Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de administración de la empresa Altos Hornos de México, está detenido. La Policía Española lo capturó este 28 de mayo en Mallorca, España, pero el caso se remonta años atrás. Tiene como detonante una planta en Coatzacoalcos, Veracruz, e involucra a la empresa brasileña Odebrecht, señalada por hacer sobornos millonarios en varios países de América Latina.
La historia parte de la decisión de Pemex, en los inicios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2014), de comprar a Altos Hornos de México la empresa Agro Nitrogenados, y también adquirir Grupo Fertinal, por un monto de 11 mil millones de pesos.
En ese momento la petrolera, bajo la dirección de Emilio Lozoya -quien antes de dirigir Pemex formó parte del equipo de campaña de Peña Nieto-, justificó la compra de ambas empresas vendiendo la idea de que ayudarían a reactivar la industria nacional de fertilizantes.
Lo anterior, aunque voces en el sector habían advertido que era un negocio sin muchas expectativas de éxito, con sobreproducción en el mercado internacional y que se movía a precios bajos.
Con el paso del tiempo investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que esas adquisiciones habían sido un fiasco. Y no solo eso, sino que además la compra de Agro Nitrogenados era parte de un tinglado de transferencia de recursos a empresas offshore, utilizadas por Odebrecht para su esquema de sobornos.
Agro Nitrogenados era una planta “chatarra”, que tenía 14 años sin operar, y aún así Pemex le destinó unos 475 millones de dólares, para comprar los activos y rehabilitarla. Un “pésimo negocio”, según especialistas.
En enero de 2017, Animal Político reportó que sólo en el periodo enero-septiembre del año previo la unidad de negocios de Pemex Fertilizantes había registrado una pérdida de 334 millones 288 mil pesos.
En total las pérdidas de Pemex Fertilizantes, en 2016, fueron 2,800% superiores a las del año anterior. Además, la producción de fertilizantes no aumentó, sino al contrario, se redujo 4% de 2014 a 2016.
Ya en 2018, la Auditoría Superior de la Federación, en su análisis de la cuenta pública, confirmó que la iniciativa de Pemex para “reactivar” la industria nacional de fertilizantes había resultado un fracaso.
Pemex adquirió un negocio que no era rentable, “en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado”, concluyó la ASF.
A la postre una investigación de Quinto Elemento Lab mostró los vínculos de esta compra con el caso de Odebrecht, que mientras en otros países había cimbrado a la clase política, en México parecía no tener consecuencias, de cara a la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Quinto Elemento Lab, un mes después de que Pemex compró Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, esta última transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company.
Grangemouth Trading Company, detalló el reportaje, es una firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la que se distribuyeron millones de dólares para sobornar a políticos de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones, entre ellos México.
De las cuentas de Grangemouth, refirió Quinto Elemento Lab, a su vez fueron transferidos 5 millones de dólares a Zecapan SA, otra offshore donde presuntamente se depositaron sobornos a Lozoya, de acuerdo con los testimonios ante la justicia brasileña de tres exaltos ejecutivos de Odebrecht.
Con estos antecedentes, Lozoya fue citado a declarar por la PGR en 2018, y desde entonces ha estado involucrado en un proceso judicial, que continuó ya con el nuevo gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, y que también tuvo ya repercusiones respecto a Altos Hornos de México.
El pasado 27 de mayo, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, enfocada en prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, congeló cuentas bancarias, tanto de Lozoya -inhabilitado como funcionario público por un periodo de 10 años- como de la empresa Altos Hornos de México.
“Lo anterior toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción”, indicó Hacienda.
Y un día después, se confirmó que Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México, había sido detenido por la Policía Nacional de España en Mallorca. En el caso de Lozoya, hay una orden de aprehensión en su contra. Ahora está prófugo.
Si bien López Obrador, en el inicio de su gobierno, dijo que buscaría hacer un borrón y cuenta nueva, y que no habría una persecución contra políticos del pasado, de concretarse la detención de Lozoya sería el exfuncionario de más alto rango del gobierno de Enrique Peña Nieto en ser capturado para enfrentar la justicia.
En cuanto a Altos Hornos de México y su propietario, Alonso Ancira Elizondo, queda por aclararse el caso de Agro Nitrogenados, a cuya tesorería fueron a parar al menos 275 millones de pesos, cuando fue adquirida por Pemex, en un mal negocio para el país.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la detención del empresario fue resultado de una denuncia presentada el 5 de marzo, por la Apoderada Legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), con motivo de una serie de delitos que motivaron “un grave daño patrimonial” a esa empresa del Estado.
“En este momento se encuentran diversas órdenes de aprehensión en ejecución, como resultado de más de dos meses de diversas diligencias”, apuntó la Fiscalía.
Ancira Elizondo, detalló un reporte de Notimex, tiene 67 años, es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con un doctorado honoris causa por la University of The Incarnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas.
Ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. En 1991 se convirtió en director general de Altos Hornos, y desde 2016 es presidente de dicha siderúrgica, la principal de México.
En un comunicado, la empresa dijo desconocer de qué se acusa a su presidente. Las acciones en su contra, aseguró, son “ilegales y arbitrarias, dado que no ha habido una actuación dolosa por parte de la Compañía o de su Presidente, ni en momento alguno se ha requerido por parte de una autoridad aclarar algún acto financiero”.