Se define este lunes la situación jurídica de 16 defensores que se oponen a hidroeléctrica de CFE
Este 3 de junio es el juicio oral para determinar la situación legal de 16 defensores del agua y el territorio del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), organización que ha peleado desde 2003 contra la construcción de una hidroeléctrica de la CFE sobre el cauce del río Papagayo, que cruzaría el núcleo agrario de 47 pueblos del Acapulco rural, en Guerrero.
En 2003, la CFE inició los trabajos de construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en terrenos de la comunidad indígena de bienes comunales de Cacahuatepec. Las obras consistieron en la ampliación de caminos, el rastreo y perforación con maquinaria, la destrucción de un cerro, la tala de árboles, el desmonte de vegetación forestal y la construcción de campamentos.
Los comuneros de Cacahuatepec denunciaron que no los consultaron antes, y que el proyecto no contaba con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer el cambio de uso de suelo.
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, organización que lleva la defensa legal de los pobladores opuestos a la obra, explicó en un comunicado que “la construcción de la presa hidroeléctrica afectaría a 5 municipios del estado de Guerrero, inundando las tierras y territorios de 21 comunidades, lo que implicaría el desplazamiento de más de 20 mil personas, además de diversas afectaciones a alrededor de 70 mil más que viven en la zona”.
El mismo informe sobre el proyecto de CFE entregado a la Semarnat ratifica que “la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico La Parota involucra reacomodo de poblados, por lo que paralelamente al estudio de impacto ambiental se realizarán actividades para obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo de áreas forestales, uso del agua, aprovechamiento de materiales pétreos y ocupación y expropiación de tierra”.
Los pobladores decidieron defender su territorio y obligaron a la CFE a sacar la maquinaria que ya se encontraba en Cacahuatepec, para realizar los trabajos. Campamentos integrados sobre todo por mujeres se apostaron en puntos estratégicos, para impedir una nueva incursión de las máquinas.
Acompañados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollah, los opositores al proyecto impulsaron una batalla legal por la protección de sus tierras y del Río Papagayo. También formaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop).
Desde entonces, el Consejo ha protestado contra el impacto social y ambiental del proyecto. En 2013 dieron un paso más para proteger sus tierras y garantizar la seguridad.
De acuerdo a lo documentado por Tlachinollan sobre la historia de la organización, “ante la creciente inseguridad en Cacahuatepec, los abusos de empresarios extractores de rocas del río y la hostilidad gubernamental contra el Cecop, Cacahuatepec solicitó integrarse a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), que ha extendido su sistema de seguridad y justicia a cargo de las propias comunidades indígenas”.
Cacahuatepec recibió el visto bueno de la CRAC para conformar su policía comunitaria. Se integró El Comité de Enlace de la Región Cacahuatepec y se asignó como sede la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. A ese grupo de comunitarios formado en 2013 pertenecen los presos de quienes este 3 de junio se define su situación jurídica.
¿De qué los acusan?
Alrededor de las tres de la mañana del 7 de enero, de acuerdo a lo documentado por Tlachinollan y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), los policías comunitarios de Cacahuatepec realizaban un rondín en La Concepción, para resguardar un baile que se celebraba en el pueblo por una fiesta local, cuando un grupo de civiles les disparó. Eusebio Helaciano Melchor y el comandante Ulises García Martínez recibieron balazos por la espalda. Sus compañeros repelieron la agresión.
Ocho personas resultaron muertas esa madrugada, lo dos policías comunitarios que recibieron las balas y seis personas del grupo que disparó. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado el caso señalaron como responsable de la emboscada a Florentino Melchor, comisariado de bienes comunales, quien estaba a favor de la puesta en marcha de la hidroeléctrica de la CFE.
“A lo que se apuesta para imponer este tipo de proyectos es a la división en las comunidades. Convence a unos, les dan dinero, les prometen cosas y así destruyen el tejido social. Empiezan las pugnas y los ataques”, dice Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
A las 11 de la mañana de ese mismo 7 de enero de 2018, la fuerza pública irrumpió en La Concepción. “Revisaron casas sin orden de cateo y golpearon a los pobladores”, asegura Rosales. Tres policías comunitarios más resultaron muertos: Alexis Santos Castillo, Crescencio Everardo Lorenzo y Feliciano Ascencio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que los ejecutaron extrajudicialmente. “Los policías comunitarios fueron ultimados ya estando rendidos”, asevera Rosales.
De ese operativo de más de 200 policías estatales, acompañados por ministeriales y por integrantes del Ejército, resultaron detenidas 38 personas.
El abogado precisa que a 25 los incomunicaron y los torturaron, y “así, en ese aislamiento y sometidos a tratos crueles, es cómo se obtiene la prueba de rodizonato de sodio para saber si habían disparado”.
Rosales afirman que también se les sembraron armas. “Las mismas que decomisaron cuando catearon la comunidad, armas que son de bajo calibre, que los campesinos tienen en su casa para cuidar la parcela, el ganado; en las comunidades eso es común. Esas armas que sacaron de los domicilios sin tener una orden de cateo son las que les sembraron a los compañeros”.
Por eso, agrega, “es que las supuestas pruebas con las que armaron la acusación contra los comunitarios se les han ido cayendo. El 6 de febrero, el juez desechó las pruebas de rodizonato confirmando que se tomaron de forma ilegal, sin la presencia de los abogados de los acusados y que la perito no obtuvo el consentimiento de los involucrados para tomarla”.
Quedan como pruebas, explica el abogado, los testimonios que señalan a los detenidos como culpables, “testimonios sobre todo de familiares de los civiles que resultaron muertos. Y las armas sembradas a los detenidos, de las que no hay un peritaje científico que indique que fueron disparadas el día de los hechos ni que las balas son las que impactaron en los cuerpos de los fallecidos”.
Los 16 integrantes de Cecop –enfatiza el defensor– “fueron criminalizados por el Estado por oponerse a La Parota, los encarcelaron para desarticular un movimiento de resistencia”.
Dicen las autoridades “que el proyecto de la hidroeléctrica ya no existe, que ya frenó, y que cuál criminalización, pero es que saben que Cecop continuará su lucha por la defensa del Río Papagayo, que está siendo saqueado ahora por los empresarios que extraen grava de forma indiscriminada y con toda impunidad, les dan permisos para sacar un determinado número de metros cúbicos y ellos sacan lo doble y no hay quien los supervise”.
Lo que Tlachinollan y OMCT esperan respecto al juicio de hoy, dice Rosales, es que se haga justicia. “Las irregularidades en el proceso ya se evidenciaron, ahora esperemos que los tres jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelvan de manera independiente y que se considere el desahogo de las pruebas, porque solo les quedan los testimonios y son insuficientes. El nuevo sistema de justicia penal establece que debe haber pruebas más allá de toda duda razonable para dictar una condena, si hay dudas debe dictarse una sentencia absolutoria”.
Lo que resulte de esta audiencia, afirma, “puede dar un buen o un mal respecto al nuevo sistema de justicia penal y lo que ha prometido el gobierno federal” sobre liberar a los presos políticos.
“Está a prueba este sistema que debe ser garantista y debe pugnar porque el inocente no esté encarcelado, y también está a prueba la palabra del presidente de que no se va a seguir criminalizando y no se va a seguir metiendo a la cárcel a los luchadores sociales”.
