33 mil soldados seguirán en tareas de seguridad pública, sin formar parte de la Guardia Nacional
Pese a la activación de la Guardia Nacional, casi 33 mil elementos del Ejército Mexicano que integran la fuerza armada convencional permanecerán en las calles durante los próximos cinco años, apoyando en tareas de seguridad pública. Esto con total independencia de los policías militares que se prevé separar de sus funciones y transferir a la Guardia Nacional.
Ante este escenario algunos legisladores han advertido la necesidad de crear una ley especial y protocolos que los regulen, con el objetivo de prevenir abusos de la fuerza e incidentes como el ocurrido apenas el domingo pasado en Michoacán, donde luego de un enfrentamiento en el que hubo un menor herido, los pobladores retuvieron y desarmaron a un grupo de soldados.
Datos oficiales de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos vía transparencia por Animal Político, revelan que son 32 mil 911 los “elementos de las Unidades Operativas del Ejército” que continuarán en tareas de auxilio a la seguridad pública, el resto del sexenio.
Dicho despliegue militar en tareas de seguridad pública ya es legal. La reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo, estableció en su artículo Quinto Transitorio la facultad que tiene el presidente de recurrir al Ejército Mexicano para combatir a la delincuencia durante los próximos cinco años, mientras se conforma y prepara a la Guardia.
“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, indica el referido artículo.
En ese contexto se solicitó a la Sedena conocer el estado de fuerza de elementos del Ejército que, sin ser guardias nacionales, estarán desplegados en la calle.
Este mismo cuestionamiento se hizo vía transparencia a la Secretaría de Marina Armada de México, pero esta respondió que, con independencia de los policías navales que serán transferidos a la Guardia Nacional, no prevé – al menos de momento – mantener otro despliegue de elementos de la Armada en apoyo a seguridad pública.
Y en cuanto a la Policía Federal, la Ley de la Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial junto con las otras leyes secundarias de este paquete de reformas, establece que todos sus elementos deberán ser transferidos a la nueva fuerza en un plazo máximo de 18 meses, lo que significa que para 2021 ya no habría policías federales en las calles.
¿Y la capacitación?
La Sedena aseguró que los 32 mil 911 efectivos del Ejército Mexicano que permanecerán el resto del sexenio en apoyo a trabajos de seguridad pública serán evaluados y capacitados en tareas de “trabajo policial”, y que dicha preparación correrá a cargo de los mismos instructores que hoy están preparando a los elementos transferidos a la Guardia Nacional.
Agregó que esta capacitación se llevará a cabo siguiendo el programa rector de profesionalización que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que hoy se aplica a todas las fuerzas de policía del país.
Actualmente son instructores de la Policía Federal quienes, en su mayoría, están capacitando a los efectivos de Guardia Nacional, siguiendo dichas directrices. Esto según los datos que han trascendido públicamente ya que, oficialmente, ni la Sedena ni la Marina han querido proporcionar detalles oficiales de los esquemas de capacitación.
Pese a lo anterior hay legisladores que sostienen que la presencia de los militares en el resto del sexenio necesita ser regulada con una ley especial, sobretodo para atender lo que señala el artículo transitorio de la reforma constitucional, respecto a que esta participación castrense debe ser “extraordinaria, regulada y fiscalizada”.
Con lo anterior se buscaría además que los militares tengan claros los procedimientos que deben llevar a cabo, y evitar en lo posible desde abusos de la fuerza hasta escenarios como el ocurrido el pasado 26 de mayo, cuando un grupo de soldados fue desarmado, golpeado y retenido ilegalmente por pobladores que exigían la devolución de armas en La Huacana, Michoacán.
El senador Damián Zepeda del PAN recalcó, en la sesión de aprobación de las reformas complementarias de la Guardia, que por primera vez un presidente de México cuenta ya con un marco legal para desplazar a los militares en tareas de seguridad pública, pero insistió en que debe ser algo regulado.
“Este es un permiso especial por cinco años que no ha tenido ningún presidente hasta ahora. Seguimos teniendo este pendiente. Hacer una regulación específica de los 5 años que se le da de permiso especial a las fuerzas armadas para participar en tareas de seguridad pública”, dijo el legislador.
La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, durante las sesiones del parlamento abierto ciudadano en el Senado organizado con motivo de las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, dijo que era necesario considerar como una “quinta ley” la regulación de la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, durante los siguientes años.
“Si bien está avalada por el artículo quinto transitorio, no hay ningún lineamiento sobre esa excepcionalidad, temporalidad o qué delitos deben perseguir”, dijo la legisladora.
Anaya Mota añadió que ya existen algunas iniciativas planteadas con lineamientos específicos de actuación para las fuerzas armadas, por lo que prevén que las mismas puedan ser abordadas en el próximo periodo ordinario, que arranca en septiembre.
Una posición distinta fue la del senador del PRD Miguel Ángel Mancera, quien en entrevista señaló que las leyes secundarias de Guardia Nacional, como la del uso de la fuerza, aplican también a los militares que colaboren en seguridad y no están exentos de ellas, por lo que la regulación ya existe.
“La colaboración de las fuerzas armadas en estos cinco años tiene que cumplir con los parámetros que marca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, que dice que debe ser regulada y subordinada, y eso debe cumplirse. Ya está claro”, dijo el legislador.
No obstante, en una carta enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas advirtió que las leyes aprobadas no puntualizan con la claridad suficiente la aplicación de sus disposiciones y restricciones a los elementos de fuerzas armadas, que seguirán en las calles.
Van menos marinos a la Guardia de lo anunciado
El pasado 18 de mayo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, detalló el estado de fuerza que conformará de inicio a la Guardia Nacional y que se denomina “pie de veteranía”. Dijo que serán 35 mil elementos pertenecientes actualmente a la Policía Militar, 8 mil elementos de Policía Naval y 18 mil efectivos operativos de Policía Federal.
Sin embargo la Secretaría de Marina detalló a Animal Político, en respuesta a otra solicitud de transparencia, que se tiene considerado que 6 mil 288 elementos navales “presten sus servicios en la Guardia Nacional”. Esta cifra es 21% inferior a la anunciada por Durazo.
La Marina detalló además que la transferencia de estos efectivos se hará tanto de forma “voluntaria” (los que quieran integrarse a la Guardia), así como con otros que serán designados para ser comisionados.
Por su parte la Secretaría de la Defensa Nacional no ha querido transparentar hasta la fecha la cifra exacta de efectivos que irían a la nueva fuerza.
