Universidades de AMLO buscan captar 21% de egresados de bachillerato, pero no se sabe cómo lo lograrán
La Secretaría de Educación Pública (SEP) promete que a través del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, 21% de los egresados de bachillerato ingresarán a uno de los 100 nuevos planteles como meta para 2019.
Sin embargo, aún no se sabe cómo lo logrará, toda vez que la dependencia aún está haciendo los Lineamientos de Operación, pese a que desde febrero inició el registro para maestros y alumnos y en marzo comenzó la operación de algunos planteles.
Esto forma parte de la información entregada a Animal Político vía transparencia como parte del recurso de revisión con folio 68719, luego de que la dependencia dijo que no tenía el calendario del gasto ni programación del destino de los mil millones de pesos etiquetados para este programa.
En los alegatos del recurso de revisión que aceptó el INAI, la SEP entregó el calendario presupuestal según el cual en marzo se entregaron 182 millones de pesos, en abril y mayo se destinarán 91 millones, respectivamente; en junio, 120 millones; de julio a noviembre, 91 millones de pesos en cada mes y diciembre, 61 millones de pesos.
También la planeación fiscal referente a los “Objetivos, indicadores y metas para resultados de los programas presupuestarios”, de la Secretaría de Hacienda, el cual establece que el programa tiene como meta anual incluir a 21.3% de jóvenes con bachillerato terminado.
“Prioritariamente procedentes de municipios de alta y muy alta marginación que no tienen posibilidades de ingresar a las instituciones de educación superior actualmente accedan a los servicios de las universidades Benito Juárez”.
Además, prevé que 39% de los jóvenes en edad de estudiar la universidad (de 18 a 22 años) se inscriba a este programa en 2019. También que al finalizar el año estén en operación los 100 planteles en los municipios de alta y muy alta marginación del país.
Lo que la dependencia no explica es el proceso de entrega de recursos al Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina (Crefal), un organismo internacional que será el encargado de operar el programa.
Sin lineamientos
En febrero pasado, cuando se hizo la solicitud de transparencia, la SEP argumentó que no tenía la información. Después de interponer el recurso de revisión, la dependencia entregó un proyecto de lineamientos del programa con fecha del 8 de marzo, pese a que desde febrero inició inscripciones de alumnos y capacitación a maestros.
Advierte que no lo hace público porque “el documento sólo es un proyecto que fue circulado para ser analizado por las distintas unidades de la Secretaría, pero por ninguna razón puede considerarse definitivo, puesto que solo se trata de un proyecto el cual aún no está aprobado ni firmado por los servidores públicos competentes”.
En dicha propuesta de lineamientos, se establece que la Subsecretaría de Educación Pública, donde están etiquetados los recursos, “podrá establecer la colaboración a que haya lugar conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y el instrumento que para esos propósitos se formalice, con instancias y organizaciones nacionales o internacionales, cuyas capacidades institucionales permitan optimizar y agilizar la operación del programa”.
Esto es parte de lo que Raquel Sosa, coordinadora del programa, explicó en entrevista con Animal Político en marzo pasado, que la SEP trabajaba en un mecanismo jurídico que permitiera al Crefal recibir y operar los recursos, toda vez que se trata de un organismo internacional ajeno a la administración Pública.
Pero hasta el momento no se ha hecho público que dicho acuerdo se haya concretado legalmente, pese a que desde diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el programa.
Los lineamientos de operación deberán ser firmados por el subsecretario de Educación, Luciano Concheiro, y prevén que el presupuesto sea gastado en siete aspectos, pero en ninguno se menciona lo que debe invertirse para construir los nuevos planteles, ni el pago de nómina, ni insumos.
Sólo se habla de “diseñar el marco conceptual conforme al que operarán los planteles; elaborar el modelo operativo, jurídico, funcional y financiero; elaborar los estudios de factibilidad sobre la instalación de los planteles; diseñar los planes y programas de estudio; determinar el profesiograma y revisar los perfiles docentes; analizar la pertinencia y viabilidad tanto física como jurídica que deberán cumplir los terrenos en los que construirán los planteles; diseñar los mecanismos y normas de control escolar y realizar el análisis y la definición de los mecanismos de ingreso a los planteles”.
También se establece que la SEP “es la instancia encargada de normar la ejecución de las acciones derivadas y será competente para resolver cualquier situación no prevista en los criterios”.
Sin embargo, la SEP se encuentra al margen de la operación del programa, porque toda la responsabilidad ha recaído en Raque Sosa, coordinadora nombrada por el Presidente.
Incluso, en la página de internet de la SEP no hay información respecto a las Universidades, sólo se encuentra en la página del Crefal y sin mencionar a la dependencia.
