informe ‘Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México’, entre enero de 2016 y diciembre de 2018 el total de personas internamente desplazadas por la fuerza ascendió a 338 mil 405.
Sin embargo, en el mismo periodo se redujo 50.4% el número de personas desplazadas, que en 2016 fueron 23 mil 169, para 2017 se registraron 20 mil 390 y en 2018 se tuvo conocimiento que 11 mil 491 fueron afectadas.
Sobre las causas que provocaron los episodios de desplazamiento, la CMDPDH indicó que en todos ellos “se registró la presencia y/o el uso directo de la violencia”.
Veinte de los 25 episodios fueron causados por violencia por parte de grupos armados, en Guerrero, Sinaloa y Michoacán.
Otros cinco de los 25 fueron causados por violencia política, conflictividad social y/o conflictos territoriales, en Chiapas y Oaxaca.
En el informe, la organización detalló que en el 84% de los casos se usaron armas de fuego, en el 80% se reportó que la población recibió amenazas y en el 52% se indicó que casa, cultivos o negocios fueron quemados, destruidos o baleados.
Además, en el 32% se reportó el saqueo de viviendas, en 24% hubo extorsión o cobros de cuotas de piso, en el 20% se dio con violencia el desalojo y en 16% hubo reclutamiento forzado de personas.
En el 16% de los episodios de desplazamiento forzado se reportó la desaparición de personas pertenecientes a la comunidad y en el 12% de los casos las comunidades ya habían sido obligadas a huir de sus viviendas en ocasiones anteriores.
¿Quiénes son los desplazados?
De acuerdo con el reporte, en todos los episodios de desplazamiento interno forzado en 2018 se mencionó que entre las víctimas se encontraban “familias”, lo que indica un perfil diverso de personas: mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores.
En el 72% de los casos se mencionó específicamente la presencia de niñas y niños, en el 60% se reportó que mujeres fueron afectadas por el desplazamiento, mientras en el 20% los afectados pertenecían a poblaciones indígenas.
En el 52% se mencionó específicamente la presencia de adultos mayores, en el 28% de hombres, en el 16% de jóvenes y en el 12% se reportó que había mujeres embarazadas.
Respecto al tipo de localidad donde tuvieron lugar los episodios de desplazamiento, se observó que el 84% ocurrió en entornos rurales, 8% en comunidades urbanas, el 4% sucedió en poblaciones rurales y urbanas, mientras en otro 4% no se pudo determinar las características del lugar.
En el último año, se tuvo conocimiento que en tres de los 25 episodios por lo menos parte de la población desplazada regresó a sus lugares de origen o de residencia habitual, y en un caso hubo un intento fallido de retorno.
En dos de los casos, sucedidos en el municipio de Leonardo Bravo, Guerrero, se reportó que la población retornó a sus hogares bajo presión de funcionarios del gobierno y/o sin que hubiera condiciones que garantizaran su plena seguridad.
Además de los episodios incluidos en el informe, la CMDPDH reportó que se registraron dos episodios de desplazamiento interno forzado no masivo en 2018, provocados por intolerancia religiosa, uno en Chiapas y otro en Oaxaca.
También mencionó el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, donde, antes de 2018, comenzó a registrarse la salida masiva de habitantes por motivos relacionados con la inseguridad.
Para la organización es preocupante que, aunque se trató de un fenómeno con amplia distribución a lo largo del país, se concentró “de forma desproporcionada” en Guerrero y Chiapas, además de que en algunos casos se vieron involucrados agentes del Estado, lo que “evidencia que este no falla solo por omisión”.
El CMDPDH concluyó que, a pesar de algunos avances en el reconocimiento institucional del desplazamiento interno forzado, “aún existen desafíos importantes en lo que se refiere a la atención integral” de este, como la falta de un diagnóstico especializado y comprehensivo sobre la situación de las víctimas.
“Asimismo, la ausencia de un marco normativo y de programas de atención y protección a nivel federal agrava la situación de vulnerabilidad de las víctimas, generando, además, la violación continuada de una serie de derechos humanos y diversas formas de revictimización”, agregó.
De acuerdo con la organización, es urgente que el Estado mexicano elabore un diagnóstico especializado del fenómeno, cree un marco normativo compatible con los estándares internacionales en términos de protección de personas internamente desplazadas, la implementación de políticas públicas para atender a las víctimas y trabaje en la construcción de soluciones duraderas al fenómeno.
