Habitantes de Xochimilco denuncian omisión del gobierno de CDMX ante despojo violento
Los 14 pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco mantienen una pelea desde hace más de 20 años contra invasores que se han apropiado de sus tierras con armas y amenazas. La batalla ha sido judicial, ante Derechos Humanos y en diversas instancias de gobierno, donde incluso han obtenido fallos a su favor. Sin embargo, ninguna resolución se ha ejecutado, por lo que los habitantes de esa demarcación del sur de la Ciudad de México recurren a lo único que tienen: la unión vecinal.
Uno de los más recientes intentos de estos pobladores por rescatar su territorio -considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987- fue acercarse a la nueva jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, después de que ganó la elección en julio de 2018. Según los representantes de dichos pueblos, ella los visitó y les explicó por qué más de cinco mil familias se han apropiado con violencia de terrenos que, además de no ser suyos, no deben tener uso habitacional. “Lo hacen porque tienen necesidad de vivienda”, aseguran que les dijo Sheinbaum en su visita.
El abogado de los pueblos, Miguel Ángel Elizalde, asegura que más de mil viviendas han sido construidas sobre suelo de conservación en los últimos dos años, “y no se puede alegar pobreza porque ya están terminadas, construir no es barato”, replicó.
Tras una conferencia en la que expusieron su caso, los representantes de Xochimilco relataron a Animal Político la desgracia que cayó sobre su demarcación en las últimas seis administraciones, durante las cuales la lucha por el poder político ha despojado a decenas de familias de su patrimonio y ha estropeado el ecosistema.
“En esta zona se han venido a asentar grupos muy violentos de fraccionadores clandestinos aliados con el poder público y todos cuentan con armamento: Antorcha Popular, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Estos grupos han contado con protección total de los gobiernos de Juan González Romero, Faustino Soto Ramos, Uriel González Monzón, Manuel González, Avelino Méndez Rangel y al actual alcalde, Juan Carlos Acosta”, puntualizó el representante legal.
De acuerdo con el relato conjunto de siete habitantes que expusieron su caso, estos grupos son pagados por la misma delegación para instalarse en terrenos “de labor”, es decir, que no están habitados sino que se usan para siembra, principalmente. Si encuentran resistencia, amenazan con armas y con golpeadores que se enfrentan hasta con personas mayores.
Si logran asustar al dueño y se va, simplemente se quedan con el terreno, y aunque él regrese con documentos a intentar reclamar su tierra, los invasores muestran otros apócrifos y empieza un litigio que puede llevar años para comprobar la propiedad del predio. Todo esto lo promueven las autoridades, según los pobladores originarios, a cambio de apoyo político para mantenerse en el poder.
“Los originarios vivimos en el Casco del pueblo y las tierras de labor están en la periferia. Llegan con un montón de tiliches, con personas de la tercera edad y niños para que llegue derechos humanos e impida tocarlos. Se instalan casuchas, el cabecilla les da 10 mil pesos y ahí te quedas. Te avisan que están invadiendo tu terreno, te encañonan y te vas. Levantas un acta pero los dos tienen papeles, ¿cuál servirá? Te vas a procesos muy largos, donde tú que eres pobre, no tienes para pagar un abogado. Las personas se mueren y no recuperan su terreno”, relata Elvia Solares, integrante del Colectivo Santa María Nativitas Zacapan.
Según el abogado Elizalde, por lo menos el 60% de las 12 mil 500 hectáreas que comprende el territorio de la demarcación ha sufrido daños por invasiones. Asegura que en 1997 había 179 asentamientos irregulares en toda la demarcación, actualmente esa cifra ya creció a 700 y hay más de tres mil 660 hectáreas en litigio ante las procuradurías Ambiental, General de Justicia y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
En todos los casos hay elementos para ganar -algunos ya los han ganado- pero no se pueden ejecutar las sentencias porque la autoridad alega que existe “una imposibilidad de carácter material” para darles cumplimiento. En muchos otros casos, el propietario es un habitante originario cuyo predio fue heredado por sus ancestros a través de un documento emitido bajo los usos y costumbres del pueblo, que acredita la propiedad pero no está a nombre del heredero, lo que causa que los judiciales que acuden al domicilio no lo reconozcan como propietario.
Inclusive a algunos de los que han interpuesto recursos legales, les ha salido el tiro por la culata. La familia de Jorge Corrales, también integrante del Colectivo Santa María Nativitas, ha sufrido invasiones violentas en las que los golpeadores han llegado a pedirle a su hijo “calma a tu papá o yo sí me lo chingo”, cuando el señor intentó defender sus terrenos. La invasión acabó en litigio y, aunque el fallo le favoreció, él otorgó el perdón a los invasores, quienes después interpusieron otra demanda contra él.
Existen dos sentencias que obligan a los gobiernos de la Ciudad y de Xochimilco a resolver esta problemática: una del Juzgado Primero de Distrito con fecha 28 de abril de 2014, que ordena la reubicación de 137 asentamientos humanos irregulares fuera de la demarcación, así como la demolición de 23 mil viviendas y la restauración ambiental de suelos. La segunda fue dictada en el Juzgado Décimocuarto de Distrito de octubre 2017, que ordena la restauración integral de suelos.
“Entre estas dos sentencias no se ha dado una sola acción de gobierno tendiente a ejecutar los procedimientos”, lamenta el abogado Elizalde. Además, la Comisión de Derechos Humanos del -entonces- Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 19/2012 por violaciones al derecho a un medio ambiente sano, derivadas del establecimiento de asentamientos humanos irregulares en el Área Natural Protegida ‘Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco’.
Las recomendaciones han sido ignoradas por las autoridades hasta ahora, advierten los xochimilquenses, igual que las 31 resoluciones que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad publicó de 2003 a 2010. Una de ellas fue admitida por la doctora Claudia Sheinbaum en 2003, siendo entonces Secretaria de Medio Ambiente capitalina. La resolución le ordenaba retirar los asentamientos humanos irregulares de la zona chinampera frente al barrio 18, así como sanear el suelo.
El área conocida como Ciénaga Chica, reza la resolución de la PAOT, está considerada por la Ley de Desarrollo Urbano como parte del suelo de conservación; por el Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Xochimilco con uso de Preservación Ecológica y por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal con uso Agroecológico Especial, “por lo que los asentamientos humanos irregulares ahí instalados contravienen dichos ordenamientos jurídicos”.
Además, la procuraduría acreditó que los asentamientos humanos irregulares que se han ido estableciendo en la zona obtienen servicios de energía eléctrica y agua potable mediante tomas clandestinas, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano.
“Sheinbaum la aceptó pero no la ejecutó, la dejaron crecer. De 100 familias que tenían que sacar en ese momento ya son más de cinco mil y sigue entrando gente”, indicó Elizalde. Por ello, hoy que la funcionaria es jefa de Gobierno, los pobladores originarios de Xochimilco exigen que las sentencias, recomendaciones y ordenamientos ya existentes, simplemente se cumplan. Mientras tanto, defienden sus propias tierras y las de sus vecinos cuando algún extraño llega a invadirlas, pues saben que la policía no va a defenderlos.
