La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 399 casos de presunto acoso sexual dentro de la Administración Pública Federal en el periodo entre 2016 y septiembre de 2018, según recoge el diagnóstico “Hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública federal” presentado el lunes. En total, el documento señala la existencia de 402 víctimas o denunciantes.
De acuerdo con la documentación ofrecida por la CNDH, en 2016 se registraron 53 denunciantes de acoso u hostigamiento sexual; 149 en 2017 y 200 hasta septiembre del año pasado.
Las cifras se toman a partir de 2016 porque en ese año se aprobó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.
El informe advierte de un incremento en el número de casos, que afectan casi en exclusivo a mujeres. Por ejemplo, en 2017 el 87% de las denunciantes eran de género femenino. Un año después, en 2018, esta cifra alcanzó el 82%.
Por el contrario, el 96% de los agresores eran hombres.
Por instituciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) son las instituciones que tuvieron más casos. De hecho, seis de cada diez denuncias se concentraron en estas instituciones.
El informe señala que hay tres tipos de rubros que agrupan las conductas denunciadas. En primer lugar, las conductas de carácter sexual, como besos, tocamientos, acercamientos; seguidos por la difusión de rumores, las expresiones o los insultos de carácter sexual; y por último, las actitudes contrarias a códigos de ética en general.
Casi 20% de los casos denunciados en 2017 quedaron archivados. Por el contrario, ninguna de las carpetas abiertas en 2018 se ha cerrado.
A partir de 2018 se empezó a registrar el dato de con cuántas denuncias se emitieron medidas cautelares: fue el 16.42% de los casos.
Casi una de cada tres instituciones no ofreció la información requerida por la CNDH, sobre los casos de acoso. De hecho, solo el 53% entregaron los datos requeridos y un 11% dijo no haber tenido casos de acoso sexual.
Las instituciones que no entregaron información a la CNDH son: Conacyt, Conade, Conanp, Conavi, Imjuve, Inmujeres, SCT, STPS, Conavim, Segob, Inapam, CNEGSR, Fonart, Inafed, INEGI e ISSSTE.
“Se advierte como un asunto problemático para la atención en la Administración Pública que más de una tercera parte de las 46 instituciones encuestadas no proporcionen información sobre los casos”, dice el informe.
El documento analiza también las medidas que se implementaron hacia víctimas y agresores. La reubicación es una de ellas. Según los datos que recoge la CNDH, los agresores fueron enviados a otro puesto en mayor medida que las víctimas.
En el caso de las agraviadas, en el 4.98% de los casos se reubicó a la víctima de su lugar físico. De este porcentaje, la reubicación fue definitiva en el 2.74%.
Sobre los agresores, el porcentaje es mayor. El 13.43% de los señalados fueron movidos a otro puesto, de manera definitiva en el 3.73% de los casos.
En realidad, en la mayor parte de los casos agresor y víctima continúan en su puesto de trabajo.
En uno de cada cuatro casos denunciados, las instituciones no ofrecieron información sobre si el agresor fue sancionado. En el 12.92% el proceso terminó sin castigo por “falta de elementos”.
“Sólo hubo un 1% de los casos donde se impuso algún tipo de sanción que impactó laboralmente al agresor”, indica el informe.
“Hay que pulir el camino. Estamos revisando que está bien y qué no está tan bien. Y yo soy de la opinión de que hay muchas cosas para revisar”, dijo Claudia Ruth Flores Zúñiga, directora de Seguimiento y Evaluación de la Dirección General de Igualdad de Género, durante la presentación.
La funcionaria quiso restar importancia a los recortes que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha promovido dentro de su política de austeridad.
“Estábamos muy acostumbrados a trabajar solo cuando había mucho dinero. No viajo si no es en primera clase. No puedo ejecutar si no me dan mis 18 mil millones al año. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Solo hace falta creatividad”, dijo, y puso como ejemplo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
“Es un problema no solamente laboral, sino de salud pública y seguridad para las mujeres. Hay un trabajo para la prevención y otro que debe hacerse para la atención y la sanción”, dijo Laura Liselotte Correa de la Torre, responsable de Política de Igualdad en la secretaría de Relaciones Exteriores.
En este asunto influyen las leyes que se aplican. Por ejemplo, el hostigamiento sexual está tipificado en la federación y en 31 entidades, solo faltando la ciudad de México.
Sin embargo, hay estados como Puebla, Baja California, Sonora y Tamaulipas en los que se establece que solo será perseguible en caso de que la víctima acredite un perjuicio.
“Es importante revisar el marco legal del acoso sexual y del hostigamiento sexual desde la perspectiva de los derechos humanos y de género”, afirma el informe.
Entre las recomendaciones de la CNDH está seguir promoviendo la prevención y la atención a víctimas.