13 años de impunidad en Atenco: víctimas exigen castigo, no quieren disculpa pública
A 13 años del operativo policiaco en Atenco, Estado de México, en el que policías cometieron graves violaciones a derechos humanos y actos de tortura sexual contra manifestantes, las víctimas denuncian que, a pesar de que hay una sentencia de un tribunal internacional, en México el caso continúa en la “total impunidad”.
De acuerdo con el Centro Pro de Derechos Humanos, que acompaña el caso, más de una década después, no hay ni un elemento policiaco, ni ningún integrante de la cadena de mando, que enfrente una condena en prisión por uno de los episodios de violencia policial y de tortura más emblemáticos en la historia moderna de México.
Por ahora, la justicia solo ha llegado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado mes de diciembre anunció una sentencia en la que declara responsable al Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra 11 mujeres que denunciaron haber sufrido detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, y falta de acceso a la justicia.
En la sentencia, además, se obliga al Estado mexicano a implementar medidas de reparación del daño, y de no repetición de casos de tortura por parte de las policías y de las fuerzas armadas.
Cuando este viernes se cumplen 13 años del caso, las víctimas narran en entrevista con Animal Político cómo el operativo, y, sobre todo, el traslado posterior a prisión, donde los policías las amenazaron con “quemarlas vivas”, las marcó para el resto de sus vidas.
“A nosotras no nos interesa una disculpa pública simbólica del Gobierno. Lo que queremos es justicia, castigo para los culpables. Porque, así, otras luchadoras que vengan detrás de nosotras, tendrán la garantía de que no les sucederá lo mismo que a nosotras hace 13 años”, aseguran.
13 años después, sigue el miedo
Cristina Sánchez viste una blusa de color azul marino que reza California Happiness.
Pero su rostro, las bolsas que se acumulan debajo de los ojos, y hasta su forma de hablar y de gesticular, no transmiten ni un poco de esa felicidad que “grita” su vestimenta.
Más bien, comenta la mujer, una de las 11 que la Corte Interamericana reconoció como víctima en el caso, su vida no ha vuelto a conocer la felicidad como antes de aquel operativo, donde más de 2 mil 500 elementos, entre federales, estatales, municipales, y policía militar, trataron de impedir violentamente la instalación de los floricultores en el mercado, desatando una batalla campal con los vecinos de Atenco y Texcoco.
-Ha pasado ya tiempo -murmura Cristina con voz queda, que hace una pausa-. Pero cuando voy por la calle y veo a un policía, todavía se me acelera el corazón.
Cristina está sentada en un sofá, en una enorme sala de conferencias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), que acompaña legalmente el caso Atenco, junto a sus compañeras de lucha Yolanda Muñoz, Italia Méndez y Ana María Velasco.
Todas, cuando se les pregunta si esperaban la represión de la policía aquel día, se mueven incómodas sobre el sofá, y narran historias muy similares de las secuelas físicas y psicológicas -diabetes en unas, hipertensión en otras, depresión en todas- que les dejaron las agresiones.
-El recuerdo aún nos quema la piel -dice Italia Méndez, para tratar de explicar lo difícil que es para su compañera Cristina, y para el resto, mirar atrás en el tiempo.
Tras la sentencia de Italia, Cristina respira hondo.
-Yo nunca fui una persona peligrosa, como para que la policía me pusiera una pistola en la cabeza -se arranca la mujer, y ladea la mirada hacia el haz de luz que entra por un ventanal con vistas al patio, donde una indígena jalonea a un soldado de mandíbula afilada sobre un mural pintado en una larga pared.
-Ninguna somos personas violentas, ni amenazantes, para que tantos policías llegaran a golpearnos, a patearnos, a abrirnos la cabeza con toletes. Fue algo que nos pilló por sorpresa.
Yolanda Muñoz, por su parte, recuerda que, además de las agresiones del operativo, lo peor fue el traslado de cinco horas hasta el reclusorio, donde, según la sentencia de la Corte Interamericana, hubo “tocamientos, manoseos, pellizcos, golpes en partes íntimas, como senos, genitales y boca”, y “desnudos forzados”.
-El trayecto a la cárcel fue el horror -dice con los ojos muy abiertos y remarcando la palabra horror, mientras sus compañeras la escuchan y asienten en silencio.
-Sinceramente, pensábamos que ya no saldríamos vivas. Los policías gritaban que nos iban a quemar vivas, y que en la cárcel nos esperaba una “bienvenida” que no olvidaríamos -agrega la mujer, haciendo referencia a las agresiones y torturas sexuales de las que fueron víctimas-.
“Nos decían mentirosas”
Más tarde, cuando pasaron los golpes, patadas, agresiones sexuales y un macabro largo etcétera, llegó la segunda parte del horror: la revictimización y la falta de acceso a la justicia.
-Desde un inicio, cuando fuimos a denunciar todo lo sucedido, las autoridades en México nos atendieron muy mal -recalca Cristina-. Nos decían que éramos unas mentirosas, que nosotras mismas nos habíamos golpeado, y que los moretones nos lo hicieron nuestros maridos. Se dedicaron, durante años, a hundirnos la moral.
En definitiva, tercia Yolanda, acceder a la justicia en México para ellas “ha sido imposible”.
Y prueba de ello, apunta ahora Stephanie Brewer, abogada del Centro Pro, es que, a 13 años de los hechos, “el caso sigue en la impunidad total”.
-Hubo un par de procesos judiciales muy al inicio -recuerda la abogada-. Pero fueron muy mal construidos (por la entonces Procuraduría General de la República) y quedaron en la impunidad. Luego, la Suprema Corte de Justicia, cuando tenía la facultad para investigar delitos graves, hizo una investigación del caso, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación. Pero, a día de hoy, no hay ninguna sanción para los responsables de los actos de tortura, ni para toda la cadena de mando.
Por eso, explica Brewer, la Corte Interamericana expone en su sentencia del caso Atenco en contra del Estado mexicano, que ésta no solo es por las agresiones y las torturas sexuales en contra de las mujeres, sino también por la denegación de la justicia.
La Corte determinó que no se investigó, juzgó y sancionó a todas las personas responsables del operativo, tanto a nivel material como intelectual. Por lo que ordenó al Estado mexicano a que realice una investigación a fondo de los hechos con perspectiva de género, y que incluya todas las formas de responsabilidad a nivel federal y estatal.
Además, expone Stephanie Brewer, entre los puntos de la sentencia que la Corte obliga a México a cumplir, puesto que es una sentencia vinculante, hay medidas para la no repetición de los hechos, que establecen la creación de un Observatorio Independiente de Supervisión Externa para vigilar el funcionamiento de la Policía Federal y de la Policía del Edomex.
Esta medida retoma una propuesta de la sociedad civil, para que exista en el país una supervisión externa e independiente, para no dejar en manos de las unidades internas de la policía la vigilancia y el combate a asuntos como el uso excesivo de la fuerza púbica, y la tortura.
Mientras que otras de las medidas, agrega la abogada del Centro Pro, es fortalecer el trabajo, la estructura, e infraestructura, del mecanismo gubernamental, que ya existe, para combatir la tortura sexual en contra de mujeres, el cual coordina la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
-Llegar a la Corte Interamericana y que emitiera una sentencia a nuestro favor fue un triunfo -enfatiza Cristina Sánchez-. Porque sembramos un antecedente para que no se vuelva a repetir lo que sucedió en Atenco hace 13 años.
Disculpas sí, pero con castigo
No obstante, a pesar del hito histórico que supuso la sentencia de la Corte Interamericana, lo cierto es que ahora el Estado mexicano tiene un plazo de hasta dos años para ir implementando y cumpliendo con las medidas. Y, por ahora, ninguna de las dos expuestas por la abogada del Centro Pro, han sido incluidas en la nueva Ley que crea la Guardia Nacional.
Aunque para la abogada, que señala que el pasado 4 de abril ya mantuvieron una primera reunión interinstitucional con la Secretaría de Gobernación, las víctimas, y la sociedad civil, aún hay tiempo para incluir estas medidas de la sentencia en las leyes secundarias de la Guardia.
-El nuevo gobierno tiene una gran oportunidad de mostrar que, más allá de las palabras, quiere realmente instalar estos controles adecuados para que, en casos de abusos y torturas por parte de la policía, haya consecuencias reales y ya no se genere la impunidad que, a 13 años, lleva todavía a estas mujeres a seguir buscando justicia -apunta por su parte Sofía de Robina, abogada del área internacional del Centro Prodh.
Mientras tanto, las mujeres lo tienen claro: no se conformarán solo con actos públicos de disculpa.
-Yo tengo una natural desconfianza hacia el Estado mexicano -admite Italia con una breve sonrisa-. No me importa quién esté, porque nuestra experiencia con Felipe Calderón y Peña Nieto fue frustrante y revictimizante.
-Ahora -añade-, el nuevo gobierno dice que tiene la consigna de cumplir cabalmente con la sentencia. Y nuestra postura es que no nos vamos a conformar con menos de lo que incluye la sentencia.
-Es decir -concluye, categórica-. Para nosotras, la parte simbólica del perdón del Estado, solo es posible si está vinculada directamente al acceso a la justicia y a que los responsables paguen por lo sucedido hace 13 años en Atenco.
