Austeridad impuesta a Centros de Investigación limita hasta cargar el celular y provocará despidos
A partir de este lunes, en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), está prohibido cargar celulares, hacer café en cafeteras eléctricas o prender el aire acondicionado si hace calor.
Las medidas de austeridad ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a esta institución a calcular que podría no alcanzarle el dinero para pagar la luz, así que la semana pasada envió un oficio a su comunidad, para anunciar las nuevas prohibiciones y recomendaciones.
“Se solicita trabajar en áreas con luz natural disminuyendo al mínimo el uso de la red eléctrica institucional”, es otra de las sugerencias. “Para trabajar en horarios cuando la temperatura sube, se recomienda trabajar en lugares con sombra y ventilación. Para este fin se ofrecen las salas de juntas”.
Investigaciones, clases o cualquier trabajo deberá terminarse a las 5 de la tarde, pues a partir de ese momento ya no se permitirá la presencia de nadie y serán apagados todas las computadoras y equipos, agrega el documento.
El CIATEJ no es el único que tuvo que tomar estas medidas. En el Instituto de Ecología (Inecol), en Xalapa, Veracruz, la comunidad científica recibió este viernes un oficio muy similar, anunciando que las actividades diarias deberán terminar a las 6 de la tarde, y otras restricciones como que el agua potable ya no estará refrigerada, o que el aire acondicionado sólo estará encendido en laboratorios donde el control de temperatura sea esencial.
Estos son solo dos ejemplos de lo que está ocurriendo en los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI), adscritos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y que conforman la segunda comunidad científica más grande del país, después de la de la UNAM, con alrededor de 10 mil integrantes.
El memorándum de austeridad firmado por López Obrador el 3 de mayo pasado ordena recortar a toda la administración pública entre 30 y 50 % las partidas presupuestarias para materiales de oficina, estudios e investigaciones, alimentos, asistencia a congresos y viáticos de todo tipo.
Por ello, el pasado miércoles más de tres mil científicos, estudiantes, técnicos y personal administrativo de los CPIs firmaron una carta que llevaron a Presidencia y al Senado de la República, para pedir que se reconsidere la aplicación de dicho memorándum a estos centros de investigación.
Advierten que la reducción de trabajadores eventuales y la disminución de presupuestos podrían poner en peligro proyectos de investigación, y la formación de nuevos investigadores.
Un grupo de estos científicos explicó a Animal Político que el problema, de inicio, es que ellos estén considerados como funcionarios públicos, pagados por el Conacyt, aunque hagan labores de investigación y no de administración pública. Esa es la razón por la que a ellos les impacta este memorándum que está pensado, según lo expresado por Presidencia, para evitar que “el gobierno realice gastos excesivos u onerosos en su operación”.
Recortes de personal sin contrato fijo
El viernes, trabajadores por honorarios del Instituto Mora, que forma parte de la red de CPIs, denunciaron un recorte del 40 % en el presupuesto que había para contratarlos. Aunque en un principio se habló de despedir a este porcentaje, un trabajador aclaró que en algunos casos se negoció reducirles 40% el sueldo a cambio de mantener el puesto.
En una carta pública, detallaron que una tercera parte del personal del Instituto trabaja bajo esta modalidad de “proveedores de servicios profesionales”, que además de ser precaria por sí misma, ahora los pone en riesgo de quedarse sin sus trabajos y sin recibir ningún tipo de compensación.
“En la práctica diaria del Instituto, nosotros cumplimos un horario de 8 horas, tenemos jefes directos a quienes rendimos cuentas, cumplimos tareas distintas y/o mayores a las asignadas en los contratos, etcétera, lo que nos convierte en trabajadores de facto sin reconocimiento como tales y, por lo tanto, sin derecho a prestación alguna”, denunciaron.
Se quejaron de que, además, la mayoría solo trabaja exclusivamente para el Mora, pero si ellos decidieran terminar sus contratos, tendrían que pagar una penalización del 20 % del total de su valor, mientras que el Instituto solo está obligado a avisar con dos semanas de anticipación que terminará la relación laboral. Algo que ni siquiera se cumplió.
En otros CPIs ven venir despidos similares. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), de Puebla, que apenas el mes pasado fue noticia internacional porque participó en la creación de un telescopio virtual que permitió tomar la primera fotografía de un hoyo negro en el espacio. Ahí hay 300 trabajadores de base y 120 por honorarios, pero según dos de sus investigadores, el próximo mes ya no habrá dinero para pagarle a estos últimos.
En el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), que es el más grande, hay 530 trabajadores de base y 40 como “servicios profesionales” o como “proveedores”, el 7 %, que ahora está en peligro, a pesar de que forma parte de la plantilla habitual del Centro.
“Es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho, que se jubila alguien, no nos reponen la plaza, y hay que contratar por outsourcing. O el personal de limpieza, todo es por outsourcing. Y es una cuestión de que no haga antigüedad en la empresa, y otras prestaciones. Y ahora están recortando esa parte, entonces nos mete en problemas serios de gente que viene trabajando así en la institución por años”, señaló en entrevista Sabino Chávez, del INAOE.
Reducción de sueldos, viajes y desarrollo profesional
La reducción de bonos y compensaciones ordenada por el gobierno federal también impacta directamente en lo que en los hechos es el sueldo de los investigadores.
Según Juan Esteban Martínez, del Inecol, el ingreso real de los trabajadores va a bajar entre 20 o 30 % por la eliminación de estímulos a la investigación. Mencionó que hay quienes empezando su carrera, aunque ya tengan maestría y doctorado, perciben 15 mil pesos netos, y otros investigadores con más de 20 años están por arriba de los 30 mil.
Además, ya no podrán aspirar a subir de categoría como investigadores, de asociados a titulares, por lo que indica el punto 5 del memorándum: “No se autorizarán renivelaciones de plazas al alza con el objeto de incrementar las percepciones de los funcionarios contratados”.
Esto a pesar de que en los reglamentos de los CPIs está establecido que hay comisiones externas que todo el tiempo evalúan al personal y recomiendan promociones, y que como parte del perfil de investigador está hacer carrera subiendo de nivel.
Los científicos consultados también lamentaron que esto es un desincentivo para las nuevas generaciones, ya que se enfrentarán a una peor calidad de su educación, y a que la idea de ser investigadores se vuelva poco atractiva.
“Recortas en operación, en insumos para compra de materiales, para salidas de campo, para asistencia a congresos, y eso demerita la calidad de nuestros estudiantes, incluso en los tiempos en que ellos tendrían para terminar sus tesis”, comentó Carmen Maya, del CICESE. “Los más desanimados en nuestra institución son los estudiantes, por las dificultades que tienen y porque ven hacia adelante que no hay perspectiva”.
En cuanto a viáticos, la orden presidencial dada el 3 de mayo es tajante: reducción de 30 % en los que se usen en territorio nacional, y de 50 % en el extranjero. Además, el punto 9 ordena que toda comisión fuera del país se tendrá que solicitar por escrito y ser autorizada directamente por López Obrador.
Estos viajes no implicaban un gasto mucho mayor en el caso del Conacyt, según consta en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Lo etiquetado para viáticos nacionales eran 21.5 millones de pesos, que ahora serán solo 15 millones. Pero para el extranjero eran únicamente 8.4 millones, que con la reducción a la mitad quedarán en 4.2 millones, una tercera parte de lo que se pueda gastar dentro del país.
Los académicos del CICESE no se explican qué va a pasar con ellos. Este centro, presumieron, nació hace 45 años en Ensenada, Baja California, cuando toda la investigación en México se concentraba en la Ciudad de México y el centro del país, y creció gracias a la vinculación con otros institutos de investigación de California, Estados Unidos.
El Centro tiene un apartado postal en San Diego. Medio en Broma, medio en serio, los investigadores dicen que ya no podrán ir a recoger ni la correspondencia, si para hacer eso va a hacer falta permiso presidencial y la mitad de dinero para cruzar la frontera, como hacían habitualmente.
