Video confirma tortura en caso Ayotzinapa y acredita encubrimiento de CNDH: OSC
El video que muestra cómo un detenido es asfixiado en un interrogatorio confirma que en la investigación del caso Ayotzinapa se usó la tortura, y acredita que la CNDH “encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable”, indicaron las organizaciones Serapaz, Tlachinollan, Fundar y CentroProdh.
La Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República- negó haber construido la llamada “verdad histórica” con base en torturas, y afirmó que solamente verificó vejaciones en 2 casos, recordaron las organizaciones, en su comunicado.
“Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración”.
El video difundido, continuaron las organizaciones sociales, muestra que era correcto el informe de la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, respecto a la existencia de tortura en 34 casos de personas detenidas, entre los que se encuentra el caso de la persona que aparece en el video, Carlos ‘N’.
Caso contrario a la actuación de la CNDH, acusaron las organizaciones, ya que dicha Comisión evaluó 72 casos en los que recibió quejas por tortura, de los cuales concluyó que sólo en 8 de ellos hubo esa práctica.
“En particular, respecto del detenido Carlos “N” la CNDH expresamente concluyó que no había evidencia de que se le hubiera sometido a asfixia o cargas eléctricas, pese a la abundancia de prueba y pese a la reiterada denuncia del propio detenido.
La fallida actuación de la CNDH en este rubro es consistente con su deficiente aproximación a la investigación de la tortura en México, caracterizada por encuadrar como tratos crueles casos donde la tortura es manifiesta y flagrante; por ello, confirma también los sesgos y limitaciones de su recomendación”.
La confirmación gráfica y pública de la existencia de la tortura en el caso, continuaron, confirma que los esfuerzos de la comisión creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para investigar el caso de la desaparición de los normalistas, deben ser más apoyados y secundados por la Fiscalía General de la República.
“Si ésta institución no avanza decididamente en la investigación de quienes cometieron irregularidades y violaciones a derechos humanos, si no fortalece el equipo de investigación del caso, si no realiza nuevas acusaciones y si continúa apoyándose más en la recomendación de CNDH que en el trabajo de los organismos especiales, se perderá la oportunidad de esclarecer plenamente el caso”, se lee en su boletín.
El video difundido, insistieron las organizaciones, recuerda que está pendiente realizar la investigación interna de los funcionarios que han desviado y obstruido la justicia.
“Al día de hoy, varios de estos funcionarios siguen sin rendir cuentas e incluso en puestos de responsabilidad pública; tal es el caso de una de las personas de quien se ha señalado su intervención en la tortura a partir de dicho material audiovisual. Después de la aparición del video, dicha persona se separó de su cargo en un gobierno estatal, paso relevante pero insuficiente pues lo que corresponde ahora es que sea investigado y en su caso sancionado”.
“No hay cabida para la tortura”: ONU
A través de un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los actos cometidos contra Carlos “N” y reiteró el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura.
“Tal como lo mencionó la Alta Comisionada de la ONU-DH, Michelle Bachelet, en su reciente visita a México, la tortura no tiene cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos”, se lee en el comunicado.
La ONU-DH resalta que este caso de tortura ya había sido documentado por ellos en el informe “Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.
El de Carlos “N”, quien fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR), fue uno de los 34 casos documentados por la ONU-DH donde se encontraron fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos.
“Este caso también se hizo del conocimiento del Estado mexicano desde julio de 2015 por cuatro Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en febrero de 2017 en el Informe de seguimiento a su misión a México del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez”, agregan.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, comentó que el video “comprueba la inacción del Estado mexicano en el caso Ayotzinapa (…) las instancias públicas encargadas de investigar delitos y violaciones a los derechos humanos, cometidas en indagatorias oficiales, tuvieron acceso a información que demuestra los actos de tortura y otras violaciones cometidas en contra del Arturo “N” y, a pesar de ello, no actuaron debidamente”.
Jarab refirió que es momento de “romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa”, y enfocar los esfuerzos del Estado mexicano en la verdad y la justicia.
La ONU-DH pide al Estado cumplir con las recomendaciones planteadas en el informe “Doble Injusticia” e implementar medidas de protección para Arturo “N”, sus familiares y su abogado defensor. Además destaca que las torturas y violaciones a derechos humanos cometidos por las autoridades no fueron casos aislados y tampoco son ajenos a la forma en que operan las corporaciones de seguridad y procuración de justicia en México.
“A la luz de la nueva evidencia sobre la tortura hacia uno de los detenidos, será fundamental que el Gobierno mexicano tome acciones concretas y contundentes para sancionar a los funcionarios públicos que cometieron esos y otros actos semejantes, así como a sus superiores jerárquicos”, agregan.
Sobre la desaparición de los 43 estudiantes, la ONU-DH “hace un llamado a la Fiscalía General de la República a relanzar la investigación del caso, a descartar en definitiva la denominada “verdad histórica”, misma que fue sostenida indebidamente por la anterior administración y ha sido desacreditada por investigaciones serias e independientes”.
