Comunidad en Sonora denuncia que Semarnat quiere hacer consulta incompleta para construir presa
La sentencia “histórica” que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en septiembre pasado, en la que le reconoció a una comunidad no indígena su derecho a ser consultada por la construcción de una presa donde se almacenarán desechos tóxicos de la mina Buena Vista del Cobre de Grupo Mexico, acabó reducida a una mera reunión de información con “los quejosos” que se realizara el próximo 14 de mayo.
La comunidad de Bacánuchi, Sonora, ubicada a 27 kilómetros de donde se pretende hacer la construcción de la presa, denunció que la consulta nunca se realizó, por lo cual interpuso un amparo por la presunta omisión cometida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La presa, que estaría en la misma zona donde Grupo México causó el derrame de tóxicos hace más de cuatro años en los ríos Sonora y Bacánuchi, consiste en un contenedor de desechos mineros cuya superficie es del tamaño de 4,157.5 canchas de fútbol (3,326 hectáreas) con capacidad para almacenar el equivalente a 102 millones de pipas de 20 mil litros de líquidos (2040 hm3).
Como la Semarnat autorizó el proyecto sin consultar a los pobladores, 47 de ellos se ampararon y el caso llegó a la SCJN. En la sentencia final, la Corte reconoció́ la violación del derecho a la participación de esta comunidad no indígena, frente a la construcción de la nueva presa de jales de Grupo México, e instruyó a la Semarnat para realizar una reunión pública de información para resarcir este daño y asegurar la participación de la comunidad en referencia al proyecto.
Con esa resolución, los pobladores esperaban una consulta en la que realmente se les informara de los alcances e impactos del proyecto, y, sobre todo, que las autoridades escucharan sus opiniones y preocupaciones antes de decidir seguir adelante con la autorización.
Aunque ya se venía venir un escenario adverso. En septiembre, cuando se emitió la sentencia, la organización PODER, encargada de la defensa del caso, advirtió que la resolución era ambigua: “es un precedente importante respecto a reconocer la participación de las comunidades no indígenas en temas medioambientales, pero no queda claro el alcance de la consulta ni si se dejará sin efecto la autorización ya emitida para el proyecto”, señaló entonces Luis Miguel Cano, abogado de PODER.
Ahora, la organización civil y la comunidad de Bacánuchi aseguran que la Semarnat ha aprovechado la ambigüedad de la sentencia para reducir la consulta a una simple sesión informativa, para el próximo martes 14 de mayo, a las 11 de la mañana, en el comedor escolar, un sitio cerrado en el caben solo unas 50 personas.
En la notificación de la Semarnat, delegación Sonora, recibida en Bacánuchi el pasado 6 de mayo, “se advierten varias inconsistencias entre ellas, que se convoca a informarse sobre la autorización ya dada del proyecto, como si ésta ya fuera un hecho y como si debieran informar sólo sobre eso y no sobre todo el proyecto”, advirtió Cano en entrevista.
Más grave aún, señaló el abogado, lo que pretende hacer Semarnat limita la participación de los pobladores. “Solo se está convocando a la reunión a los 47 quejosos que interpusieron el amparo ante la Corte por no haber sido consultados. Eso es a todos luces una violación a lo que se ordenó en la sentencia, en la que dice claramente que se debe consultar a la comunidad”.
Otra falta, de acuerdo con Cano, es que obliga a las y los asistentes a que den “posibles sugerencias” en ese momento, sin tener un tiempo de reflexión. Además, nada se dice de qué pasaría después de la reunión, si las opiniones de los afectados se considerarán o no. “Lo único que dice la Semarnat es que los pobladores podrán externar sus opiniones para que se les escuche. Se les olvida que la Corte dijo que el ejercicio de consulta debía hacerse para que todo lo que transmita la gente se tome en cuenta”.
“Es el primer ejercicio de este tipo organizado por la Semarnat en el sexenio, y esperábamos que cumpliera con las pautas establecidas en el Acuerdo de Escazú; que observara los mayores estándares internacionales y que promoviera una participación activa, libre, informada y efectiva para esta comunidad que sufrió las consecuencias del peor derrame en la historia de la minería en México en 2014”, explicó en un comunicado Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER.
En definitiva, agregó, “esperábamos que Bacánuchi pudiera obtener información amplia, no sólo sobre la nueva presa de jales de Grupo México, sino del total de proyectos de expansión que la empresa pretende instalar en la región, además de expresar sus dudas y preocupaciones; llegar a conclusiones con suficiente análisis y, por supuesto, decidir si quiere el proyecto o no, y cómo”.
Ante esto, la defensa de los pobladores presentaron, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Agua Prieta, un escrito, en el que destacan “que lo que “pretende hacer la autoridad es un procedimiento ilegal que constituye el incumplimiento de la sentencia, para que al menos estén enterados de esto”.
A la Semarnat ya se le hizo llegar también un escrito donde se le advierte que no debe solo convocar a los quejosos ni solo informar de la autorización, sino de toda la obra y asegurar que haya un plazo razonable para que la comunidad pueda analizar la información, dar sus opiniones, y que éstas se tomen en cuenta. Lo que se espera, “es que la autoridad recapacite y que si la reunión del martes se lleva a cabo sea solo para decir, ok, aquí estamos, pero mejor vamos a hacer las cosas bien”, concluyó Cano.
