Desplazados de Guerrero denuncian que gobierno los obligó a rentar casas y no les ha pagado
“Nos hicieron dejar el plantón frente a Palacio Nacional en la CDMX, después nos pusieron como condición dejar el auditorio del palacio municipal de Chichihualco, donde estábamos refugiados, y rentar casas, que porque necesitaban tener los contratos de arrendamiento. Tuvimos nosotros que conseguir para pagar los depósitos y el primer mes de alquiler, y ahora resulta que el dinero que nos prometieron para las rentas no llega”, dice Cresencio Pacheco, desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, en el municipio de Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero.
Los desplazados acusan que tampoco les han dado lo acordado para alimentación. “Nos dijeron que nos iban a dar 4 mil pesos al mes por familia –afirma Pacheco– pero no lo han depositado. Igual no nos han cumplido lo de establecer un perímetro de seguridad, con tres puntos de vigilancia hacia la sierra y hacia Chilpancingo, por si el grupo armado que nos desplazó quisiera atacarnos”.
Después de estar 39 días en plantón afuera del Palacio Nacional esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador les diera una audiencia para plantearle sus demandas de repliegue al grupo del crimen organizado que los sacó, desde el 11 de noviembre, de sus comunidades, los desplazados firmaron un acuerdo, el 27 de marzo, con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
El acuerdo firmado incluía otorgarles un apoyo para renta de viviendas y para alimentación hasta por tres meses, con el compromiso de ampliar el periodo si fuera necesario, en tanto se desplegaban los acciones para que pudieran volver a sus comunidades. La subsecretaría de Encinas también se comprometía a solicitar a la de Secretaria de Seguridad Ciudadana el perímetro de seguridad.
La primera condición para concretar ese acuerdo fue que levantaran el plantón en la CDMX y volvieran al auditorio de Chichihualco, en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, donde habían estado refugiados hasta antes de su viaje a la capital. Los desplazados juntaron sus cosas y se regresaron ahí al día siguiente.
“Después nos dijeron que para que ellos pudieran proceder al pago, teníamos que rentar las casas y presentar los contratos de arrendamiento. Todo lo hicimos. Anduvimos consiguiendo para pagar los depósitos y el primer mes de renta. Y ahora resulta que no nos han mandado el dinero, varias familias ya tienen que pagar el segundo mes y ya las quieren desalojar”, acusa Pacheco.
Manuel Olivares, director del Centro de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón (Centro Morelos), quien da acompañamiento a los desplazados, dice que las autoridades les han dicho que no han depositado porque hay problemas con las cuentas bancarias de algunos.
“Nos pasaron una lista en estos días que según hay problemas con siete cuentas, que ya no están activas. Son en total 83 familias a las que se les tiene que hacer el depósito, y resulta que no lo hacen porque hay siete cuentas con problemas y quieren hacerlo a todos juntos. Nos parece un pretexto”, asegura el activista.
Solos, enfermos y sin dinero
“No sabemos qué vamos a hacer. Nos prometieron que a más tardar el 15 de mayo estaba el deposito. Según lo iban a hacer entre el 10 y el 15 de mayo, eso nos prometió el representante que nombró el gobierno federal, Neftalí Granados, cuando vino hace un mes a vernos, y nada que depositan. A mí la renta del segundo mes ya se me vence el 17 y no tengo para pagarla”, cuenta Marisela, otra de las desplazadas, ella de la comunidad de Los Morros.
La señora dice que están desesperados. “Acá en la cabecera municipal donde hemos tenido que rentar las viviendas no hay trabajo. Mi esposo se fue a ayudarle a un señor y le dio 80 pesos por todo el día. Allá en nuestra comunidad eso se pagaba en 200 pesos por día, aquí mira lo que pagan y eso cuando hay trabajo”.
Hay quienes están todavía en peor situación. El domingo 12 de mayo murió la señora Virginia, otra de las desplazadas. 10 días antes estaba bien y de pronto se puso mal. Empezó con fiebre y a los tres días acabó en el hospital. Ahí le detectaron hepatitis B, el apéndice inflamado e insuficiencia renal. Ya no salió. Su familia no pudo ni llevarla a enterrar a su comunidad porque el grupo armado ahí sigue.
“Tuvieron que enterrarla en el pueblo donde vive su hermana. Allá se quedó la familia para los rosarios. Y ahora el dueño de la casa que alquiló su hija ya la quiere desalojar, que le va a sacar sus cosas a la calle el viernes porque su renta ya venció y no paga”, asegura Marisela.
Los compañeros de Virginia dicen que la señora enfermó por andar en el plantón en la capital cuando fueron a exigirle al gobierno federal que los apoyara. “No estamos seguros de que algo en la capital le haya hecho daño, pero hay varios que estamos enfermos, un compañero tiene una infección en la nariz, él ya está también en el hospital. Yo estoy muy mal de la garganta desde que volvimos de allá. Ya me pidieron un exudado faríngeo para ver qué tengo, pero no me lo he podido hacer, y así andamos casi todos”, dice Marisela.
La mujer cuenta que en la Ciudad de México estuvieron en condiciones que seguro los afectaron. “Estábamos ahí en el plantón, al lado de una coladera enorme, larga, que abarcaba todo la zona donde pusimos las tiendas de campaña. Olía feo eso. Y luego tanta contaminación que hay allá, nosotros no estamos acostumbrados, ni a la comida que comen”.
Ahora acusan que el gobierno federal los ha dejado solos. “Fuimos allá, pasamos muchas penurias, y luego les creímos todas sus promesas y para qué, no nos han cumplido nada”.
En entrevista con Animal Político sobre por qué no se les han cumplido a los desplazados los puntos que se establecieron en el acuerdo con Encimas, Neftalí Granados, a quien la SEGOB nombró como enlace con los afectados, aseguró que el perímetro de seguridad es algo que le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana no a ellos. “Nosotros solo dijimos que lo solicitaríamos y lo hicimos, y sí se están haciendo acciones, hay recorridos por parte de la Policía Federal”.
Sobre las rentas, afirmó que ellos nunca les pidieron a los desplazados rentar las casas, antes de que llegara el dinero para el alquiler, ni los contratos de arrendamiento. “Nosotros no les podemos pedir eso si no les hemos hecho las transferencias”. Dijo también que los depósitos están en proceso.
“Se está trabajando en eso. Si todo sale bien a finales de la semana que entra quedarán. Nosotros no nos hemos comprometido con ellos a entregarles el dinero en una fecha, porque todo está en proceso, no es que haya una desatención, en México no había legislación ni estructura para atender a los desplazados, los gobiernos anteriores negaban que existiera esto, así que estamos en el proceso de cumplir los puntos del acuerdo”.
