A 3 meses del asesinato de Samir solo hay pruebas perdidas e impunidad
Tres meses después del asesinato de Samir Flores, activista opuesto a la termoeléctrica de Morelos, no hay avances en la investigación. Su familia no se fía de las autoridades y denuncia que lo mataron por sus posiciones políticas.
“No confío nada en las autoridades. Esto parece que va a quedar impune. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas madres buscan a sus hijos desaparecidos? Empezando por los 43 de Ayotzinapa. ¿Cuántos años pasaron y no hay justicia ni nada? Nos pasó esto y puede quedar así, igual, como ocurrió en muchos otros casos”.
Liliana Velásquez Fuentes tiene 36 años y es viuda de Samir. Es 16 de mayo y la mujer se encuentra en Huexca, que conmemora el séptimo aniversario del inicio de las protestas contra el Plan Integral Morelos, un proyecto de termoeléctria y gasoducto que ha enfrentado una fuerte oposición en la zona. En la plaza, algunas pancartas recuerdan al activista fallecido y exigen justicia. Aunque su esposa no tiene fe en que algún día pueda saber quién lo mató.
“No hemos visto respuestas ni avances, la carpeta sigue igual”, dice la Velásquez. “Cometieron muchos errores”, dice sobre la Fiscalía.
“Ahora tratan de decirnos que nosotros tenemos la culpa, que por nosotros se perdieron pruebas”, protesta. “Ellos saben cuál era su trabajo, tuvieron que hacerlo en su momento. No pueden decir que por nuestra culpa se perdieron pruebas”.
Samir Flores fue asesinado a las 5 de la madrugada del 20 de febrero. Alguien a quien todavía no se ha identificado tocó la puerta de la víctima. Abrió su madre, una mujer mayor que no pone rostro al agresor. Esta llamó a su hijo, quien salió al exterior de la casa. Ahí lo mataron. Velásquez recuerda que escucharon los balazos, salieron corriendo y encontraron a su marido con dos disparos y agonizando. Lo llevaron al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
La investigación ha estado marcada por las irregularidades. Especialmente, por la pérdida de una de las principales pruebas sobre el homicidio. Según se hizo público días después del atentado, la Fiscalía General del Estado de Morelos extravió una cartulina que habría aparecido junto al cuerpo y que estaría firmada por un supuesto Comando Tlahuica que se atribuyó el ataque.
Samir Flores era campesino, herrero, miembro del Frente en Defensa de la Tierra y del Agua, y fundador de la radio comunitaria Amiltzinko. Su viuda lo tiene claro: cree que lo mataron por oponerse al Plan Integral Morelos. De hecho, el atentado tuvo lugar tres días antes de la consulta promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el proyecto. Con un 59.5% se impusieron los partidarios del proyecto. No obstante, los opositores han presentado diversos amparos contra la infraestructura y la propia votación. Dos tribunales han admitido recientemente dos de estas quejas, por lo que el resultado de la consulta podría ser cuestionado.
“Hace siete años aquí estaba Samir, aquí decidimos que se paraba la termoeléctrica. Él estuvo aquí en el plantón, resistiendo días y meses”, recuerda Teresa Castellanos Ruiz, compañera de la víctima en las actividades contra el proyecto.
La mujer, que recientemente fue reconocida con el XXVII Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, mantiene la versión que defienden los allegados a Flores: que fue asesinado por su oposición a la termoeléctrica. “Quien lo asesina es el Estado. Nos dicen que fue el crimen organizado y nosotros decimos que el crimen organizado está aliado con el gobierno. No han presentado pruebas porque están encubriendo al asesino”, dice.
“La víspera estuvo en una asamblea informativa criticando el proyecto. Eso no le gustó a Hugo Eric, el delegado. Un día increpa a un funcionario del gobierno y al día siguiente aparece asesinado. ¿Qué podemos pensar?”, dice.
En una reciente entrevista, Hugo Eric Flores, delegado gubernamental en Morelos, insistió en vincular el asesinato con el crimen organizado y descartó que Samir Flores fuese asesinado por su actividad social.
Sin embargo, su viuda recuerda que había recibido diversas amenazas por su trabajo en la radio, desde donde había lanzado sus mensajes de oposición al plan Morelos.
“Pensábamos que en algún momento podía ocurrir. Ya había recibido amenazas. El trabajo que le gustaba, el que le estaba sin recibir sueldo, era el de la radio. El objetivo era dar voz a la comunidad y eso al Gobierno no le convenía”; dice. Recuerda la viuda que, en diversas ocasiones, su marido recibió mensajes que le advertían de que sería atacado al salir de la radio.
“López Obrador dijo que aunque hubiera gritos y sombrerazos la termoeléctrica iba. Pues aquí están los gritos y sombrerazos”, dice Teresa Castellanos. “No tenemos el nombre del asesino, pero sabemos que está en el gobierno”, afirma.
El asesinato de Samir Flores marcó un antes y un después en las comunidades que se oponen a la termoeléctrica. Según relata Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos, hay vecinos de Amilcingo que se vieron obligados a dejar su casa por miedo a ser la siguiente víctima. La impunidad, que no haya ningún arrestado ni una investigación sólida sobre quién pudo matar al activista, incrementa la sensación de inseguridad.
“Tengo miedo, pero más miedo me da la destrucción del planeta”, dice Teresa Castellanos.
Liliana Velásquez quiere que su marido sea recordado como un hombre que “no se vendió”.
Sigue viviendo en el domicilio de la familia Flores, en Amilcingo, en el mismo lugar en el que fue asesinado su esposo. Cada día, la mujer y los cuatro hijos tienen que pasar por el lugar en el que le encontraron agonizando.
A la tristeza y los recuerdos se le suman el enfado. “Estamos encabronados por las promesas que se hicieron por el nuevo gobierno. Todo fue mentira”, dice.
Se siente traicionada por el gobierno de López Obrador. Creyó que su llegada al Ejecutivo facilitaría la paralización de la obra, pero se ha encontrado con una administración que defiende el proyecto al que ella se opone y que, en su opinión, costó la vida a su marido.
Las pintadas de “Samir Vive” en el acceso a la termoeléctrica, ubicada a escasos 300 metros de Huexca, recuerdan que el asesinato sigue siendo un caso abierto. Para denunciar la impunidad del homicidio tres meses después del ataque está prevista una protesta ante la Procuraduría General del Estado de Morelos.
Su viuda insiste: “lo mataron por defender la vida”.
