En la última década, ningún país del hemisferio ha experimentado un aumento tan grande como México en el número absoluto o en su tasa de homicidios.
Esta es una de las conclusiones del informe “Organized Crime and Justice in Mexico (Crimen organizado y justicia en México)” del programa Justice in Mexico que desarrolla la Universidad de San Diego, Estados Unidos, en colaboración con la UNAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Universidad Autónoma de Puebla.
El documento, que será presentado en Ciudad de México los próximos 30 y 31 de mayo, analiza las tendencias del crimen organizado y la violencia que han marcado la situación de México especialmente desde el mandato de Felipe Calderón (2006-2010).
“Está claro que el aumento de la violencia en México durante la última década representa un problema urgente que no necesita exagerar para merecer seria consideración por parte de académicos y responsables políticos. Esta trágica pérdida de vidas mexicanas debería ser causa de grave preocupación, no de reclamaciones hiperbólicas o parte del juego político”, señala.
El incremento de la violencia viene relacionado con la denominada “guerra contra las drogas” y marca una tendencia ascendente durante las presidencias de Calderón y Enrique Peña Nieto (2012-2018), un sexenio en el que la violencia se ha disparado. En total, más de 332,000 personas fueron asesinadas en México desde el inicio del siglo XX, sin contar las personas desaparecidas y los crímenes que no fueron reportados.
El informe alerta sobre la utilización política que puedan tener determinados datos. Pone como ejemplo un estudio de 2017 realizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en el que se sugería que México era el segundo país más violento del mundo por detrás de Siria, que vive una guerra civil desde 2011.
Unas afirmaciones “infundadas” que, según este documento, fueron utilizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para “multiplicar el miedo y la animosidad” hacia su vecino del sur.
“Los niveles y tasas de homicidios son en realidad mucho peores en otras partes del hemisferio occidental”, dice el documento, que cita el caso de Brasil. Con una población de más de 200 millones de personas (algo menos del doble de los 130 millones de México), el país sudamericano está en cabeza en número total de homicidios desde hace una década, según datos de la UNODC, la oficina de la ONU que se ocupa de drogas y crimen organizado.
Por ejemplo, en 2015 la tasa de homicidios en Brasil fue de 26.7 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de México quedó en 16.4 por cada 100 mil. Es decir, que según datos oficiales, México estaba por debajo de países más pequeños como Belice, Colombia, Guatemala, Honduras, Jamaica o Venezuela.
“En términos per cápita, hasta 2015 el número de homicidios en México fue todavía algo ‘promedio’ para el hemisferio occidental”, dice el informe.
Uno de los problemas de México es que, debido a que su población es más amplia, “el coste total de la violencia es mayor que en países más pequeños con mayores tasas de homicidios”. Un dato: desde 2000 hasta 2015, un total de 256,347 personas fueron asesinadas en México. Esta cifra supera el total combinado de países con tasas de homicidios más elevadas como Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Jamaica y la República Dominicana.
El informe refleja un fuerte incremento en el número de asesinatos a partir de 2015. De hecho, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de homicidios se disparó hasta las 27.3 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2018 y las previsiones para 2019 van en el mismo sentido.
“Esto significa que la tasa de homicidios de México ya no puede considerarse ‘promedio’ para la región, sino que compite con las últimas reportadas por la UNODC para Brasil y Colombia”, señala el documento. Todo ello, a falta de una medición estándar que pudiese servir para equiparar las cifras.
En opinión de los autores del informe, lo que diferencia a México de otros países de la región es que la violencia es un fenómeno relativamente nuevo. Mientras que otros estados sufrieron durante el siglo XX intervenciones militares y guerras civiles, en México se observa una relativa estabilidad política a partir de los años 30 del siglo pasado, después de la violencia que marcó el período revolucionario entre 1910 y 1917.
A pesar de todo, uno de los datos más preocupantes es que México es el país del hemisferio que más ha visto incrementar sus tasas de violencia durante la última década.
Este incremento en el número de asesinatos está directamente relacionado con el crimen organizado. No obstante, el informe observa una serie de cambios en las tendencias que se reflejan desde el mismo nombre del documento. En ocasiones anteriores, el estudio hacía referencia únicamente a la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Sin embargo, la diversificación de las estructuras criminales hace que no se pueda hablar solo de un ilícito, sino que los carteles están cada vez más fragmentados y dedicados cada vez más negocios ilegales.
En términos geográficos, el documento evidencia una tendencia: cada vez son menos los municipios mexicanos con cero homicidios. De hecho, según datos de 2017, solo tres de cada diez núcleos urbanos del país no registraron ninguna muerte violenta.
Según este informe, diez municipios de México concentran el 33% de los asesinatos del país. Es decir, que uno de cada tres homicidios tuvo lugar en Tijuana, Juárez, Acapulco, Benito Juárez, Culiacán, Guadalajara, Irapuato, León, Tlaquepaque y Ecatepec.
Aquí se observa un cambio de tendencia ya que en los dos últimos años Tijuana ha sido la ciudad en la que más muertes violentas se han concentrado, mientras que en el pasado Acapulco estuvo en la cabeza del listado durante cuatro años seguidos. El informe vincula este incremento de las muertes en Baja California por la irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación, que trata de disputar las rutas de tráfico de drogas al Cártel de Sinaloa.
Otro punto importante del informe es el estado de Guanajuato. Según el documento se ha incrementado notablemente la violencia en las ciudades de Irapuato y León. Esto vendría ocasionado por el huachicoleo y el auge del cartel de Santa Rosa de Lima.
La principal razón que explica el incremento de la violencia en México, según el informe, es la disputa entre diferentes cárteles por el tráfico de drogas. Sin embargo, se da una circunstancia paradójica. El documento habla de cómo en los años 70 y 80 del siglo pasado las organizaciones criminales crecieron y fueron incluso protegidas por los altos niveles de corrupción.
“Con la gradual democratización a lo largo de la década de 1990, la introducción de la alternancia política” en distintos niveles de la administración, se interrumpieron las redes de corrupción que llevaban décadas operando, “contribuyendo a aumentar la competencia entre las principales organizaciones de narcotraficantes”.
A esto se le suma el descabezamiento de diversas organizaciones, como ocurre con el cártel de Sinaloa, cuyo principal líder, Joaquín “Chapo” Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en febrero de 2019. El arresto de diversos líderes provocó la fragmentación de las estructuras, que a su vez competían por cada vez más diversos negocios ilícitos, lo que multiplicó los índices de violencia.
Otro dato relevante: a pesar del evidente incremento de la violencia en México se ha registrado un descenso de las donaciones de diversos agentes preocupados por reforzar el imperio de la ley en el país. Es decir, que a pesar de que hay cada vez más asesinatos la ayuda exterior ha decrecido.
El informe, por último, plantea las dificultades que va a enfrentar el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tarea de pacificar el país. Alerta sobre las críticas de organizaciones de la sociedad civil a iniciativas como la Guardia Nacional pero aplaude que, por primera vez, el presidente mexicano se centre en las raíces socioeconómicas que explican la violencia, con una mención especial al plan “Jóvenes construyendo el Futuro”.
Como recomendaciones, el informe plantea que deben analizarse mejor las iniciativas destinadas a reforzar las instituciones mexicanas, con el fin de no caer en duplicidades y ser más eficientes, reforzar tanto a la policía como los procedimientos de enjuiciamiento (no limitándose a perseguir el tráfico de drogas, sino ampliando el foco a las estructuras de corrupción y lavado de dinero), desarrollar medidas especiales para atajar la violencia política y reforzar las estrategias contra la corrupción.
Aquí puedes consultar el informe completo.